Esto hay que decirlo con es, la población Española está pasando no necesidad sino por unos grabes problemas económicos ante la pasividad del estado y usar nuestros recursos inadecuadamente, despilfarrando.

Hay familias que antes eran de clase media que tienen que comer de beneficencia y se ven en aprietos para mantener a sus miembros para dar a sus miembros la minina calidad de vida, muchos están optado por la emigración, pero otros que no tienen nada están esperado un cambio, rezando el rosario y maldiciendo a los políticos.

Está claro que como esto no cambie el pueblo saldrá a la calle a pedir pacíficamente los derechos  que le amparan y las responsabilidades de los que nos han dejado en este estado.

Si estos siguen en esta línea es posible que el pueblo decida y constituya e instaurara la Democracia Real Ya pues el pueblo va ha decidir, no los políticos van a decidir el futuro del pueblo.

INDIGNACION SOCIAL

El sistema económico asoma su auténtico rostro y muestra su extrema crueldad, además de la insensibilidad de los políticos colocados por los poderes fácticos, cuando el 25% de los niños españoles menores de 16 años sufre malnutrición, según fuentes de Europa Press, porque muchas familias no puedan comprar carne, pescado y fruta para alimentar a los más pequeños, mientras en los Presupuestos Generales del Estado de 2011, prorrogados para el 2012, se contemplan casi 13 millones de euros para cenas y comidas en restaurantes de altos cargos y obsequios a diferentes personajes del mundo de la política nacional e internacional; 12,875 millones de euros para agasajar a invitados de los responsables del Estado, incluidos los ministros.

Alrededor de 40 millones en salarios de ejecutivos gubernamentales, 14,6 millones para altos cargos del Ministerio de Justicia; 702,6 millones como “incentivos al rendimiento”, que incluye horas extras, gratificaciones para completar las nóminas de una élite de empleados públicos, de los cuales la mayor proporción corresponde a las carteras de Interior y de Defensa de 391,8 y 158,3 millones, respectivamente; 8.434 millones a la Casa Real, sin contar las partidas departamentales de las que se beneficia.

Y, mientras se contraen deudas millonarias para futuros programas militares -24.000 millones-, muchas familias no pueden proporcionar una dieta equilibrada a sus hijos. Sin ir más lejos, en Canarias el 40 por ciento de los niños se encuentran en situación de riesgo de pobreza, según el primer estudio ‘Infancia en España 2010-2011′, presentado por Unicef.

En dicho informe, se pone de manifiesto los primeros indicios que anticipan un “preocupante impacto” de la crisis económica sobre la infancia española. España ocupa, junto a Grecia, el último lugar de la UE en el gasto público en familia e infancia, con un 0,7 por ciento del PIB, muy por debajo de la media de la UE: un 2,3 por ciento. Ser un niño pobre en España no parece ser una prioridad para esos que, ahora, después de seguir los dictados de “los mercados”, nos vienen a pedir el voto.

http://www.laprovincia.es/opinion/2011/10/21/pobreza-infantil-espana/409541.html

Miles de familias a consecuencia del paro y de de la mala gestión de los recursos sociales se encuentran en situación de pobreza extrema.

Más o menos como los emigrantes que vienen a nuestro país en patera, pero con el agravante de una deuda hipotecaria, que aun con trabajo  nunca podrán pagar, siendo morosos perpetuos.

Les han estafado, les han robado y encima son morosos. Los bancos estaban embragando y se quedaban la vivienda al 50% de su valor más 2 € y la están vendiendo un 30% mínimo más cara o más.

Si en España hubiera democracia real y justicia social no se permitiría vender a las entidades financieras  pisos de familias desalojadas a ese precio ni devaluar las viviendas para el embargo.

Ahora está  anunciando en PSOE que hay que poner en marcha la dación de pago pero no hablan de alojar a las miles de familias que están malviviendo en la calle.

En España se han dado ayudas a todo el mundo que ha venido y se han hecho llamamientos masivos con papeles para todos y ahora que necesitan muchas familias se nos  cruzan de brazos la clase política, vuelven suecos y miran a otro lado.

Realmente no les importan nada más que los votos para gobernar y seguir haciendo lo mismo de lo mismo.

Esto es lo que se creen en que en esta legislatura van a hacer, pero esto se les ha acabado ya

L a injusticia social que está sufriendo el pueblo y sus hijos está indignada y son muchos los que reclaman Democracia Real ya.

Por un lado tenemos que la administración, DGAIA, es muy rigurosa e injusta con los adoptantes; y muy poco con las fundaciones que gestionan los centros de protección y centros de discapacitados psíquicos.

Tanto Save The Children, como otras asociaciones destacan que en los antiguos orfanatos, 4 de cada 5 niños no son huérfanos. Por tanto, es mucho mejor ayudar a las familias en origen y devolver esos niños con sus padres biológicos. En caso de que haya negligencia o incapacidad la adopción, o el acogimiento simple es la mejor opción.

A la administración le cuesta entre 4000 euros y 15000 euros tener un menor desamparado en un centro. Por otro lado, en esas fundaciones los educadores son mileuristas; y los directores no tienen la mínima noción de derecho del menor ni del ámbito legal en el que se mueven. Ni falta que les hace…….

http://www.centrosdemenores.com/?El-doble-rasero-de-los-servicios#forum230 otc where can i buy prescription drugs without a prescription cialis

http://www.centrosdemenores.com/?Miguel-muerto-a-los-17-anos-en-el

Decálogo sobre la prevención del maltrato institucional a la infancia y adolescencia.

cialis soft tabs online class=”alignleft size-full wp-image-1012″ title=”decalogo_80″ src=”http://anprodefa.org/wp-content/uploads/2010/03/decalogo_80.jpg” alt=”" width=”80″ height=”102″ />

http://www.avaim.org/pdf/decalogo.pdf prescription drugs without

A Maria, la madre de una niña tutelada en Tenerife le han comunicado que su hija hace 6 días que esta desaparecida.

Maria ha pedido información buy order prescription drugs tadalafil cialis a la policía, parece ser que como esta tutelada no  se la han facilitado, siendo su madre biológica.

Desde ANPRODEFA deseamos que esto se resuelva de la manera mas positiva y te damos nuestro máximo apoyo Maria.

Maria mañana te llamaran unos medios informativos, muy importantes con los que hoy hemos estado reunidos la directiva de A.N.PRO.DE.FA

Completamente de acuerdo con lo que dices.Por propia experiencia,madre acusada de DESAMPARO,palabra grande en oidos de personas que no conocen los medios que existen en el “Sistema”,para reinsertar a supuestamente hijos de unos padres que han sido desconsiderados con sus hijos. Me encantan como se hacen llamar,al menos en la isla en la que vivo,Tenerife: Dirección de Protección al Menor y la Familia. Creeme que,jamás he dejado a mi hija en desamparo,lo puedo demostrar sobradamente,documentalmente y con testigos.Pero una fiscal, decidió,quitarme la tutela por encontrarme en un estado nervioso,eso le manifestó a mi hija.Es la segunda vez que lo hacen.La primera fue porque mi hija acusó a mi compañero de agresión.Toda la agresión consistió,en que mi pareja,intentó separar a mi hija de una pelea que tuvo con su hermana. Después de ser valorada por esos fantásticos técnicos,porque se me presentaron como grandes profesionales con una gran experiencia,decidieron,la primera vez devolverme a mi hija después de que acudí con un abogado. Esta segunda vez,de nuevo lo han vuelto a hacer porque mi hija se fué de casa,y a pesar de acudir personalmente a “fiscalía de menores” a denunciar el hecho,esta gran profesional,llamada fiscal,decidió nuevamente quitarme la tutela. Pero,resultó que mi hija no duró ni veinticuatro horas medicament cialis en este centro y se volvió a fugar.Me pregunto,en estos casos,quien le quita la tutela a estos centros cuando pasan hechos iguales que los que el menor ha hecho en su entorno familiar. Nuevamente tengo que ser valorada por estos mágnificos profesionales,porque como me dijo la trabajadora que me tocó,esto es así y así tiene que ser si quiere recuperar a su hija. Me resulta bastante impactante,como todo un organismo,que medications online lleva en su nombre la palabra “PROTECCIÓN”,que está amparado por la llamada “CONSTITUCIÓN”,tenga todo los medios posibles,para quitarle hijos a familias,que en la mayoría de los casos,somos familias monoparenterales,con escasos recursos económicos,y muchos con una educación,menos que mínima,a sus propias estadisticas hago referencias.Mi comunidad autónoma,volviendo a sus estadísticas,es una de las que mayor DESAMPARO existe,¿por qué será? Y otro detalle que si me he dado cuenta por mi experiencia,todas las comunicaciones que conmigo han tenido,han sido telefónicamente,¿temen escribir,lo que ellos en su buena labor,amparado por todos los derechos que tanto la administración como los padres se sobreentiende tenemos? Cuando,solicité,que se grabara todas las comunicaciones que yo,personalmente iba a tener con ellos,su respuesta fué,si ellos accedían QUE NO ERA CERTEZA,yo anteriormente,tendría que firmar autorizaciones,para ellos a su vez pudieran grabarme con cámaras,con diferentes fines,entre ellos el de ser utilizado por todos los entes que ellos consideraran oportunos,además,añadir que tendría que firmar otra autorización,para que ellos pudiesen tener acceso a toda la información,legal o medica de mi persona.TODO ESTO DE QUE HABLO PUEDO DEMOSTRARLO. Y si te doy la razón,la primera vez y antes de que mi hija ingrasara en este centro,me rompí el culo buscando ayuda y acudí a ellos,que,ni caso me hicieron,no pase de seguridad. Después de cinco meses de permanencia en el centro que parece ser iba a ayudar a mi hija,me devolvieron a un monstruo,que apenas podía hablar y es esto lo que la administración me a devuelto y a vuelto a quitarme. Y lo que mi hija vive a diario en este centro lo llaman educación, y yo sin saber que era así como tenía que educarla.Darle de comer,un catre para dormir,como única actividad,ir al instituto,”salida grupal”,salida ndividual”,contenciones si grita y poco más,educadores que pasan de su persona y ser una más entre un colectivo de menores con diferentes problemáticas,que lo mismo un menor esquizofrénico,que una embarazada,que un inmigrante,que un delincuente…que más dá,EDUCACION,llama esta direccion a como tienen recogidos a estos niños. ¿AYUDA?,yo no la he visto por ningún lado,es más,siento que estos profesionales su único trabajo es demostrar que yo he tenido un comportamiento pésimo con mi hija,a mi hija la han intentado convencer de que eso es así,obligándola casi ,a decir que yo la he agredido y la he dejado de asistir,eso es lo que ellos llaman educación. Y a todas estas,hay ONG,ASOCIACIONES,que trabajan para esta direccion o Cabildo que se están llevando un pastón diario por mi hija. ¡Por favor!,que me paguen lo que cobran por mi hija,ya me encargaría de buscar mejores soluciones para ella,ya lo creo,con dinerito….

http://www.centrosdemenores.com/?Testimonio-de-un-educador-Centro#forum406

A pesar de la profunda crisis politica y de su aparente democracia, Guatemala jamas ha disfrutado de los privilegios de un sistema en el cual cada ciudadano tuviera los mismos derechos que los demás: solo un sufragio universal y luego los politicos han tenido que pasar por los tribunales por corrupción, investigados por la DEA, y la fiscalía del país.

Mientras todos estos hechos pasaban en Guatemala, el ministro de cultura de Berger, Enrique Matheu; se asociaba con una ong catalana (Fundación Resilis), investigada por fiscalia.

Foto: Diario Publico. El centro mas garriga de la Plataforma Educativa, Fundación Privada Resilis con vinculos en Guatemala con ministros de Berger

Mientras todos estos hechos pasaban en Guatemala, el ministro de cultura de Berger, Enrique Matheu; se asociaba con una ong catalana (Fundación Resilis), investigada por fiscalia.

el domingo 4 de abril »

O’BELÉN // CENTROS DE ACOGIDA CON RÉGIMEN SEMICARCELARIO

Menores y familias sufren los abusos de la Administración

Pese a las denuncias de las familias, se siguen produciendo casos en que la Administración retira la tutela de un menor a sus padres sin razones o causas objetivas. Tras estas actuaciones se vislumbran los intereses económicos de unos centros de menores gestionados por entidades privadas. Entre ellos destaca, por su régimen semicarcelario, el centro Valle de Cayón, de la Fundación O’Belén.

Según el informe elaborado en junio de 2009 por el Observatorio de Infancia –órgano técnico dependiente de la Consejería de Empleo y Bienestar Social del Gobierno de Cantabria y de la Fundación para la Salud y el Bienestar Social–, existen en Cantabria cerca de 200 menores en acogimiento residencial, guardados o tutelados por la Administración, dentro del sistema de protección.

En el informe citado se analizan los factores que se correlacionan con la desprotección de los menores. Es significativo el elevado número de padres separados y, sobre todo, la precariedad de su situación laboral y económica, pues muchos de ellos no tienen trabajo remunerado. Sin embargo, la Administración no ha puesto en marcha procedimientos y ayudas encaminados a tratar y paliar las causas más objetivas o materiales de las situaciones de desamparo de los menores. Como señalan muchos de los profesionales que trabajan en este campo, si el dinero que se gasta en los centros de menores se invirtiera en trabajar con las familias y en ayudarlas de forma eficaz, es probable que una gran cantidad de situaciones de desamparo familiar nunca llegarían a producirse. Pero es obvio que esto perjudicaría los intereses económicos de la red privada de centros de menores.

En la actualidad hay 22 centros de acogimiento residencial que, a excepción del Centro de Atención a la Infancia y Familia (CAIF) del Gobierno de Cantabria –con 25 plazas–, son gestionados por nueve entidades privadas. Cinco de ellas se reparten la mayor parte de las plazas adjudicadas por los Servicios Sociales: la Fundación Cruz de los Ángeles, la asociación Nueva Vida, la asociación CUIN, la Fundación O’Belén y la asociación Nuevo Futuro. Además, existen en Cantabria entre treinta y cuarenta plazas en centros especializados –también de titularidad o gestión privada– para menores infractores o que han cometido delitos. El presupuesto para todos estos centros, en 2010, alcanza los 4.991.886 euros, cantidad que contrasta con las precarias condiciones laborales de los trabajadores, ’mileuristas’ en su mayoría.

Las denuncias contra O’Belén y el cierre de varios de sus centros no impidieron a los Servicios Sociales inaugurar, en febrero de 2009, un centro de esta Fundación en Argomilla de Cayón. El centro Valle de Cayón está destinado a acoger a menores en desamparo –no es un reformatorio–, pero allí se encuentran también internos ingresados por tráfico de drogas, robos e incluso por agresiones con arma blanca. De hecho, el régimen disciplinario responde más al indicado por la ley para los casos de reforma y las sanciones a faltas muy graves.

Retención de un menor

El caso de MC, una madre que ingresó allí a su hijo voluntariamente en 2009, da buena idea del funcionamiento del centro. MC acudió a los Servicios Sociales para solicitar ayuda, ya que su hijo se negaba a salir de casa y a asistir al colegio, y su relación con ella era problemática. Siguiendo los consejos de los responsables del servicio, lo internó en el centro Valle de Cayón.

Nada más llegar, el chaval fue recluido durante quince días en el módulo de aislamiento, una habitación con rejas con una cama incrustada en el suelo y una mesilla por todo mobiliario, sin siquiera un espejo –que le fue concedido quince días después de solicitarlo–. Durante el aislamiento no se le permitieron llamadas ni visitas de la familia. Después, las conversaciones telefónicas diarias entre madre e hijo fueron sistemáticamente escuchadas por los responsables del centro. A la tercera semana se le permitieron las visitas: una hora, un día a la semana. A los dos meses, una salida semanal de dos horas en compañía de su madre. A los tres meses, se le permitió comer en el domicilio familiar un día a la semana y, poco más tarde, se le empezaron a autorizar salidas de dos días a la semana para pernoctar en su domicilio. Este régimen se aplicó a un menor que no había cometido delito alguno. “Si lo hubiera sabido entonces, nunca habría permitido su internamiento”, precisa la madre.

Más allá del régimen disciplinario o punitivo del centro, llama también la atención la falta de terapias efectivas para tratar los trastornos psicológicos de los internos. En el centro sólo existe una psicóloga, cuya ocupación consiste en escucharlos durante cuarenta minutos semanales. También disponen de una psiquiatra que no está en plantilla –a pesar de que en las memorias aparece como si lo estuviera– y que se limita a supervisar esporádicamente la medicación de los menores. Por otro lado, es común el tratamiento de los menores sin diagnóstico previo, requisito exigible en cualquier intervención psicológica o psiquiátrica.

El funcionamiento del SAIAF

El Servicio de Atención a la Infancia, Adolescencia y Familia (SAIAF), dirigido por Francisco Javier Dávila, es el organismo del Gobierno de Cantabria responsable de velar por el bienestar del menor y de su familia. Sin embargo, su actuación en casos como éste revela un mayor celo en favorecer y proteger los intereses de los centros que los de los menores internados en ellos.

MC cedió temporalmente la custodia de su hijo por indicación de este organismo. A continuación, el SAIAF solicitó al Juzgado autorización para el internamiento del menor sin informar a la madre de las implicaciones del auto. Al parecer, la solicitud de autorización judicial es el procedimiento habitual para el ingreso de los menores en centros ’terapéuticos’, como confirma el Informe del Defensor del Pueblo de febrero de 2009. Pero ¿para qué la intervención judicial cuando la cesión de la custodia es voluntaria? La explicación se encuentra en la Ley de protección de la Infancia y la Adolescencia de Cantabria, que determina que “la guarda asumida mediante solicitud de los padres cesará a petición de los mismos”, cosa que no sucede cuando el internamiento se realiza por auto judicial. En tal caso, los padres ya no pueden recuperar la custodia de forma inmediata si así lo requieren, sino que tendrán que hacerlo por mediación del juez. Esto permite al SAIAF mantener la custodia de los menores incluso contra la voluntad de los padres. De hecho, cuando en noviembre de 2009 la madre quiso recuperar la guarda del menor, la Administración asumió la tutela por el procedimiento de urgencia –que no requiere justificación inmediata– y lo declaró en desamparo, prohibiéndole además visitas y salidas. Ni siquiera en Navidad se las permitieron, a pesar de los requerimientos de la madre, y sólo en enero le autorizaron a salir del centro, con la prohibición expresa de ponerse en contacto con su familia.

A finales del mes, el menor presentó denuncia contra los cuidadores por un incidente que tuvo lugar durante el registro de su habitación. Con la ayuda de su familia, el menor presentó una denuncia en el juzgado de guardia, lo que dio lugar a un auto judicial que dejaba en suspenso su obligación de retornar al centro. Ante la denuncia, el centro, en lugar de iniciar un procedimiento para investigar y aclarar lo sucedido, incoó un expediente contra el menor y lo sancionó. Por su parte, el SAIAF –en teoría la entidad que tutela y protege al chaval – tampoco inició investigación alguna y apoyó sin más la actuación del centro.

En todo este proceso, y desde el momento en que cedió la custodia, la madre se ha visto relegada a un papel secundario e irrelevante, aun cuando no se le ha declarado ninguna incapacidad y se encuentra en pleno ejercicio de sus facultades mentales. MC está indignada con la actuación de los Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria y advierte: “Que no se le ocurra a nadie acudir a ellos sin estar previamente asesorados sobre los pasos que van a dar, a no ser que quieran perder a sus hijos y destrozar sus familias y sus vidas”.

Un rosario de denuncias

Los centros de la Fundación O´Belén, han sido denunciados por aplicar métodos como la medicación forzosa, el uso abusivo del aislamiento, la violación del derecho a la intimidad, tratos vejatorios o la violencia física contra los internos. El informe de Amnistía Internacional de 2009 menciona casos de menores que han permanecido atados a una silla durante dos o tres días seguidos o, más frecuentemente, que han quedado sin apenas visión ni habla tras administrárseles pastillas. Todas estas denuncias provocaron la clausura de tres de sus centros, en Guadalajara, Cuenca y Madrid.

HOLA, SOMOS JUAN CARLOS Y ISABEL NECESITAMOS, AYUDA, NOS AMENAZAN, CON DAR A NUESTRA HIJA EN ADOPCION POR INCAPACIDAD PARENTAL, CREO QUE FUERON ESAS PALABRAS, NO COMPRENDEMOS, SU SIGNIFICADO,  DESPUES DE CRIAR A, TU HIJA, SE DESPACHAN CON, INCAPACIDAD, COMO PUEDEN ALEGAR ESOS MOTIVOS CUANDO, EN LA RESOLUCION ERAN OTROS MOTIVOS ABSENTISMO ESCOLAR, INCAPACIDAD PARA LLEVAR, AL MEDICO ALA NIÑA, IR AL COLEGIO SUCIA, O ROPA INADECUADA, NOS LLEGARON, ACUSAR QUE LLEVAR A LA NIÑA AL COLEGIO SIN DESAYUNAR, CUANDO SIENPRE LLEVO SU, ALMUERZO EN LA MOCHILA, TIENEN EN SU PODER, INFORMES DE LA DIRECTORA DE CENTRO SAN VICENTE DE PAUL, POR CIERTO ES UN COLEGIO RELIGIOSO, DE QUE MI HIJA ASISTIA CON ASIDUEDAD AL COLEGIO, COMIENDO EN EL MISMO, SI FALTO ALGUN DIA FUE POR MOTIVOS, POR QUE, SI FALTA TIENE QUE LLEVAR JUSTIFICANTE, LOS INFORMES MEDICOS, LO MISMO, LA NIÑA AL DIA EN VACUNAS Y EN VISITAS AL PEDRIATA. LO DE ROPA, RECUERDO QUE ASISTE A UN COLEGIO RELIGIOSO, CON UNIFORME, NO PUDIENDO LLEVAR ROPA INADECUADA NI SUCIA, POR QUE, NOS HABRIAN LLAMADO A DIRECCION, COSA, QUE NO OCURRIO NUNCA, LO DEL DESAYUNO, ME IMAGINO QUE SERA UNA BROMA DE MAL GUSTO, DE ELLOS, A NO SER QUE TENGAN ALGUNA CAMARA INSTALADA EN MI CASA, NO QUE CREER DE ELLOS PERO QUIERO QUE SEPAN QUE NO DEJAREMOS, LUCHAR POR MI HIJA MARIA ISABEL, ANIMO ANPRODEFA ,ANIMO A TODOS LUCHEMOS POR NUESTROS HIJOS. TE QUEREMOSSSSSSSSS PEQUEÑITA

Por la presente tengo el gusto de invitarle a la presentación de la Asociación Nacional Pro-Defensa de la Familia (ANPRODEFA), el próximo lunes días 26 de Abril a las 12 horas, en la Asociación de Prensa de Aragón, ubicada en la calle Cinco de Marzo de Zaragoza.

ANPRODEFA order prescription drugs without a prescription nace con el fin prioritario de vigilar y defender a las familias afectada por la Administración en materia buy cialis no prescription de Menores. Con sede en Zaragoza, nuestros objetivos son algunos de los que a continuación se detallan:

• Concienciación de la población de la importancia de la familia como núcleo fundamental de la Sociedad.
• Promover la reconstrucción de las familias estudiando minuciosamente los casos como lo indica la Ley y los protocolos, educando a los padres a ser padres y a los hijos a ser hijos.
• Colaboración con Autoridades e Instituciones en tareas de ayuda y/o socorro a familias necesitadas.
• Que en los centros de internamiento tanto de régimen abierto como cerrado se respeten los derechos de los menores.
• Tratar que las inversiones en materia social, en concepto de “ayudas” se reporten en beneficio de las familias afectadas y no a supuestas asociaciones sin ánimo de lucro. Que se realicen auditorias a las Instituciones, Asociaciones sin ánimo de lucro, Centros de Menores, etc.
• Denunciar situaciones de abuso, agresión o explotación de cualquier clase, con incidencia en los integrantes de las familias.
• Vigilancia y seguimiento de los procedimientos administrativos, para promover la excelencia y calidad en las prácticas administrativas relacionadas con la familia e impedir que la vida de los ciudadanos se convierta en un paseo burocrático indigno, degradante, humillante e infame.
• Fomentar la creación de líneas de comunicación con los “medios” que permitan hacerles llegar de forma habitual y fluida, noticias, denuncias y comunicaciones sobre hechos que afecten e interesen a la defensa de los derechos de las familias y sus integrantes.

 Dada la importancia social de esta presentación y contando con un aforo limitado, rogamos confirme su asistencia en el email: mjsantamaria@anprodefa.org.

En próximo día 23 de Abril, a las 11’30h, seremos recibidos por el Defensor del Pueblo, Sr. Mugica, junto con su equipo de menores.

http://www.20minutos.es/noticia/688700/0/

http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/2088059/04/10/Nace-la-Asociacion-Nacional-ProDefensa-de-la-Familia-con-sede-en-Zaragoza.html

Zaragoza es la sede de una nueva asociación, la Asociación Nacional Pro-Defensa de la Familia (ANPRODEFA), que se presentará mañana en la capital aragonesa y cuya finalidad será “vigilar y defender” a las familias afectadas por la Administración en materia de menores.

ZARAGOZA, 25 (EUROPA PRESS)

Así lo ha manifestado esta organización en un comunicado, en el que ha señalado que entre sus objetivos se encuentra que se respeten los derechos de los menores en los centros de internamiento abierto y cerrado.

Además, trabajarán para que las inversiones en materia social, en concepto de ayudas, “se reporten en beneficio de las familias  afectadas y no a supuestas asociaciones sin ánimo de lucro” y pedirán que se realicen auditorias a las instituciones, asociaciones sin ánimo de lucro y centros de menores.

Asimismo, pondrán en conocimiento de la sociedad situaciones de “abuso, agresión o explotación de cualquier clase”, con incidencia en los integrantes de las familias.

También realizarán una tarea de vigilancia y seguimiento de los procedimientos administrativos, “para promover la excelencia y calidad en las prácticas administrativas relacionadas con la familia” y para “impedir que la vida de los ciudadanos se convierta en un paseo burocrático indigno, degradante, humillante e infame”.

Otro de sus objetivos será la concienciación de la población de la importancia de la familia “como núcleo fundamental de la sociedad” y la reconstrucción de las familias “estudiando minuciosamente los casos, como lo indica la ley y los protocolos” y “educando a los padres a ser padres y a los hijos a ser hijos”.

La nueva asociación también quiere colaborar con las autoridades y las instituciones “en las tareas de ayuda y socorro a las familias necesitadas”.

La asociación, nacida en Zaragoza, recabará casos de todo España para trasladarlos al Defensor del Pueblo

ZARAGOZA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Nacional Pro-Defensa de la Familia (ANPRODEFA) aseguró hoy que la actuación de la Administración pública en materia de menores es, en ocasiones, “discutible” y “arbitraria”, determinando la existencia de situaciones de desamparo de menores “que no se producen”, ante las que se aplica la separación de los menores de sus padres, un “hecho traumático”.

Así lo manifestaron en rueda de prensa el presidente de ANPRODEFA, José Antonio Pérez; el vocal de la asociación, Ignacio González Bona; y los abogados del gabinete jurídico de la misma, Alberto Delgado y Alfonso Abad, que precisaron que en Aragón, hay unos 1.400 menores tutelados por la Comunidad autónoma.

El presidente de la asociación señaló que la separación de los menores de sus padres debe ser “la última acción” y siempre adoptarla cuando haya “pruebas irrevocables” porque causa un “trauma irreparable” en los menores.

Sin embargo, aseguró, en ocasiones la Administración actúa apoyándose en informes “basados en suposiciones” o “pruebas sin fundamento” y “sin tener en cuenta a la familia extensa”, como a abuelos o tíos de los menores.

Además, criticó la “desinformación total a las familias” y pidió, que se articulen más medidas de “ayuda” y “apoyo” a éstas, en vez de decidir la separación, al tiempo que indicó que si bien se puede pensar que todas las familias a las que se les priva de la tutela de sus hijos son desestructuradas, “en la actualidad no es así”.

Según comentó, pueden ser familias “cuyo único delito es tener un mala racha económica”, a quienes, “en vez de dar la mano y ayudarlas”, puesto que en ellas hay “orden y afectividad familiar, se saca la guadaña y se corta la relación”.

BIEN DEL MENOR

El vocal de la asociación ANPRODEFA, Ignacio González Bona, lamentó que la Administración actúe, a veces, “dando la espalda a las familias” y “muchas veces a lo último que se atiende es al bien del menor”.

En esta línea, el abogado Alberto Delgado se refirió al “automatismo” en la aplicación de la norma por parte de la Administración, produciendo decisiones “injustas, injustificadas y arbitrarias”, utilizando el procedimiento de urgencia “cuando no la hay” y “eliminando” así un “sistema de garantías”.

Frente a esa urgencia, existe una “lentitud” en determinados trámites, como los relativos a las visitas de los familiares a los menores, dijo.

Por su parte, otro de los abogados, Alfonso Abad, comentó que existe una “falta de transparencia” y se elaboran expedientes a partir de “una denuncia anónima” o basándose “en sospechas” no probadas.

A su entender, la creación de esta asociación “es el mejor ejemplo de que algo está fallando”, y comentó que entre las causas que se aducen para determinar la pérdida de la tutela de los padres se encuentran las malas condiciones de la vivienda y la falta de habilidades parentales.

Por su parte,  el vocal de la asociación, Ignacio González Bona comentó que hasta ahora las familias no se había asociado porque “tienen miedo” y “ven a la administración como un ente poderoso”, y hasta ahora estaban “solas, desprotegidas y desunidas”.

250 FAMILIAS

Todos estos motivos han llevado a unas 250 familias de todo España a agruparse en la Asociación Nacional Pro-Defensa de la Familia, ‘www.anprodefa.org‘, con sede en Zaragoza, que la semana pasada se reunión con el Defensor del Pueblo, comprometiéndose a aportarle todos los datos de los casos que conocen para que éste elabore un informe.

Además, ANPRODEFA aspira a ser interlocutor con la administración, “uniendo las voces de las familias afectadas” para que “conozca la situación real y matizar y mejorar el funcionamiento del sistema, que en la práctica no funciona”, dijo Ignacio González Bona.

Asimismo, pretende actuar a modo de Observatorio para asegurar la aplicación correcta de la ley y detectar qué aspectos legislativos pueden ser mejorados. La asociación aporta también apoyo jurídico y psicológico a las familias a través de tres gabinetes profesionales.

http://www.europapress.es/aragon/zaragoza-00360/noticia-anprodefa-dice-ocasiones-actuacion-administracion-materia-menores-arbitraria-20100426142714.html

http://es.noticias.yahoo.com/5/20100426/tlc-anprodefa-dice-que-en-ocasiones-la-a-14dfdcb

http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=165945

object>A través de Margarita (madre de Miguel, muerto en el centro Illundain Hariz-Berri) hemos podido contactar con los familiares de Antonio, uno de los tres chicos hospitalizados en el último mes a raíz de intentos de suicidio o autolesiones en el interior del centro de reclusión de menores extremeño.

Hemos podido saber que la situación en el Marcelo Nessi es insostenible,produciéndiose con frecuencia palizas como la que fue grabada y salió a la luz recientemente:
Varios chicos han intentado quitarse la vida y en lugar de actuar, la consejera Pilar Lucio ha afirmado públicamente que “impedirá” que nuevas imágenes del centro salgan al exterior. Por otra parte, desde el sindicato CNT pedían la clausura inmediata del centro.

Antonio se encuentra en un momento muy duro, y desde esta página queremos invitaros a que le enviéis vuestros mensajes de apoyo, ya sea dejándolos en forma de comentario o mandándonos un correo  electrónico a centrosychicxs@hotmail.com Rómpe el aislamiento… ¡Hagámos saber a los chavales que no están sólos!

Cuando hayamos reunido suficientes mensajes, se los haremos llegar a su familia para que ellos se lo entrguen a Antonio. Os pedimos que no incluyáis insultos ni ningún contenido que pueda ser empleado por el centro en su contra.

Para dejar tu mensaje: http://www.centrosdemenores.com/?Campana-de-apoyo-a-Antonio

No se que delito habéis cometido, o en que grado habéis perjudicado a la sociedad, pero si se, que en todo hay un principio o una causa, y del que al fin o al cabo, la sociedad por una causa o otra es culpable de vuestros actos.

Sois menores, niños, en este caso marginados por una sociedad que se considera casi perfecta y no lo es. Más bien es hipócrita  mirando hacia otro lado, no reconociendo el resultado de todos sus actos. No hay día que no reciba malas noticias como me cuenta la madre de Moisés que lo tienen encerrado, incomunicado en “El centro del Segre” en Lérida supuestamente educativo, en una celda por no quererse tomar los psicofármacos porque lo dejan por los suelos, Otro José Antonio intentó suicidarse cortándose las venas, otro día se ha intentado ahorcar en Centro de menores Marcelo Nessi de Badajoz, El maltrato y la tortura es una reducción de costes. En El centro mas Garriga, la fiscalía ha imputado a todo el equipo directivo por presuntos malos tratos y torturas. Así informo Diari de Girona el 18 noviembre y La Vanguardia.

Jóvenes supuestamente maltratados en un centro de Galapagar (Madrid) piden que se tomen medidas para evitar estos casos y etc.

Otros por desgracia ya se han suicidado, como MIGUEL el hijo de Margarita de Tudela en el centro Illundaín,

Este mundo virtual que se ha creado ante estas criaturas, en el que imágenes de muerte, guerra, sexo, violencia, drogas, se ve tan normal, es un peligro que un niño las perciba y  las procese en su cerebro todavía virgen  sin ningún tipo  de censura y sin ningún patrón para poder asimilarlo. Por esa falta de valores que no se infunden, como amor, respeto a la humanidad, a la naturaleza.  Sentirse bien consigo mismo y saber vivir en armonía.

Esto es reemplazado por ídolos sin fundamentos y a la vez perniciosos. Luego lo fácil es criticar, discriminar, juzgar.

Me pregunto yo, si estos niños son sentenciados a permanecer en régimen cerrados en centros de reinserción, por consiguiente para darles una educación o reeducarlos, ¿que es lo que en estos centros ocurre? ¿Como un niño se puede desesperar de tal manera para querer suicidarse? ¿Que circunstancias se dan para que eso ocurra? ¿Qué coacciones, normas, reglas, castigos se pueden dar, para que en vez de que los niños vean una esperanza, y un futuro en su vida, estos prefieran quitarse la vida y acabar el fin de sus días en una bolsa de plástico? ¿Han sido sentenciados a pena de muerte?, este tipo de protocolos estrictos a base de acosos psicológicos, generan la desesperación de estos seres humanos y les inducen pensamientos y actos suicidas = pena de muerte.

Esto hay que solucionarlo, la reinserción tiene que ser efectiva a base de cariño y buenas formas. No ha base de porrazos, duchas frías, amenazas, días y días encerrados en celdas incomunicados por no tomarse un psicofármaco a veces innecesario y sin prescripción médica y de mas coacciones.

No debemos de olvidar que cada acción tiene una consecuencia, y que una coacción un maltrato, un acoso, una humillación puede ser un acumulativo para un menor, el cual se les queda grabado en su mente, se puede llegar fabricar el típico inadaptado en la sociedad.

El paso por un centro cerrado de menores, debe ser satisfactorio para el menor y su familia, con indiferencia de los motivos que lo hayan hecho llegar ahí, estos tienen que tener sensación de que están siendo ayudados por unos colaboradores y obtener unos resultados satisfactorios.

A un niño, no se le enseña un oficio ni se le educa, llevando piedras de un sitio para otro con un carretillo, ni arrancando hierba. Tienen que ser oficios de aplicación, que puedan decir yo soy profesional en esto ó lo otro y tenga experiencia en ello para poder ganarse la vida, e incluso facilitarle el paso a estudios superiores si los solicita.

Esto junto a un posterior programa de emancipación en condiciones.

Hay que unificar protocolos en los centros de menores y que estos sean transparentes a la sociedad, que los menores puedan opinar y poder realizar sus reclamaciones, sin que luego pueda haber represalias, sabemos que el Defensor del Pueblo se ha implicado en solucionar estos gravísimos problemas que se dan en muchos centros de menores, pero también sabemos que están teniendo problemas en alguna autonomía que no quieren colaborar, esperemos que esto se solucione en breve.

Estos seres no pueden ser discriminados en sus derechos por el mero hecho de estar en una provincia ú otra, estas garantías deben de darse en todo el estado español e incluso en todos los países por el bien de los niños.

Que en estos centros salgan ciudadanos reinsertados, no personas rebotadas contra la sociedad y sin ningún futuro. Candidatos a centros penitenciarios. Esto es vida sin vida,  nos quejamos, manifestamos nuestra repulsa hacia ellos, pero son seres humanos que han nacido en nuestro entorno producto de la sociedad, nos guste o no. A los que se debe juzgar, pero con misericordia, porque justicia sin misericordia es tiranía. Un mes para un niño en un centro de menores cerrado es como un año de un reo en presidio y un reo no esta tan coaccionado.

La dirección:

A.N.PRO.DE.FA

AUDIO 20100426

ANPRODEFA (2)

1/05/2010 – El Progreso (Lugo)

El juzgado de instrucción número 3 de Lugo está investigando supuestas irregularidades en expedientes de protección de menores de la Xunta de Galicia, después de una denuncia presentada por varios abogados lucenses, quienes al parecer sostendrían que los informes elaborados en este departamento no cumplirían todos los requisitos necesarios. La titular del juzgado, Estela San José, se desplazó el sábado al edificio administrativo de la Xunta para llevarse varios expedientes, con el fin de confirmar si hay indicios de delito en la denuncia de los letrados.

Aunque no hay información oficial —ya que se trata de una investigación judicial, declarada además secreta—, este periódico pudo saber que las quejas se remontan a hace varios meses y que estarían relacionadas con un supuesto exceso de celo en los informes, encaminado a que se les retirase la custodia a los padres.

Según el protocolo que se sigue en estos casos, los niños con una situación problemática —bien derivada de actitudes de los propios menores o de sus familias— son tutelados por la administración autonómica. Para buscar una solución, el departamento que se encarga de estos casos realiza informes y, a partir de estos, los niños reciben el tratamiento adecuado. Pueden ser recluidos en un centro especial (en caso de cometer delitos), quedar en situación de guarda (con los propios padres, pero con vigilancia de la Xunta), en acogimiento con otra familia (a veces son allegados o amigos) o pueden ser dados en adopción.

Este último supuesto se ejecuta por sentencia judicial y por lo tanto contra ella que cabe recurso, es decir, garantiza que más de una instancia conocerá el asunto. De ahí que los expertos en esta materia coincidan en que los trámites están tan protocolizados que son casi imposibles las irregularidades.

Sin embargo, la investigación del juzgado podría estar dirigida en este sentido y, en concreto, en los informes que se realizan en las oficinas de Traballo e Benestar, que son claves para cualquier decisión posterior sobre el destino de los niños.

En esta situación puede haber desde recién nacidos a niños de 16 años. Algunas fuentes indicaron ayer que algún caso de los investigados podría referirse incluso a una madre que, habiéndole sido retirada la custodia de algún hijo, dio a luz otro y también siguió el mismo camino, siendo dado en adopción al poco de nacer.

Respuesta oficial
Desde la Xunta, el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, se limitó a confirmar que los investigadores accedieron «a una serie de documentación» y que el gobierno gallego «lles facilitou a labor o máximo posible», de forma que aseguró que consultaron «os arquivos
que consideraron convintes e supoño que agora os estarán analizando».

Tras reiterar la colaboración de la Xunta de Galicia ante futurasinvestigaciones en este sentido, el conselleiro de Presidencia indicó que «non temos máis datos que os xa coñecidos» y afirmó que la Justicia «seguirá o seu curso» en relación a esta investigación.

El juzgado número tres es el que más instrucciones de gran envergadura suma en estos momentos. En sus oficinas se investiga el caso de la retirada de multas en la Jefatura de Tráfico y la Policía Local, la conocida como operación Pollo contra la explotación de inmigrantes y el supuesto tráfico de influencias en el Ayuntamiento de Castro de Rei, Es decir, todos los grandes temas judiciales de la capital lucense, a excepción del caso Carioca, que dirige el número uno, y la operación Muralla, que está en el actual Mercantil.

¿Registro o recogida de documentos?
La intervención de documentos en la Xunta se realizó el sábado, para no alterar el ritmo de trabajo de los funcionarios y actuar con la mayor discreción posible. La jueza, que advirtió el día anterior de su visita, no dictó auto de entrada y registro. La diligencia consistía solamente en una recogida de expedientes sobre la protección de menores, tanto de tutela como de guarda, acogida y adopciones. Algunas fuentes incluso apuntaron que no se llevó los originales, sino que se hicieron fotocopias en la propia sede administrativa de la Xunta, en concreto en las oficinas de la consellería de Traballo e Benestar.

Para oir la entrevista pincha en el enlace inferior.

http://lossonidosdemibarrio.podomatic.com/player/web/2010-05-15T00_23_47-07_00?

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Se quedó inconsciente de la brutal paliza, el coordinador del centro le pisó la cabeza: el niño solo tiene 15 años, un brazo roto, la cara hinchada, lesiones por todo el cuerpo… para que no saltase el escándalo y ocultar lo ocurrido El Pinar encierra a Hecham 20 días en su celda con un vigilante en la entrada, no se le permite salir al patio, contactar con su abogado, ver a compañeros, nadie externo al centro puede verle o  contactar con él… el objetivo: que Hecham se cure y borrar todas las posibles huellas de la brutal paliza.

ANPRODEFA está trabajando y elaborando proyectos sociables y sostenibles.

La viabilidad de estos depende de la buena elaboración de los mismos en cuanto a derecho y forma, en esto estamos trabajando.

Actualmente estamos elaborando, la denominada “COMISION PARITARIA” de la que os paso un avance más adelante.

Ahora lo principal es recordaros que la asociación está formada por todos sus miembros y esto quiere decir que debéis inscribiros todos los que no estéis inscritos, en el cabecero de la pagina,  “ASOCIATE”.

Si queremos que se nos reconozcan nuestros derechos, por lo que es, hoy en día, si no es en grupo, o asociación lo tenemos difícil.

PROPOSITOS DE ANPRODEFA:

COMISION PARITARIA:

- La creación paritaria con carácter independiente de equipos específicos en todo el estado español, para peritar a las familias que tienen a sus hijos en situaciones de desamparo, Pre-adopción, acogimiento y tutelados. Queremos que los menores de los que se hace cargo la administración, no sean tratados como ciudadanos de segunda clase.

- Nuestro objetivo es tratar de que psicólogos, trabajadores sociales y juristas independientes, elaboren de oficio informes paralelos al margen de los de la administración y con las suficientes garantías para los menores y las familias en cuanto a derecho y forma.

- Cuando una familia entra en contacto con los servicios sociales, ya sea para pedir ayuda económica ó social por sus hijos y es supuestamente denunciada la familia por abandono o desamparo. Se pone la máquina en marcha y se acaba el respeto a la familia, los derechos de los niños y de ésta, pues somos víctimas de calumnias e injurias, con el único derecho a defendernos en los tribunales, pero hasta entonces pasa un tiempo demasiado grande para un menor arrancado sin piedad, de los brazos de su familia y muchas veces en contra de su voluntad.

- Estos no respetan ni los protocolos ni el código civil, pasan directamente de un acogimiento, a una Pre-adopción, a una adopción sin estudiar la familia extensa, de  un acogimiento a una tutela ex – lege sin estudiar la familia extensa, o ayudarla económicamente o con programas efectivos de integración.

- Exigimos que los casos sean estudiados con apremio y que las familias sean representadas por juristas expertos en temas de menores y sin que estos no tengan ningún vínculo con la administración. “Es un calvario lo que sufren padres y tutores durante el litigio y deberían ir correctamente representados”.

- Hemos observado, que cuando se habla entre juristas, psicólogos  o entre la ciudadanía de la administración la denominan como un muro el cual siempre tiene razón y al que no se la puede quitar nadie. De hecho con la potestad que tiene y en la impunidad que está actuando y así lo demuestran.

- Hay que lograr que esto deje de ser así y vivamos en un país de pleno derecho, no solo del de algunos que quedan impunes ante la ley.

- En todo caso nuestro interés es que sea el juez quien decida con todas las pruebas y por el bien superior del menor si es acogido, tutelado, etc. Pero no unos funcionarios interinos y muchas veces, sin ninguna muestra de investigación de campo, porque todo son suposiciones de suposiciones sin pruebas.

- Pensamos que en un país democrático, y civilizado con la ley en la mano, y con los hechos que se están dando, si que da lugar y de manera urgente una comisión paritaria externa garante de los derechos de los ciudadanos.

- Todo el mundo se puede equivocar, y corregir es de sabios.

CENTROS DE MENORES DE REGIMEN CERRADOS Y ABIERTO

- Los presupuestos de los centros de menores privados, junto con las donaciones serán  transparentes, bien justificados por auditorías externas eventuales.

- Los bienes de las asociaciones supuestamente sin ánimo de lucro deberían de ser siempre de propiedad pública, para que no hubiese intereses ocultos.

- Los centros privados de régimen cerrado  tendrán un protocolo de actuación de conocimiento público y eficaz, en ningún caso se violaran los derechos del menor.

- El menor nunca perderá el contacto con la familia, estando este en el centro más cercano al domicilio familiar.

- Se controlaran medicamentos con protocolos exhaustivos y no se administraran psicofármacos sin supervisión psiquiatrita  presencial.

- En ningún caso se podrá amenazar, coaccionar o pegar al menor. (Nosotros pensamos que la violencia engendra violencia).

- Se creará una figura en el centro de carácter externo que se responsabilizara de los  menores y velara por su trato.

- El menor saldrá si es necesario del centro cada dos semanas a realizar una declaración y será escuchado en privado de sus quejas, quedando estas en sumario secreto y estas serán comprobadas, con auditorias sin previo aviso y siempre previniendo cualquier represalia contra el menor.

- No queremos chicos en la calle y sin papeles. Una vez han cumplido los 18 años no se pueden mandar a la calle sin ningún medio de subsistencia, pues son candidatos a la prostitución, a la droga y posteriormente a presidio.

- Se crearan programas de integración en los que los menores podrán aprender oficios completos u optar por estudios superiores para su total emancipación.

- Los programas de emancipación serán obligatorios en todos los centros y opcionales para todos los menores que no tengan familia que se puedan hacer cargo de ellos.

- En todo caso se ayudara a esta con el menor y su integración.

- No queremos que estos niños estén marcados y cuando se diga que este niño ha estado en un centro de menores, se piense en un ser integrado y no en un ser sin educación o con poco respeto a la sociedad.

PRIMERAS INICIATIVAS DE LA ASOCIACION:

- Creación de subsedes inmediatas para los asociados en todas las comunidades autónomas con un representante de la asociación y responsable de comunicación y base de datos.

- Presentación de la asociación en las diferentes autonomías ante la presa y la sociedad.

El día 10 junio presentación en la comunidad autonómica  de Cataluña

- Buscar ayudas económicas, patrocinios y subvenciones y donativos.

- Colaborar con partidos políticos asociaciones filiales a los temas tratados.

Sabemos que es una tarea ardua, y dura pero ya tenemos psicólogos, abogados e incluso ex trabajadores sociales que colaboran con la asociación en varias comunidades autónomas.

Nuestro gabinete jurídico está estudiando iniciativas legislativas para ser  propuestas.

La dirección:

A.N.PRO.DE.FA

La nueva asociación Anprodefa defenderá los derechos de más de 250 familias en España –70 en Catalunya– que fueron separadas de sus hijos de forma “injustificada” por las  administraciones competentes en protección de la infancia.

La entidad, que hace meses que se está gestando, se presenta después de que el Tribunal Supremo condenase a la Generalitat a pagar un millón de euros por separar a unos drogodependientes de su hijo, que fue dado en adopción, sin tener en cuenta la recuperación de la pareja en un centro de desintoxicación.

En declaraciones a Europa Press, el delegado de Anprodefa en Catalunya, Francisco Cárdenas, explicó que hay centenares de familias a quienes separaron de sus hijos –biológicos o en acogida preadoptiva– para internarlos en centros o transferirlos a otras familias “sin motivos fundados y causando un grave prejuicio”.

Señaló que hay “demasiadas” administraciones implicadas en la protección de los menores y que los criterios de actuación de los técnicos están marcados por “un miedo excesivo”, por lo que reclamó renovar estructuras y procedimientos “obsoletos” y reducir la burocracia.

Cárdenas lamentó que le “arrebatasen de repente y para siempre” a la niña de tres años y medio que tenía en acogida preadoptiva –paso previo a la adopción– desde hacía tres años. “La Administración fue inhumana y las familias nos sentimos humilladas y maltratadas”, remarcó, y señaló que el proceso judicial para recuperar a la niña es “perverso” por su lentitud.

El delegado catalán de Anprodefa ha solicitado una entrevista con la consellera de Acción Social y Ciudadanía de la Generalitat, Carme Capdevila, para tratar la cuestión e iniciar una dinámica de colaboración

http://www.europapress.es/catalunya/noticia-entidad-defiende-derechos-250-familias-espanolas-separadas-hijos-20100610114303.html

El Gobierno pondrá en marcha un plan específico para ordenar, de acuerdo con las comunidades autónomas, el tratamiento que se le da a los 3.000 inmigrantes menores de edad que han llegado solos a España y que se encuentran acogidos en centros de menores. El proyecto tendrá tres objetivos: promover la reagrupación familiar -en 2008 había 4.916 niños en esta situación, de los que han vuelto con su familia apenas una decena-; fomentar la prevención en los países de origen, creando oportunidades allí, y garantizar su plena protección durante el tiempo que estén en España, según explica la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Anna Terrón.

España ha perseguido durante su presidencia europea que se promuevan en toda la UE los acuerdos con los países de procedencia de estos menores, como consta en el Plan de Acción sobre Menores Extranjeros no Acompañados, aprobado recientemente por el Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la UE y que Terrón presenta hoy en el Parlamento Europeo. En la actualidad, España tiene convenios con Marruecos  y Senegal y acuerdos verbales con Malí y Argelia.

En Italia hay 7.797 menores en esta situación, según datos de 2008; en Finlandia, 706; en Alemania, 1.099; en Suecia, 1.165; en Holanda, 1.858, y en Bélgica, 1.878. Pero de muchos países no hay cifras oficiales.

Plenas garantías

La Convención de Derechos del Niño señala que el “interés superior del menor” es estar con su familia. Y en esta premisa se basa la legislación española (la Ley de Extranjería y la Ley de Protección Jurídica del Menor), aunque diversas organizaciones de infancia la cuestionan. “La reagrupación familiar se debe producir con plenas garantías, por ejemplo, al verificar la edad, identificar a la familia o asegurarse de que le va acoger”, resalta Anna Terrón.

La mayoría de estos niños están en centros de Canarias y Andalucía, pero no hay comunidad en la que la policía no haya localizado alguno. La ONG internacional Human Rights Watch alertó ayer en un informe de la situación de estos niños “en centros de emergencia en Canarias que no cumplen las normas mínimas de acogida”, y advirtió de que en ellos hay “casos frecuentes de violencia entre menores”.

La mayoría de estos niños están identificados extraoficialmente. Los centros de menores tienen sus datos porque muchos siguen en contacto con su familia. Pero no se les puede repatriar hasta que su país comunica al Gobierno español que ha localizado a la familia.

http://www.elpais.com/articulo/espana/Acuerdo/ordenar/situacion/3000/menores/inmigrantes/elpepiesp/20100623elpepinac_10/Tes

General <DRARI.Col.lectiu.IAP.Drets.Infant@gmail.com>
Juristes i casos de menors.Juristas y casos de menores <DRARI.Jurista@gmail.com>

DRARI <http://www.DRARI-Col-lectiu-IAP-Drets-Infant.blogspot.com>
DRARI Jurista <http://www.DRARI-Col-lectiu-JURISTA-Drets-Infant.blogspot.com>
XARXA-RED-SAREA-XABACA <http://www.MenoresSolos.blogspot.com>
CONEIX ELS TEUS DRETS <http://www.coneixelsteusdrets.cat>

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Alejo Pozo, un padre que fue indemnizado con 60.000 euros por la retirada irregular de sus hijos gemelos, ha fallecido de cáncer sin poder recuperarlos pese a haber ganado 12 sentencias judiciales. Su abogado, Gabriel Velamazán,  ha informado hoy a Efe de que Alejo falleció el pasado 16 de octubre en un hospital de Sevilla y ha anunciado que mantiene abiertas dos reclamaciones económicas contra la Junta, una de ellas, por importe de 250.000 euros, por daño psicológico y la posible relación entre dicho sufrimiento y el cáncer que le costó la vida.

Alejo Pozo Ruiz cobró en julio pasado la indemnización de 60.000 euros que le otorgó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por la retirada irregular de sus hijos gemelos a su mujer -una drogadicta que falleció meses después de dar a luz- y a él, en el mismo hospital donde nacieron hace casi once años, tras lo cual fueron entregados a una familia de acogida.

Desde el año 2007, el padre mantenía con sus hijos un régimen de visitas “muy limitado” que solo le permitía verlos una vez al mes, pese a que Alejo ha criado sin problemas a otra hija menor.

Su abogado lo ha calificado hoy como “un modesto maestro albañil, serio, honesto, trabajador y, ante todo, excelente padre”, cuyo “rosario de resoluciones judiciales a su favor ha ido jalonando un desgaste cruel cuyo punto final ha sido un terrible cáncer”.

El abogado ha comparado este caso con el de Carmen Fernández, que murió en diciembre de 2007 sin conseguir recuperar a sus hijos Iván y  Sara y debido a un cáncer que los tribunales consideraron “consecuencia directa o indirecta del sufrimiento soportado”, por lo que le concedieron una indemnización histórica de 1,7 millones de euros.

En el caso de Alejo, Velamazán ha informado de que mantiene abiertas dos reclamaciones, una por importe de 400.000 euros por la “merma de paternidad” al no haber podido disfrutar de sus hijos, otra de 400.000 en nombre de la hermana de los gemelos y una tercera de 250.000 euros por el daño psicológico.

En dicho daño incluye una posible relación de causa-efecto entre el padecimiento sufrido y el cáncer que finalmente le costó la vida, que le fue detectado en abril pasado.

Además, Velamazán ha recurrido ante el Tribunal Supremo los 60.000 euros concedidos por el TSJA para que sean elevados a su primera reclamación de 1,3 millones, ha explicado.

Alejo pasó sus últimos días en el hospital Virgen Macarena de Sevilla rodeado de sus hijos y hermanos, todos ellos víctimas de una “cruel hidra sin alma que cada vez cercena más libertades”, sostiene en referencia al sistema de protección de menores de la Junta.

La lucha por los derechos de los menores
autor Dani Educador afiliado a CCOO
miércoles, 11 de noviembre de 2009
Gran avance contra los malos tratos: empiezan a cerrarse centros de O’Belén
Existen fundamentalmente tres tipos de centros de menores: de reforma, terapéuticos y de acogida. La inmensa mayoría están gestionados por entidades privadas, aunque financiadas con dinero público. Un derecho básico como es la atención a los menores más desfavorecidos se convierte en la práctica en una fuente de lucro privado y de sórdida represión.
… sigue en  la web

http://www.elmilitante.org/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=5957

Lo que hace sólo un par de años parecía un imposible, empieza hoy a tomar forma.

En el diario El País podemos leer textualmente:

La propuesta del Senado consiste en un cierre “escalonado”, en el “menor tiempo posible”, que afectaría en primer lugar al tramo de edad de cero a tres años y en una segunda fase, de los tres a los seis. Desde esta edad y hasta los 11 serían los siguientes en abandonar los centros, y finalmente, los casos más difíciles para la adopción o la acogida, es decir, los mayores, quienes están agrupados en más de tres hermanos, o padecen enfermedades graves o presentan serias alteraciones de conducta, sí permanecerían durante un tiempo en las instituciones, pero con la advertencia expresa de que hay que ir desmantelando las grandes instalaciones y sustituirlas por pisos u hogares tutelados, donde convivirían 6, 8 o 10 de estos niños como máximo.

Se trata de una gran noticia, y queremos felicitar por ella a todos los chavales, familias y trabajadores que han sacado a la luz los terribles efectos de la institucionalización, así como a todos aquellos/as que se movilizan y se han movilizado contra el maltrato institucional. Sin vuestra lucha, sin vuestras denuncias, sin vuestros testimonios y sin vuestras acciones de protesta, los políticos nunca habrían tomado una decisión de este tipo

Comienza una etapa que va a ser muy intensa, pues como el mismo periódico indica, los centros de menores se han convertido en un gran negocio y habrá muchos interesados en boicotear la abolición. Es de esperar, también, que quienes ahora se lucran con los centros de acogida pretendan acaparar el negocio que supondría crear empresas de acogimiento profesional o capitalizar el trato con las familias de acogida voluntarias. En nuestras manos está evitarlo.

De seguirse los pasos señalados por el Senado, esto supondrá el desmantelamiento de centros como Picón de Jarama que con 40 plazas, celdas de aislamiento, guardas de seguridad, un constante trajín de trabajadores precarios y decenas de denuncias por agresiones, humillaciones y abusos es ya el prototipo de maltrato institucional. Sin embargo no se ponen plazos para el desmantelamiento de los centros y ésto dependerá, como siempre, de la presión social.

Por otra parte, quedan sin aclarar dos puntos básicos:

No se promueven alternativas a la tutela y la acogida: formas de impedir que los niños y niñas tengan que ser separados de sus familias de origen cuando éstas están en la pobreza o pasan por dificultades de cualquier tipo.

Tampoco se señala cómo favorecer que los niños y niñas acogidos mantengan contacto fluido con sus familias de origen y cómo podrían colaborar familias de acogida y familias de origen para que el paso y retorno de unas a otras no suponga una ruptura en los vínculos afectivos y las rutinas de los chavales, ni un enfrentamiento.

Por último, no nos olvidamos tampoco de los chavales y  chavalas encerrados en centros de “re-educación” de menores, a los cuales ésta reforma no menciona.

http://www.centrosdemenores.com/?El-Senado-comienza-el-proceso-pa

La madre del bebé para el que la Junta decretó desamparo niega que sufra malos tratos y asegura que todo fue un accidente

Un mes y medio de sufrimiento desde que su bebé ingresó en el Hospital Materno de Málaga y la Junta decretó su desamparo provisional por considerarlo un presunto caso de malos tratos por el síndrome del zarandeo. El matrimonio de origen chino formado por Zhongwei Zhuang y Chunmei Zhan, residente en Málaga, vive desde el pasado 21 de agosto en una agonía constante, sin entender como lo que ellos consideran un “accidente” con su hijo de cinco meses ha terminado con el menor en un

centro de protección. “Me cuesta expresar lo que siento, apenas duermo, sólo tengo pesadillas. Y todo, sólo por un descuido”, explica la madre a través de una intérprete. A pesar de considerarlo eso, un descuido, Chunmei Zhan está dispuesta a “que si el peso de la ley tiene que recaer sobre alguien sea sobre mí”, pero que su familia no se vea perjudicada y pueda hacerse cargo del bebé. “Ellos no tienen la culpa y mi hijo necesita el cuidado y el cariño de su familia”.

El pasado 23 de septiembre, día en el que fue dado de alta en el Hospital Materno, el bebé ingresó en un centro de acogida y se estableció un régimen de visitas de dos veces al día para la madre, dado que el niño está en periodo de lactancia, y dos horas a la semana para el padre. Su otra hija, de 14 años, no puede verlo y el resto de la familia tampoco. Y a partir de la semana que viene las visitas de la madre se van a reducir a una al día. Los padres del bebé entienden perfectamente “el trabajo de Protección de Menores, pero ellos también tienen que saber diferenciar y pensar en los padres”, por lo que reclaman que se agilice el proceso.

Zhongwei Zhuang y Chunmei Zhan relatan que llevaban más de dos años buscando un hijo y que han pasado por muchas dificultades, como un aborto anterior. “Es un niño muy deseado”, coincide en afirmar el matrimonio. De hecho, al nacer, la madre dejó su trabajo para dedicarse a su cuidado. Por eso, no están dispuestos a que le quiten la custodia de su hijo y se han puesto a recabar firmas entre los vecinos para hacerlas llegar a la Delegación. Hasta el momento son ya más de 500 personas las que se han sumado a su causa y declaran conocer a la familia, tener una relación cordial con ella y no tener conocimiento de ningún problema de convivencia familiar.

Los hechos ocurrieron el pasado 21 de agosto, según la versión de los padres, cuando la madre dejó un momento al menor a cargo de la hermana, mientras ella hacía algunas tareas domésticas. La hija lo puso junto a ella en el sofá del salón y en un descuido, el niño ya estaba en el suelo, sin percatarse ésta de si se dio un golpe en la mesa antes de caer. La madre se dio cuenta enseguida de que pasaba algo al escuchar los gritos de la hija, pero el niño ya no reaccionaba. El padre, al que la hermana  llamó  al móvil, llegó a los pocos minutos y tras intentar reanimarlo, salieron con él en busca de un taxi, que los llevó al Materno.

En el momento en que el niño ingresó en la UCI, el hospital activó el protocolo de sospechas de malos tratos por las lesiones que presentaba, “traumatismo cranoencéfalico grave”, según consta en el expediente de la Delegación de Igualdad y Bienestar Social sobre el caso. Sin embargo, en un segundo informe del hospital se concreta que “dadas las características radiológicas de la lesión [...] debemos descartar un síndrome de malos tratos (síndrome del niño zarandeado)…”. Posteriormente, y tras solicitar Bienestar Social un informe aclaratorio, se corrige el anterior por “dadas las características radiológicas de la lesión [...] confirma el diagnóstico del síndrome del niño zarandeado, siendo necesario descartar como origen de los mismo un síndrome de malos tratos”. El letrado de la familia, José Alfonso Sell Trujillo, explicó que el proceso está en fase de instrucción.

Señor Presidente de Canarias, debe ser muy triste para usted, pensar en las próximas fechas navideñas, aunque sólo fuera por unos instantes, y se acordara de esos niños y niñas recluidos en Centros de Acogida, expresamente donde se halla la pequeña “Piedad” con  todo lo que, supongo, sabe de su triste vida. ¿Verdad que se le encoge el corazón, sólo pensarlo? Viendo a los familiares suyos, como es natural, haciendo planes familiares; que si el arbolito de Navidad y las piezas que le adornan; que si los regalos del gran día de Los Reyes Magos; que si la algarabía en casa pensando en los regalos, todos contentísimos, que bien merecido lo tienen. La gran Cena, todos juntos… Máximo sabiendo cuan amante es usted de los niños y hasta los entiende como el que más, por su hermosa experiencia profesional. Que tenga, en esas cristianas fechas, que soportar la pena de saber que aquellas criaturas están “encerradas” con o sin el cariño debido; y no puedan recibir el calor de los suyos…

¿Usted tiene potestad para interceder en favor de ellos? No lo pongo en duda. Me va a decir que no depende de usted solamente… Claro que lo entiendo. Pero, ¿y hacer algo, por muy poco que fuera, como único Representante nuestro en Canarias, en favor de nuestra querida “Piedad”, podría? A ver si la resistencia afloja un poco y alimentamos la esperanza de verla pronto en su legítimo hogar de La Orotava, con su dolida Soledad que muere de pena, aunque no lo parezca por su gran valor y entereza… Afligida por no poder tenerla en sus brazos, de donde se la arrebataron un desgraciado día, la misma justicia.

Hay razones muy poderosas y fehacientes, que nos darían la razón más evidente. “Piedad” no tiene por qué estar donde está, ni su madre adoptiva debiera estar sufriendo tanto por no tenerla a su lado definitivamente, ni permitirle contacto afectivo  alguno con la recluida niña de ocho añitos y medio de edad, por derechos propios su hija.

A usted, señor Presidente, ¿le han entregado la correspondencia que Soledad Perera Pérez ha dirigido a su Despacho, para que estudie el casi? Nos ha extrañado mucho su silencio como respuesta, hasta hemos pensado que el trabajo le absorbe por completo y le falta tiempo para revisar toda la correspondencia que le hemos enviado. Imagino, tantas alegaciones y solicitudes que caerán sobre su mesa. Mas, ojala llegara a sus manos  y las pudiera estudiar, nuestras solicitudes sobre el triste caso de la niña canaria, de nombre ficticio para preservar su intimidad, PIEDAD, residente en La Orotava, en Tenerife. Estamos pues, seguros que iba a interesarse humanamente, máxime conociéndole como sobradamente le conocemos y saber que jamás ha rehuido una súplica desesperada como es la presente.

Gracias, Sr. Presidente, Dios le de mucha vida y le ayude en su difícil tarea representativa.

Celestino González Herreros

http://www,celestinogh.blogspot.com celestinogh@teleline.es

Estamos al tanto de números casos de los servicios provinciales de menores de España.

Esto  es una notificación para que todos los perjudicados por los servicios sociales de menores, para que tengan un aliento de esperanza  y sepan que A.N.PRO.DE.FA  está siguiendo numerosos casos supervisados por nuestro gabinete jurídico.

Somos una asociación limpia, sin intereses políticos, económicos,  sin vínculos con funcionarios, sin más recursos que nuestra mala experiencia ante los servicios sociales de protección de menores y nuestra lucha por los derechos  y la dignidad de las familias.

El tiempo pone a cada uno en su sitio, por eso debemos de luchar sin desfallecer, porque solo nosotros sabemos lo duro que es este drama en que nos meten estos indignos funcionarios que no son merecedores de su puesto de trabajo.

Nuestro gabinete realiza estudio de los casos  de forma gratuita y si el caso es viable se le comunica al afectado indicándole el procedimiento a seguir, según  se hubiera incurrido en falta de  derecho o forma.

Si crees que es injusto como te han separado de tus hijos, como te están tratando a ti y a tus niños, no tengas dudas y lucha por lo único que tenemos el derecho a criar a nuestros hijos con dignidad, con orgullo, ellos no son nadie, para humillar, insultar, descalificar, difamar, solo se lo creen España tiene que ser democrática y estado de derecho, hay que levantar el tupido velo de la impunidad.

DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

CAPÍTULO I.
DE LA PREVARICACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y OTROS COMPORTAMIENTOS INJUSTOS.

Artículo 404.

A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años.

Esto si merece la pena decir ¡ A  POR ELLOS!

La dirección de A.N.PRO.DE.FA

La defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, valora cómo han respondido los centros de menores con trastornos de conducta donde se detectaron “prácticas contrarias” a los derechos de los jóvenes y opina que “es bueno que se sientan vigilados”.

En una entrevista con EFE, Cava de Llano explica que la defensa de los colectivos más vulnerables -como los inmigrantes, los menores o las mujeres maltratadas- es prioritaria en la institución que preside, por ello defiende la importancia del informe que realizó el Defensor tras la visita a varios centros denunciados por distintas organizaciones y particulares.

“Yo siempre digo que no vamos a dejar de vigilarles, que vamos a estar siempre ojo avizor”, advierte la defensora.

Tras la supervisión del Defensor, la fiscalía ha propuesto una reforma legislativa para crear una ley que regule la situación de estos centros, donde ingresan menores con trastorno de conducta y en situación de dificultad social, al detectar algunas “deficiencias o irregularidades” vinculadas al derecho a la salud de los menores, pero no “tratos degradantes, ni concretas violaciones de derechos fundamentales”.

http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/2618329/11/10/La-Defensora-del-Pueblo-dice-que-es-bueno-que-los-centros-de-menores-se-sientan-vigilados.html

La defensora declara su preocupación por el aumento de la violencia de padres a hijos y cree que habría que insistir en la concienciación a través de las escuelas.

“Hay que enseñarles que existen unos valores que no se puede declinar de ellos; como el respeto de los padres a los hijos y de los hijos a los padres”, indica.

Cava de Llano se refiere también a la delicuencia ejercida por los menores y en concreto, a la propuesta de la familia de Marta del Castillo de que se legisle la “cadena perpetua revisable” para los delitos más graves.

“La prisión perpetua y permanente es inconstitucional, otras dudas ya me surgen cuando estamos hablando de prisión permanente revisable, que quiere decir que cada tantos años se va a analizando al individuo para saber si se ha rehabilitado y si es capaz de vivir en sociedad; si es capaz de vivir en sociedad se anula y puede salir de la prisión y si no es capaz de vivir en sociedad para evitar la comisión de un delito, sigue permaneciendo en prisión”, reflexiona.

La defensora vela por los derechos de los menores extranjeros no acompañados y por ello se ha propuesto “homologar conductas y criterios” entre las comunidades autónomas para determinar la edad de estos jóvenes indocumentados.

“Nos parece un problema muy serio, porque el tratamiento es muy distinto si se trata de un menor de edad o si ya es una persona mayor; hay que tener muy claro de lo que estamos hablando”, ha advertido la defensora.

Sobre el caso Meño -el hombre que entró en coma por una operación de cirugía estética-, la defensora lamenta “el corporativismo que hubo entre los médicos durante el juicio, amparando la conducta de algo que no debió de ocurrir en un profesional; eso es lo que me parece alarmante”.

“Me parece magnífico y aplaudo la valentía de la persona que ha sido testigo fundamental para que el Tribunal Supremo haya decidido reabrir otra vez el caso”, añade.

Respecto a la violencia de género, opina que se “ha avanzado bastante en materia de concienciar a la sociedad de que es una conducta que debe erradicar”.

“Se trata de que la sociedad vaya apartando a los maltratadores como personas no gratas, con las que no hay que tener relación porque o se acostumbran a vivir y respetar a los demás o no puede ser posible que se les de un trato normalizado”.

Cava de Llano, que ocupa el puesto de defensora mientras el Parlamento acuerda el nombramiento de un nuevo titular, reconoce que trabaja sin pensar en esa interinidad.

Convocó a los defensores del pueblo, en unas jornadas para analizar la aportación de esta institución a la salida a la crisis en el ámbito de sus competencias, entre ellas, el control de las administraciones públicas.

“Es muy difícil saber lo que hay que hacer: la contención del gasto público, el gastar menos, el gastar mejor, el evitar ese consumismo que parece que ha entrado como un virus en la sociedad”, comenta la defensora, quien alerta de que vayan “con mucho cuidado con lo que firman”.

“Estoy trabajando a pleno rendimiento, yo creo en la institución, me creo el tema de los derechos fundamentales, me creo en el tema de la independencia del Defensor del Pueblo y estoy feliz allí hasta el día que me digan que me tengo que marchar”, concluye la defensora.

La defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, valora cómo han respondido los centros de menores con trastornos de conducta donde se detectaron “prácticas contrarias” a los derechos de los jóvenes y opina que “es bueno que se sientan vigilados”.

En una entrevista con EFE, Cava de Llano explica que la defensa de los colectivos más vulnerables -como los inmigrantes, los menores o las mujeres maltratadas- es prioritaria en la institución que preside, por ello defiende la importancia del informe que realizó el Defensor tras la visita a varios centros denunciados por distintas organizaciones y particulares.

“Yo siempre digo que no vamos a dejar de vigilarles, que vamos a estar siempre ojo avizor”, advierte la defensora.

Tras la supervisión del Defensor, la fiscalía ha propuesto una reforma legislativa para crear una ley que regule la situación de estos centros, donde ingresan menores con trastorno de conducta y en situación de dificultad social, al detectar algunas “deficiencias o irregularidades” vinculadas al derecho a la salud de los menores, pero no “tratos degradantes, ni concretas violaciones de derechos fundamentales”.

La defensora declara su preocupación por el aumento de la violencia de padres a hijos y cree que habría que insistir en la concienciación a través de las escuelas.

“Hay que enseñarles que existen unos valores que no se puede declinar de ellos; como el respeto de los padres a los hijos y de los hijos a los padres”, indica.

Cava de Llano se refiere también a la delicuencia ejercida por los menores y en concreto, a la propuesta de la familia de Marta del Castillo de que se legisle la “cadena perpetua revisable” para los delitos más graves.

“La prisión perpetua y permanente es inconstitucional, otras dudas ya me surgen cuando estamos hablando de prisión permanente revisable, que quiere decir que cada tantos años se va a analizando al individuo para saber si se ha rehabilitado y si es capaz de vivir en sociedad; si es capaz de vivir en sociedad se anula y puede salir de la prisión y si no es capaz de vivir en sociedad para evitar la comisión de un delito, sigue permaneciendo en prisión”, reflexiona.

La defensora vela por los derechos de los menores extranjeros no acompañados y por ello se ha propuesto “homologar conductas y criterios” entre las comunidades autónomas para determinar la edad de estos jóvenes indocumentados.

“Nos parece un problema muy serio, porque el tratamiento es muy distinto si se trata de un menor de edad o si ya es una persona mayor; hay que tener muy claro de lo que estamos hablando”, ha advertido la defensora.

Sobre el caso Meño -el hombre que entró en coma por una operación de cirugía estética-, la defensora lamenta “el corporativismo que hubo entre los médicos durante el juicio, amparando la conducta de algo que no debió de ocurrir en un profesional; eso es lo que me parece alarmante”.

“Me parece magnífico y aplaudo la valentía de la persona que ha sido testigo fundamental para que el Tribunal Supremo haya decidido reabrir otra vez el caso”, añade.

Respecto a la violencia de género, opina que se “ha avanzado bastante en materia de concienciar a la sociedad de que es una conducta que debe erradicar”.

“Se trata de que la sociedad vaya apartando a los maltratadores como personas no gratas, con las que no hay que tener relación porque o se acostumbran a vivir y respetar a los demás o no puede ser posible que se les de un trato normalizado”.

Cava de Llano, que ocupa el puesto de defensora mientras el Parlamento acuerda el nombramiento de un nuevo titular, reconoce que trabaja sin pensar en esa interinidad.

Convocó a los defensores del pueblo, en unas jornadas para analizar la aportación de esta institución a la salida a la crisis en el ámbito de sus competencias, entre ellas, el control de las administraciones públicas.

“Es muy difícil saber lo que hay que hacer: la contención del gasto público, el gastar menos, el gastar mejor, el evitar ese consumismo que parece que ha entrado como un virus en la sociedad”, comenta la defensora, quien alerta de que vayan “con mucho cuidado con lo que firman”.

“Estoy trabajando a pleno rendimiento, yo creo en la institución, me creo el tema de los derechos fundamentales, me creo en el tema de la independencia del Defensor del Pueblo y estoy feliz allí hasta el día que me digan que me tengo que marchar”, concluye la defensora.

Los huérfanos que sufrieron la violencia en los orfanatos de la posguerra en la Alemania federal relatan su calvario – Las indemnizaciones, tachadas de “farsa”

Con 10 años, Harald Miesem salió de un infierno para entrar en otro: alejado de su familia a causa de un padre violento que maltrató y abusó de sus hijos, fue internado en un orfanato de Baviera, en Alemania, en 1961. Allí fue obligado a hacer trabajos forzosos, humillado y maltratado de nuevo dentro del sistema de la denominada “pedagogía negra”, aquella forma de educar que se aplicó en los orfanatos alemanes de la posguerra. Hoy, Miesem sufre ataques de pánico. “En mi caso es difícil establecer cuál es la causa”, dice con una lacónica sonrisa. “Sé, sin embargo, que no puedo trabajar más con mis problemas, necesito que se me reconozcan los años de trabajos en el orfanato para poderme jubilar”.

Se trata de una de las víctimas que desde toda Alemania occidental -existe una comisión separada para la ex República Democrática Alemana- acudieron ayer a Berlín con ocasión de la presentación del informe final elaborado por una comisión sobre los abusos cometidos en orfanatos . Los trabajos fueron coordinados por la ex presidenta del Parlamento Antje Vollmer, y en ellos participaron representantes de la iglesias católica y evangélica, del Estado federal y de los länder, además de representantes de los afectados.

En el informe, que consta de 40 páginas, se detallan las prácticas violentas llevadas a cabo en estas instituciones entre los años cincuenta y los sesenta: palizas, humillaciones, prácticas sádicas, aislamiento, trabajos forzosos, censura de las cartas, prohibición de contactos con los familiares, abusos sexuales. No se especifica, sin embargo, un número de víctimas: los medios las cifran entre 30.000 y 50.000.

“Fui separado de mi familia a los 10 años. Nunca más vi a mi madre, que aún estaba viva. Tardé 40 años en encontrar a mis hermanos, fue gracias a Internet”, relata Miesem, que tiene 59 años y que se reunió, en el lugar donde se difundieron las conclusiones, con otras víctimas para manifestar su descontento con el informe final. “Creemos que los resultados alcanzados son ridículos comparados al mal padecido”.

La mesa redonda que ha analizado los hechos aprobó in extremis, un día antes del cierre de sus trabajos, la creación de un fondo de 120 millones de euros destinado a las indemnizaciones, al que contribuirán a partes iguales la Iglesia, el Estado federal y los länder. Del total, 20 millones de euros serán para las pensiones de quienes, como Miesem, trabajaron de niños como carpinteros, tejedores, mecánicos, etcétera.

Las víctimas reclamaban un fondo de 450 millones, pero, ante el riesgo de que no se aprobara ninguna suma de dinero, aceptaron un compromiso que ahora tachan de “farsa”. Asimismo, lamentan que no pudieron consultar con sus abogados mientras participaban en los trabajos y que el informe no cuenta toda la verdad.

“Es un escándalo”, repite Friedhelm Münter, 58 años, un señor robusto de barba blanca, mientras cuelga una pancarta con su historia y distribuye informaciones sobre su caso. Su tragedia empezó cuando tenía tres meses y entró por primera vez en el orfanato de Münster. Desde ahí pasó por varias instituciones más y padeció todo tipo de violencia.

Desde la “hermana Ilse”, quien lo obligaba a enseñar frente a todos los compañeros que se había orinado encima, hasta un educador del orfanato de Werl, en el norte, que abusó sexualmente de él. Sufrió además la prohibición de ver a su madre, quien había sido declarada incapaz de mantener un hijo parido fuera del matrimonio, y la traumática separación de su hermana, que estaba en el mismo internado, a la edad de cinco años. “A pesar de que se me podría haber devuelto a mi madre, esto no ocurrió”, explica. “Me echaron fuera del orfanato, a la sociedad, como una persona traumatizada. Soy víctima de la destrucción institucional de mi infancia y de la violación sistemática de mis derechos humanos”.

Según otra decisión polémica de la comisión, cada víctima tendrá que solicitar por separado una indemnización, que dependerá de los abusos sufridos. No habrá por tanto una suma igual para todos, como pedían los afectados. Se calcula que cada una recibirá entre 3.000 y 4.000 euros.

Demasiado poco para quienes, como Hannelore Abraham, de 65 años, padecen todavía graves consecuencias. “No puedo viajar en autobús o tranvía, me molestan los espacios cerrados y la cercanía de la gente, me da pánico estar en habitaciones con las ventanas cerradas…” Abraham, una señora de ojos azules claros que usa bastón, enumera sus miedos fruto de los castigos padecidos en el orfanato durante su niñez. “Los repetidos castigos en aislamiento, en cuartos pequeños, oscuros y sin ventanas me traumatizaron”, explica. A pesar de todo, ofrece asistencia a las otras víctimas como asesora de la Asociación de Antiguos Internos.

Se les conoce con las siglas MENA(menores extranjeros no acompañados) y forman un colectivo engorroso para la Administración, que se debate entre la necesidad de regular el desbordado flujo migratorio y su deber de ampararlos por su condición de menores. Su realidad jurídica y social se refleja en un informe elaborado hace unos meses por Unicef España y el Consejo General de la Abogacía española que lleva por título Ni ilegales ni invisibles.

“El fenómeno migratorio no es nuevo ni acabará con la crisis”, afirma Marta Arias, directora de políticas de infancia de Unicef, quien explica que “surgen nuevos problemas, por lo que la legislación debe apresurarse y adaptarse a la realidad”. “Y, sobre todo –añade–, hay que tener en cuenta que son niños antes que extranjeros y sus derechos deben estar por encima del interés de un Estado”. Para ella el mayor problema no es que falte una garantía legal, “sino que en la práctica no se respeta”.

Algunos chicos viven o han vivido en centros tutelados, otros se han escapado porque consideraban que no les trataban bien y han cambiado o esperan cambiar de ciudad en busca de algo más de suerte; los hay que se quedaron en la calle el día en que cumplieron los 18 años, sin recibir el prometido regalo de una documentación en regla al que tenían derecho como menores tutelados; a otros les han expulsado con sólo 16 o 17 años, acusándolos de portar documentación falsa.

Muchos delinquen, sobre todo en las ciudades más grandes, donde andan perdidos en la nebulosa de la cola, la droga de los niños pobres. Otros comparten pisos de emancipación que paga la Administración, donde disponen de cama y comida, y asisten a cursos formativos. Pero no saben qué harán cuando se acabe la ayuda si no obtienen los papeles que les autorizan a acceder a un empleo. Los que han tenido más suerte hablan de un asistente social, de una oenegé o de algún amigo que han encontrado en el camino y sin los que, aseguran, no hubiesen salido adelante.

Desde la fundación Raíces, que trabaja en la defensa jurídica de menores inmigrantes, el abogado Nacho de la Mata denuncia que “es absurdo invertir en formar a un menor inmigrante si al cumplir los 18 años se le deja en una situación irregular”. “Cuando la Administración incumple la ley pone en la calle a menores que se han formado en el sistema de protección y a los que se ha dedicado un dinero público”, concluye.

http://www.lavanguardia.es/vida/20110107/54098490999/madurar-antes-de-tiempo.html

En España, uno de cada cuatro niños está en riesgo de pobreza. Lo dice Unicef en su informe sobre la infancia. Y hemos querido saber un poco más. Así nos hemos enterado de que en nuestro país no hay una estadística completa que refleje la realidad de los menores que están acogidos en instituciones públicas. Se calcula que son cerca de 35.000. Una tremenda paradoja, si tenemos en cuenta que somos uno de los países con mayores índices de adopción en el extranjero. Otros niños con dificultades son los inmigrantes, que llegan sólos a nuestro país. Emprenden largos viajes, soportan penurias y en ocasiones, las comunidades autónomas no reconocen su status de menor. Unos y otros son niños invisibles, porque pasan desapercibidos para las instituciones y para la sociedad.

http://www.rtve.es/mediateca/videos/20101120/informe-semanal-ninos-invisibles/936588.shtml

Son niños de familias calificadas como no actas para criarlos y educarlos, la mayoría de los que conocemos los padres han sido desclasificados como padres, con meras suposiciones, sin ninguna prueba ni criterio paralelo. El informe de un equipo de funcionarios de los servicios sociales de menores es ley, con una escusa que les importa muy poco, “El bien superior del menor “, con este pretexto el cual si fuera verdad respetarían, se están realizando secuestros institucionales. Esto no supone ninguna garantía social para unos padres que han estado criando y educando a sus hijos, pagando sus correspondientes impuestos, pero por una crisis social, caen en la tentación de pedirles ayuda o son falsamente denunciados, como nos relatan algunas familias. El caso es que no se contempla la familia extensa, ayudas económicas, atención psicológica etc. Directamente se opta por la tutela, pre adopción. Aquí nadie se pregunta si ese niño tiene padres, o porque motivo esta en este centro, el altruismo pasa de largo sobre los derechos del niño y la familia, dando lugar a satisfacer y llenar de altruismo y satisfacción a unos padres adoptivos que estoy seguro que nunca se han preguntado si ese niño tenía unos padres pobres, y si es justo o injusto la separación del niño de los mismos.

Que los servicios sociales lo hacen bien, que son equipos en los que los altos cargos buying online confían y propagan lo bien que lo hacen, ¿sí? Que no te toque, porque se te va a caer el estúpido velo que todos llevamos en esta hipócrita sociedad, enla que la difamar, humillar, desestructurar familias humildes y maltratar niños está saliendo gratis a unos y otros están ganando mucho dinero.

A.N.PRO.DE.FA

El 25 de septiembre varias asociaciones en defensa de la memoria histórica presentaban ante un juzgado madrileño algunos de los presuntos implicados, médicos y miembros de la Iglesia, y lugares, clínicas y hospicios, donde se habría traficado con neonatos durante el Franquismo. Gracias a esta denuncia, y a otras que también se han interpuesto en Aragón y Andalucía, y a otros testimonios a los que DIAGONAL ha tenido acceso podemos ofrecer el primer mapeo de esta práctica que habría afectado a miles y miles de familias, según reconoce Mari Cruz Martínez, antigua presidenta de Derecho a Saber, que durante años se ha dedicado a investigar estos sucesos. Uno de estos casos es el de Isabel, que siendo menor fue obligada por sus padres a ir en 1974 a un piso a Bilbao desde Canarias para entregar después a su bebé, que ha narrado a DIAGONAL los más de 30 años que lleva buscando a su hijo.

“Se ha jugado con el miedo de las personas”

De algunas de las adopciones han pasado ya muchos años, pero estos sucesos han sido “silenciados” hasta hoy, ¿por qué esta situación conocida más o menos en Bilbao o en otros sitios no ha tenido mayor trascendencia?
Que no haya tenido trascendencia, se debe principalmente a que se ha jugado con el miedo. Primero a las consecuencias legales que hubiese tenido en fechas anteriores al año 2000. También por las ramificaciones que tienen estas adopciones entre ellas las de personas íntimamente ligadas al Estado, Iglesia, política, medicina, abogacía y otras profesiones que por su calibre verían comprometido su buen nombre. Todo ello ha hecho que se esté ojo avizor con este tema para parar cualquier tipo de investigación o reclamación que puedan hacer tanto los hijos adoptivos como las madres biológicas. Incluso me atrevo a decir que por parte del Estado y de la Iglesia, si hubiese algún tipo de investigación será indiscutiblemente entorpecida por las mismas personas que rodean este tema. Todavía tienen el peso suficiente para ejercer su influencia, igualmente muchos involucrados forman parte hoy día de la sociedad mas exquisita y con puestos tan importantes como para que conozcamos a algunos de ellos a través de los medios. Su caché social les hace intocables.

Por ejemplo, individualmente muchas personas hemos ido a buscar a la Diputación. La primera vez que me personé para hablar de este tema y pedir ayuda y que se encontrara a mi hijo fue en 1978. Posteriormente, en años casi sucesivos he seguido yendo sin conseguir que me escuchasen. La última vez que me personé en las instalaciones de la Diputación fue en 1994, más bien me miraban como si estuviese loca o cometiendo algún pecado, nunca jamás se me admitió a trámite ningún tipo de reclamación. Si hubiera sido así, tendría que haber llevado sello de entrada con número de registro y eso hubiese significado que el Estado se enterara del asunto oficialmente. Sé que otras personas han hecho lo mismo que yo, inclusive este mismo año. Lo único que hemos conseguido son buenas palabras, “vamos a ver”, “le avisaremos”, “no habíamos oído hablar antes de algo parecido”. Pero, sigue sin admitirse ni una sola reclamación oficial. En los años que llevo en contacto con personas en situaciones similares, no he encontrado a ninguna que posea un comprobante con sello de entrada y fecha de registro de su reclamación.

Incluso, el juez Baltasar Garzón ha llegado a afirmar que esto ha sido más grave que lo ocurrido en Argentina, ¿cómo os enterasteis de vuestra situación?
Si no más grave, se podrían equiparar perfectamente las dos situaciones. Al igual que muchos niños fueron adoptados dentro y fuera de Argentina, aquí pasó lo mismo. Por ejemplo, hay un afamado arquitecto a nivel mundial de unos 34 o 36 años aproximadamente, que fue dado en adopción fuera de España a través de Mercedes Grass. Al igual que muchos otros anónimos.

En el caso de las madres biológicas nos enteramos porque vivimos la situación desde el epicentro, los hijos adoptivos se han enterado la mayoría después de haber cumplido entre 26 y 30 años. Si lo supieron antes, fue porque o no concordaban con la familia que los adoptó o porque habían tantas diferencias físicas que lo sabían sin que se lo dijeran. Muchos hijos que se creían biológicos se han llevado la sorpresa. Hay de todo, desde fechas de nacimiento cambiadas, hasta personas inscritas en dos países distintos o nacidas en Bilbao y posteriormente registradas en Madrid, concretamente en la Clínica O´Donnell. Lo más triste de todo esto es su objetivo principal: eliminar rastros para que madres e hijos no se pudiesen encontrar. En el caso de las madres biológicas hubo de todo, desde la jovencita que no podía cuidar a ese hijo y tuvo que darlo en adopción, a otras que si querían a sus hijos pero que eran obligadas por la familia a ir a casa de Mercedes para pasar el embarazo; otras que por falta de medios y una familia que las quisiese ayudar terminaban pidiendo ayuda a sacerdotes y monjas. Ayuda para tener un techo, comer y unos mínimos cuidados médicos, además de trabajo o seguir estudiando, unas sabiendo a lo que iban aunque no querían y otras sin saberlo pero que se enteraban allí y tampoco querían dejar a su hijo. Hay que retrotraerse a los años ’70, en mi caso, e incluso a los ’80 y parte de los ’90 para hacerse una idea de las diferencias sociales y culturales. La presión de todo tipo, religiosa, familiar y social que tenían las menores en esos años e incluso alguna mayor de edad. Básicamente eran menores ninguneadas, humilladas, despreciadas de la clase baja y media. Igualmente de la media alta y alta, pero con la diferencia que la familia tomaba el mando para ocultar la mancha que significaba tener una hija embarazada soltera y un nieto bastardo.

La mayoría de edad se alcanzaba con 21 años, con la democracia fue lo mismo, pero barnizado. Ser mayor de edad con 18 años tampoco significaba ninguna diferencia, las normas morales y sociales seguían siendo las mismas. Había muchas maneras de hacerte el lavado de cerebro y doblegar tu voluntad, desde reconversiones y charlas exhaustivas para demostrarte el daño tan grande que le hacías a la familia, hasta palizas, amenazas e, incluso, encierros en reformatorios, colegios de monjas y otra serie de sitios como tu propia casa, de la que no podías salir a no ser que te pusieras una faja que te cortaba la respiración, para que no se notara nada.

En el caso de los adoptados al enterarse entraban en un lógico shock, preguntaban de todo sin encontrar respuestas, porque los padres adoptivos no quieren hablar de ello en su mayoría. Llega un momento lógico que los adoptados dejan de preguntar a sus padres para no hacerles daño, porque los quieren y ellos se muestran vulnerables con ese tema. Comprendo perfectamente que los adoptados quieran a sus padres adoptivos como propios porque les han criado, querido y consolado desde pequeños, pero no veo bien el chantaje emocional que ejercen desde el cariño para no hablar de un tema tan importante para un hijo al que quieres con toda tu alma.

Después de esto suelen empezar las averiguaciones por su cuenta, sacan partidas de nacimiento literales o el legajo del nacimiento. Empiezan a buscar por todos sitios información, hablan con tíos o primos que puedan saber algo, otros con amistades. Después contactan con otros adoptados y preguntan en las instituciones buscando ayuda y poder encontrar así sus raíces. Les llegan informaciones contrapuestas, la verdad disfrazada de su propia familia y en algunos casos mentiras. Por suerte, algunos tienen la suerte de saber la verdad desde el principio, hay padres adoptivos que saben la verdad y tienen nombres y contactos, hay padres adoptivos que realmente no saben nada más que el modo en que adoptaron. En todo el proceso, desde que se enteran de verdad, y no es una intuición o una palabra suelta escuchada detrás de una puerta, tienen muchos altibajos emocionales, inseguridades, remordimientos porque sienten que están traicionando a sus padres adoptivos, al mismo tiempo piensan que fueron abandonados porque no los querían y mil cosas más, casi todas truculentas. No juzgar que pasó antes de saber es peligroso, pero es una defensa inconsciente que les asalta continuamente debido a las dudas y a las barreras que les ponen para saber. Con el deseo de encontrar no ya para recuperar nada porque es imposible, pero si ver la cara de la madre que te parió, escuchar su historia, saber sus motivos o las causas propias o ajenas que hicieron que se cambiara el curso de sus historias personales. No creo que haya nada peor que pensar que tu madre no te quería, te abandonó, te regaló o vete tú a saber.

Por otro lado, hay una cuestión que pocas veces se menciona. Hay madres biológicas menores, que firmaron la adopción de su hijo, otras muchas que no lo hicieron, pero nadie ha se ha parado a reflexionar sobre qué valor puede tener la firma de una menor cuando ha sido presionada y obligada a firmar incluso bajo amenazas (no es mi caso porque yo no firmé nada y sabían que si lo intentaban rompería en mil pedazos el papel). Conozco casos en los que los padres o algún miembro de la familia acompañaban a la menor a firmar, quisiera o no. También es posible que en representación de la menor ausente firmaran los padres. ¿Es legal eso? Parece un abuso de menores en todos los sentidos de la palabra. Estos pequeños ejemplos eran la atmósfera que se respiraba.

A la hora de intentar recomponer vuestra vida privada, ¿con qué trabas os habéis encontrado, ya sea tanto a nivel personal o a nivel institucional? ¿Creéis que alguna vez se podrán encontrar las pruebas que demuestren todo lo que denunciáis? ¿Recomponer la vida privada? En algunos casos hasta puede que lo consigan, generalmente no se consigue, sólo vives pensando llegar a la mayoría de edad para buscar al hijo que te quitaron. En ese intervalo de tiempo que pasas siendo menor hasta que eres en adulto por decreto, le das mil vueltas a la cabeza. Haces infinidad de planes de cómo vas a buscar, qué vas a hacer. Sólo te mantiene la esperanza de que una vez adulta, porque la ley así lo dice recuperarás a tu hijo. Craso error.

Intentas conservar alguna prueba, en mi caso dejé constancia de mi embarazo (no voy a decir como). Intentas mantener algún tipo de contacto con personas del entorno en el que estabas y lo guardas como oro en paño. También vives atormentada, triste, enfadada y sola, muy sola. Te da la sensación que más que caminar te arrastras, no duermes, tienes que ponerte una mascara para poder relacionarte con los demás. Te vuelves desconfiada, mal pensada, te relacionas con los demás en función de las aportaciones sociales y contactos que tengas para poder entrar en ciertos círculos que crees te pueden introducir en la tela de araña indicada (ni se pueden imaginar hasta donde pude llegar). Empiezas a buscar en tu mente cosas que podías haber hecho para estar con tu hijo, pero por más que pienses tenía que haber hecho esto o lo otro era imposible. La maquinaria estaba diseñada para precisamente privarte de cualquier tipo de recurso, en mi caso fue así porque yo no quería bajo ningún concepto dejarlo. Lo tuve en mis brazos y me lo arrancaron. Después te duermen y cuando despiertas ya no está, se valen de tu vulnerabilidad física y emocional para hacer lo que quieren.

Dejando a un lado las vivencias de ese momento, una vez llegas a la mayoría de edad empiezas a buscar, pero ni sabes por donde empezar. Lo primero de todo es ir al sitio de donde saliste unos años atrás vacía. Tocas a la puerta para hablar y reclamar a tu hijo, te encuentras con palabras como estas: “Aquí no has estado nunca”; “te lo advierto, todo está borrado. No existes. No hay nada, estás loca”. “Te expones a una denuncia y no podrás probar nada”. Te echan de malos modos y te dan con la puerta en las narices, visitas al cura que hacía de ’consejero espiritual’ en el piso, te da una charla sobre la vida, que olvides el pasado y te aconseja por tu bien que desistas. La verdadera prueba de fe está en aceptar los designios de Dios, intentas no quemar ese contacto para seguir insistiendo de otras maneras. Todo inútil. También buscas a alguna compañera de convivencia en el ’piso’, pero no sabe nada. Una conversación tensa de la que no sacas nada en claro. Al fin y al cabo también pasó desasosiegos parecidos aunque a lo mejor de manera diferente. Buscas a otras personas que estuvieron contigo, a unas las encuentras a otras no. Encargas pesquisas a algún detective, al final nada de nada, porque aunque encuentre pequeñas pistas terminan desvaneciéndose.

Pero sigues, no te puedes creer que no te crean. No puedes creer que no haya nadie que quiera ayudarte. No te puedes creer que todo esté tan bien organizado para el olvido, pero sigues. Entre tantos “no” es posible que encuentres un “sí”, no importa cuantas veces te caigas por el camino. No importa cuantas puertas se cierren. No importa que tus amistades y conocidos sean una farsa en tu fuero interno, aunque necesitas relacionarte con los demás como ser humano, tus relaciones personales son una mentira. No puedes hablar de ello con nadie, sabes que a mucha gente que conoces ni te importan, ni te interesan. Ni tu tampoco a ellos. Lo sabes aunque no lo demuestren, pero tienes que estar por si hay algún resquicio. Tienes miedo de que te miren mal y te aparten. Tienes miedo a que desaparezca alguna prueba externa si existe. Tienes miedo a no encontrar a tu hijo. Aunque puedas parecer de cara a la galería una persona normal, no lo eres, tú notas la diferencia entre ellos y tu. Pero sigues.

A nivel institucional nada. Ni saben, ni quieren saber. Aunque en algunas ocasiones se ponen muy nerviosos, las puertas siguen cerradas.

Sí creo firmemente que se puede encontrar si las personas colaborasen. Sí creo que se puede encontrar, si la compra-venta de favores no existiera. Sí creo, si se deja de tener miedo al que dirán y las personas que tienen expedientes o algún tipo de dato importante o que participaron tanto voluntariamente como involuntariamente hablara. Pero es una utopía, el peso de la ’honra’ mal entendida, el seguir siendo personas de bien por fuera aunque no por dentro, la mala conciencia, los compromisos morales y religiosos adquiridos y la reputación amén del dinero y la posición social impide que muchas personas cierren el círculo de su propia vida. Así viven sin saber ni siquiera que bagaje biológico van a aportar a sus hijos o si son portadores, sin saberlo, de algún tipo de enfermedad que se pueda atajar haciendo revisiones especiales o simplemente saber quien era la persona que los llevó en su vientre.

Pero los primeros interesados en que no se averigüe nada son las instituciones, mejor dicho, las personas que forman parte de nuestras instituciones oficiales y privadas.

Según se avancen las investigaciones iniciadas en Madrid se podrían conocer nuevos datos, me imagino que estaréis deseando conocer nuevos datos o es un tema tan complicado que esto puede ser muy duro anímicamente…
Sólo se van a conocer unos pocos datos, los reales no. En primer lugar, porque a los médicos y personal sanitario involucrado no les interesa, además de los abogados, notarios y personal funcionario de aquella época. Duro anímicamente no, no será mas duro de lo que ha sido hasta ahora, creo que más bien se sentirá alivio. Vivir sin saber los por qué de los acontecimientos y el cómo es todavía peor.

¿Por qué decides empezar a difundir tu situación por internet? ¿Has tenido algún problema desde entonces? Decido difundir por internet porque mis pesquisas llegaron a un callejón sin salida. No tenía acceso a conocer por otras vías a personas que hubiesen vivido lo mismo. Alguna vez encontré cosas, menos lo que me interesaba, gente adoptada nacida en Bilbao, otras madres que hubiesen estado en los pisos de Mercedes. Tenía que viajar mucho para seguir investigando y llegó un momento que estaba ahogada económicamente, compaginaba trabajo, hijos, investigación, estudio.

Hacer todo sola ha sido complicado y difícil, pero lo hacía. A veces trabajaba en varios sitios porque tenía que capitalizarme, como me ha sido imposible dormir con normalidad tampoco echaba de menos quitar horas al sueño para que me diera tiempo a todo. El ajetreo continuo, el trabajo y la investigación constante hacía que no me quedara tiempo para pensar en mi misma. Si hubiese podido pensar me hubiese vuelto loca, escogí tener ocupadas las 24 horas. Cuando dormía era por cansancio físico y emocional agudo y si quedaba algún hueco rápidamente lo llenaba. Lo mas importante era tener la mente ocupada, dejé de verme. No me podía permitir vivir, porque significaba tener que pensar y no podía pensar, porque entonces me hubiese vuelto loca.

Problemas en internet no, si quitamos los desagradables correos en los que te dicen “si lo distes, ahora que quieres”, “no te da vergüenza estropear la vida de tu hijo, que tiene unos padres que sí lo quieren” o “ten otro y se te quita todo”. Yo que sé. He puesto sólo lo suave, lo que sí he encontrado son multitud de adoptados que quieren saber que pasó y por qué fueron adoptados. Son personas normales, que quieren a sus padres adoptivos muchísimo y los consideran sus verdaderos padres; otros que se quedaron huérfanos siendo pequeños; otros que les fue mal en la adopción. He encontrado todo tipo de situaciones, pero el común denominador de todos ellos es saber de dónde vengo y quién era mi madre biológica, mirarla y saber por qué no me pudo tener con ella, saber si tienen hermanos. ¡Han echado de menos tanto tener un hermano/a!.

Aunque en principio, comenzó como una venganza ante las “madres rojas”, después se convirtió en un negocio, ¿por qué esto no ha significado un handicap para que esto siga siendo un tema totalmente tabú?
Hay que hacer una diferencia básica en las adopciones. Cuando se acabaron por temas políticos, se siguió la misma dinámica en dos vertientes diferentes. Una, la de “hacer una obra de caridad” con madres que realmente no podían mantener a sus hijos, con niños que se dejaban en el torno de la Casa Cuna, precisamente por la vergüenza de haber tenido un hijo en relaciones pecaminosas y encima estar soltera. Situaciones que todos conocemos como puede ser que el señorito de turno estuviese con la criada o bien porque el novio te dejó embarazada y no se hacía cargo, aunque fueses de clase alta o baja, una violación, etc. Además, empezó a haber una demanda bastante importante por parte de matrimonios en el transcurso de la paz, matrimonios que no podían tener hijos y que eran objeto de cuchicheos por ser estéril. En esa época no era plato de gusto, además que todas las mujeres en algún momento de su vida sienten la necesidad de ser madre y si no puedes haces lo posible por tener un bebé. Muchas señoras antes de adoptar fingían un embarazo o se iban de viaje y venían con un niño/a, muy pocos matrimonios reconocían abiertamente las adopciones ante los demás.

Debió de dispararse el número de matrimonios que querían adoptar y disminuir el número de madres que daban en adopción a sus hijos, al subir el nivel de vida de la población podrían quedarse con ellos e incluso enfrentar la situación de vergüenza (conozco algunas que lo hicieron así), y seguro que en este punto es donde empezaría el problema.

La otra vertiente han sido las adopciones forzadas e ilegales que nacerían por esa época. En principio no descarto que siguieran habiendo adopciones caritativas, pero al escasear los bebés y haber madres dispuestas a quedarse con sus hijos y ante la vergüenza que supondría para la familia este hecho, la mejor opción era obligarlas y para eso nada mejor que contar con la experiencia que ya tenían las instituciones y sobre todo el personal relacionado con ellas.

No olvidemos que a lo largo de la historia ha habido embarazos no deseados de relaciones “pecaminosas” en la nobleza y en la alta burguesía, en la que esos niños iban a parar a otras familias. Históricamente hablando, esto pasaba mucho menos en las clases bajas.

Al igual que la división entre el bien y el mal, la división entre un tipo de adopción y otro tienen una línea tan fina que se puede traspasar sin apenas darte cuenta. Es posible que una buena señora muy pía y devota que se ocupase de las casas de madres solteras o de enfermos o simplemente que colaboraba con instituciones se viese tentada por ofertas y prebendas. Claro que siendo cautos, de cara a la galería estaba muy mal visto e incluso penado, muy bien visto de puertas para adentro y la salvación del honor y la honra de la familia o niña de turno. No olvidemos que la sociedad de entonces tenía sus propias normas morales y quería ser impecable, además la alianza Iglesia/Estado formaba un binomio perfecto y lo que hacía uno, lo tapaba el otro y viceversa.

Como eras menor y poco menos que ni existías a todos los efectos que no fuese tu propia familia, era perfecto. La familia manda, personas que se ocupaban de esos menesteres tenían el ganado, las instituciones hacían la vista gorda, las personas que trabajaban en las instituciones se sentían a salvo de lo que firmaran. Nadie cuestionaba, nadie preguntaba, te tapaban la boca de mil maneras, y al final el matrimonio tenía su precioso bebe tan anhelado.

La red se pudo extender por la impunidad que tenían algunos, otros lo aprovecharon y se dedicaron a lo mismo.

Tabú ¿por qué? Fácil, todos se conocen, todos saben lo que hacen, todos lo justifican. Hay que encontrar una justificación si no sería demasiado monstruoso, todos callan porque si habla alguno el castillo se les cae como si fueran naipes, tienen demasiadas cosas que ocultar incluso para si mismos. En momentos de sus vidas fueron cómplices unos de otros, hicieron sus arreglos incluso dentro de sus propias familias, “no te preocupes, si tu hija está embarazada yo me encargo”, se pide el favor y se hace. Ya lo debes, en otro momento te pedirán a ti que lo devuelvas: “Fulanito y menganita tienen un bebé que hay que llevar o traer”; “Tus primos quieren adoptar un niño, yo se lo doy”. Cuando digo dentro de sus propias familias, me quiero referir al circulo en el que se movían y mueven.

¿Has conocido a algún bebé robado o mujer a la que le quitarán su recién nacido? En tal caso, ¿cómo fue el encuentro con ellos? ¿Crees denuncias como las que recientemente se han producido pueden ayudar a que más gente se atreva a reconocer sus dudas o puede tener el efecto contrario de que sirva para que las pruebas que quedan sean eliminadas?
Conozco a muchos adoptados. No se cuál de ellos será robado o no, pero son personas que necesitan poner su vida en orden. Aunque aparentemente la tengan bien, lo llevan como pueden. A veces buscan con más ganas que otras, porque la presión emocional es fuerte y a veces hay que descansar y darse un respiro, pero no suelen abandonar la búsqueda. Son personas normales pero que tienen sus carencias y procuran no demostrarlo, lo dejan para su intimidad y no voy a contar intimidades ajenas.

Sí que la ARMH puede ayudar muchísimo. Dar a conocer una etapa social de España es muy importante, es un arma de doble filo. Da pie a que otras personas no tengan miedo a salir a buscar y preguntar, porque todavía se tiene miedo y se va con precaución. Si destruyen expedientes o desaparecen sería tremendo, es el riesgo que se corre. No me cabe la menor duda que en algunos sitios pasará, también puede pasar si no se hace nada. Al igual que en las guerras, la fuerza de la masa es la que moviliza, la masa es la que se ve y la masa es la que se oye. Si tenemos en cuenta que la gente se moviliza para cualquier otra cuestión, ¿por qué no solidarizarse y reclamar para personas que tienes al lado y que sufren la perdida de su identidad? Pero somos hipócritas y hacemos causa común en problemas ajenos que no supongan molestias de conciencia porque a poco que miremos cerca encontraremos que alguien muy cercano tiene algo que esconder. Como colofón, me da pena ver como los juzgados están abarrotados de expedientes de casos que parecen prosaicos y populistas, por la fama de muchos personajes. Se gasta mucho dinero oficial, cuando se pone en marcha la maquinaria judicial para perseguir cosas más peregrinas. Sin embargo, no para casos realmente graves y serios. Para que las clínicas, médicos, abogados, particulares y la propia Iglesia abran los expedientes guardados, no. Para la gente que quiere saber y pueda dormir tranquila por la noche, no.

http://www.diagonalperiodico.net/Al-descubierto-la-trama-de.html?var_recherche=ninos+robados

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad ha anunciado este jueves a las comunidades autónomas, reunidas en la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, sobre la elaboración de un anteproyecto de ley para impulsar el acogimiento familiar de los menores de entre 0 y 6 años que se encuentran internados en centros, que supondrá la reforma del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Así lo ha anunciado la secretaria general de Política Social, Isabel Martínez, tras participar junto a la ministra Leire Pajín en este encuentro con los responsables autonómicos en materia de Asuntos Sociales en la sede de su departamento. Esta medida responde a las recomendaciones de la Comisión Especial de Estudio de la Adopción Nacional del Senado.

“Hay demasiados niños internados en centros en España y hay que ir a fórmulas más efectivas y garantistas de los derechos del menor”, ha indicado Martínez, para añadir que “está demostrado que un menor donde mejor está es con una familia”.

Si bien ha reconocido que las políticas relativas al menor “son competencia exclusiva de las comunidades autónomas”, también ha recordado que el Ministerio de Sanidad Política Social e Igualdad debe establecer marcos legales para incentivar determinadas políticas.

Así, ha señalado que su departamento trabajará con el Ministerio de Justicia para modificar la leyes necesarias con el objetivo de “priorizar” el acogimiento familiar de los niños y, en su caso, la adopción, frente a la estancia en un centro. También ha asegurado que pretende que este borrador pueda presentarse en el primer semestre de 2011.

Martínez ha argumentado que este proyecto tiene como objetivo “redefinir” la situación de amparo y desamparo de los menores, su tutela, la figura de la ‘familia acogedora’ y reducir la estancia en los centros de acogida. “Queremos revisar todo esto y adaptarlo a los modelos que tienen los países de nuestro entorno para hacerlo más ágil y con mayores garantías”, ha apostillado.

Por último, el Gobierno ha informado también a las comunidades autónomas sobre tres proyectos normativos para las personas con discapacidad, como el “refuerzo” de sus derechos mediante la adaptación a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la “mejora” de las condiciones de vida en el mercado de trabajo y la “facilitación” del acceso y la utilización de los bienes y servicios a disposición del publico.

href=”http://www.europapress.es/nacional/noticia-gobierno-prepara-reforma-codigo-civil-impulsar-acogimiento-familiar-menores-internos-centro-20110127170153.html”>http://www.europapress.es/nacional/noticia-gobierno-prepara-reforma-codigo-civil-impulsar-acogimiento-familiar-menores-internos-centro-20110127170153.html

Administración de la Fiscalía de Menoresrtve

Existen dos tipos de centros: reforma y protecciónrtve

Documentos TV ha hablado con los menores internadosrtve

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Causas de menores

RTVE.es 28.09.2010En 2004 Phillip García, de 16 años, aparece muerto en un centro de menores de Tenerife. Cinco años después, la justicia imputó por torturas y amenazas a varios trabajadores del centro. La historia de este joven no es la única que aparece en este documental, que comienza preguntándose por los delitos y castigos de aquellos que aún no han cumplido dieciocho años.

Los crímenes más terribles, protagonizados por menores suelen ocupar portadas, debates y generar viscerales. Sin embargo, el delito más común es el robo y en estos últimos años ha aumentado alarmantemente hasta un 20%, el maltrato de los hijos a sus propios padres.
Existen dos tipos de centros para menores: los de reforma, donde van los que han cometido un delito a partir de los catorce años y los de protección, en los que viven los niños sin familia o los tutelados por la Administración.

¿Qué separa a un niño peligroso de un menor en peligro?

Documentos Tv ha entrado en los centros de medidas judiciales y ha hablado con los menores que cumplen penas de internamiento. Fiscales, comunidades autónomas, jueces, educadores y familias, nos han relatado algunos de los aspectos más desconocidos de la justicia juvenil en España.

“Menores y guardianes” no solo relata los delitos que comenten los jóvenes y su tratamiento, sino que es la crónica del recorrido, que separa a un niño peligroso de un menor en peligro.

Desde 2001, y a diferencia de las cárceles para adultos, las diferentes Administraciones han otorgado la gestión de estos centros a entidades privadas, sin ánimo de lucro, cuyos presupuestos manejan decenas de millones de euros.

Pero no es la única crítica que reciben estos centros. “Menores y guardianes” recoge las denuncias de familiares, educadores e instituciones por abusos, malos tratos y aislamiento. Así lo constataron sendos informes que en 2009, el Defensor del Pueblo y Amnistía Internacional emitieron y que la justicia está investigando, actualmente en toda España.

El sábado pasado estuvimos presenciando la conferencia que dio Emilio Calatayud juez de menores de granada.

El  juez D. Emilio Calatayud hablo sobre la delincuencia, los menores y la ley.

Nos comento barias sentencias ejemplares en el juzgado de menores donde ejerce.

Obligó a aprender a leer y a escribir a un muchacho analfabeto acusado de robar material de construcción; e impuso a un chaval que conducía una motocicleta sin seguro un castigo tan singular como el de dibujar un cómic narrando el delito que había cometido. Es el juez de Menores de Granada, Emilio Calatayud, cuya fama ha traspasado las fronteras españolas.

Basándose siempre en la en la reinserción del menor, aprovechando la sentencia con fines educativos para el bien del menor, dicta sentencias, condenando al menor a aprender a leer, a aprobar los estudios, si ha causado daños por vandalismo, a limpiar durante 200 horas grafitis etc.

Destaca y critica el énfasis que han adquirido los derechos del menor y la desigualdad en cuanto a los deberes del mismo, de con la familia. La cual está en ocasiones atada de pies y manos para aconsejar a los mismos, darles la correspondiente educación como está establecido.

Nos ha descrito la manera de proceder si no queremos contribuir a formar una sociedad de irresponsables, sinvergüenzas y delincuentes.

Nos ha dicho que debemos ser padres y no amigos de nuestros hijos, eso sí con el debido respeto, cariño y autoridad.

José Antonio Pérez.

Muy dura es la lucha que la burgalesa afincada en Aranda de Duero, Pilar Martín Alonso, está manteniendo contra la sección de menores de la administración autónoma desde que en el mes de marzo de 2010. Fue entonces cuando el departamento de Servicios Sociales de Burgos decidió apartarla de su hija Alba a los nueve años, alegando el desamparo de la menor y asumiendo la tutela legal de la niña la superiora de un hogar infantil de la Junta en Mojados (Valladolid). A la restricción de visitas quincenales se ha sumado un  empeoramiento de la situación dejando a la madre acudir al centro vallisoletano una vez al mes. Por si esto fuera poco, la última comisión de valoración ha decidido prohibir las comunicaciones telefónicas semanales con la pequeña durante los próximos dos meses.

El gerente territorial de Servicios Sociales, Ignacio Díez Azcárraga, alega en el documento que deja sin efecto las comunicaciones telefónicas, que la menor ha pedido a otros menores los números de teléfono de sus familias, algo que “cabe suponer que esta conducta de la menor ha sido solicitada por su madre”. En el escrito también señala que se ha constatado que la madre “ha contactado con familiares de alguno de los menores a efectos de obtener información sobre su hija”. Por tanto, entienden desde la gerencia que el comportamiento de la madre “está teniendo consecuencias indeseables en su propia hija y en otros menores del centro, dado que hace un uso inadecuado de las conversaciones telefónicas”. Pilar Martín asegura que las acusaciones que se hacen desde la Gerencia son inciertas y que a ella no se la ocurriría hacer eso “sabiendo que ello repercutiría gravemente en el bienestar de su hija y del resto de los menores tutelados”.

 De todas formas, no entienden los padres cómo también se le ha prohibido llamar por teléfono a la niña a su padre, el ribereño Carlos Santaolalla, cuando a él no se le incluye en la supuesta sanción que se alega desde la administración. “He pedido que me sean aclarados los términos de la comunicación como las consecuencias indeseables en la menor y en otros menores, ¿qué consecuencias son esas?”, se pregunta el padre.

 Para los padres de la menor, “lo que están haciendo es tratar de romper el vínculo de Alba con su familia”. Aseguran sentirse en una completa indefensión y no entienden que la pequeña lleve casi un año viviendo en esta situación cuando podía vivir con su familia, ya que cuentan con un marco familiar idóneo, aseguran. “Esperamos que recapitulen y vuelvan a autorizar llamadas semanales como hasta ahora, ya que tienen autorización verbal y escrita, de los padres para grabar las conversaciones desde hace varias semanas. con esto se evitarian las fabulaciones que han dado lugar a este escrito”, indican.

Casualmente, el escrito en el que se comunica a esta familia que durante dos meses no podrán telefonear a su hija, está fechado el 22 de diciembre de 2010, dos meses antes de celebrarse esa comisión a la que se alude ( el 16 de febrero de 2011). Para Pilar Martín, “este es uno de los muchos errores que llevan cometidos, porque son un montón y yo no quiero que queden impunes”, como el hecho de que desde hace seis meses se comunicase el cambio de dirección de los padres y lleguen los documentos a día de hoy una dirección que no existe, explican.

 Lo único que pide la familia Santaolalla, señalan, es saber porque, una vez conseguidos los objetivos de un marco idóneo, económico y regulada su situación, la pequeña continua tutelada por la Junta, algo que, le parece “un allanamiento institucional”.

  Los nacionalistas no se niegan al debate pero lo consideran inoportuno

   MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

   EL PSOE y el PP han sumado fuerzas en el Pleno del Congreso de los Diputados para rechazar una proposición de ley de IU e ICV que reclamaba cambiar la legislación hipotecaria para obligar a las entidades a aceptar que, con la entrega de la vivienda, sea suficiente para cancelar el préstamo.

   Ambas formaciones han asegurado que la iniciativa, que también  reclamaba el reconocimiento del derecho subjetivo y “judicialmente exigible” de todos los ciudadanos a una vivienda, vulneraba las competencias de las comunidades autónomas en esta materia, un argumento que también han esgrimido CiU y PNV para justificar su abstención.

   La iniciativa, derrotada por 320 votos en contra ocho a favor y nueve abstenciones, contemplaba también la “prohibición de cláusulas abusivas” en los contratos, como la imposición de intereses moratorios superiores a los remuneratorios, los avales por importes que excedan el precio de la propia vivienda y la imposición de comisiones por el estudio o concesión de un préstamos hipotecario.

LA FEMP TAMBIÉN LO HA PEDIDO

   Este mismo martes, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha anunciado que pedirá al Gobierno y a los grupos parlamentarios que contemplen las modificaciones normativas oportunas para que las hipotecas puedan quedar saldadas con la entrega de la vivienda a la entidad financiera.

   La diputada de ICV, Nuria Buenaventura, ha defendido que el coste de este cambio legal sería de 15.000 millones de euros, una cifra “muy inferior” a las ayudas públicas recibidas por la banca española en el marco de la crisis. “El problema no es lo que pierden, sino lo que dejan de ganar”, ha afirmado, señalando que para este año se esperan 300.000 embargos.

   La portavoz de Vivienda en el PSOE, Ana Fuentes Pacheco, ha rechazado un cambio normativo sobre esta cuestión más allá de medidas “puntuales” y “coyunturales” para contrarrestar el impacto de los embargos de parados como consecuencia de la crisis y contrarrestar el “sobreendeudamiento”, como las que el Gobierno “ya está aplicando”.

EL PP RECHAZA EL “INTERVENCIONISMO”

   Por su parte, el diputado del PP Pablo Matos ha asegurado que ve pertinente actuar sobre los “desproporcionados y tremendamente injustos” procedimientos de ejecución hipotecaria, pero ha argumentado su rechazo a la iniciativa ante las que el Gobierno a uqe la iniciativa vulnera las competencias autonómicas provocando “más gasto, más déficit y más intervencionismo”.  

   El portavoz de Vivienda de CiU, Pere Macías, ha recordado que su formación ya propuso en diciembre el establecimiento de la dación en pago pero ha rechazado dar apoyo a la iniciativa porque vulnera las competencias “exclusivas” de las competencias autonómicas. “Están ustedes invadiendo competencias”, ha remarcado.

   El mismo argumento ha sido esgrimido por el diputado del PNV José Ramón Beloki quien ha calificado de “políticamente inoportuna” la propuesta, máxime tras la desaparición del Ministerio de Vivienda. “Pero si el resto de grupos le tiene ganas a este debate, mi grupo no se negará”, ha asegurado el diputado vasco, anticipando su abstención.

Los ocho residentes en la casa de los Hermanos Maristas de Huelva denunciaron castigos físicos y desatención

Los menores se quejaron de la falta de higiene y de que en ocasiones eran abandonados en la calle “sin atención, con más frecuencia de la deseable”. En ese escrito se afirma que “las trabajadoras han sido sensibles a recoger las necesidades y quejas de los menores y que han apoyado su derecho a expresar dichas quejas”. Los menores han manifestado que las agresiones vienen sucediéndose desde “hace tiempo” y que “su determinación de hablar sobre ello en este servicio son explícitas desde hace uno o dos meses”. Las primeras quejas que se conocen son del 12 de agosto de 2010.

Los técnicos que elaboraron el informe consideran que lo declarado por los menores “presenta credibilidad”. Y añaden: “No aparecen indicios de interés personal en dichas declaraciones, sino, al contrario, parece tratarse de un paso que les ha costado dar y del que temen alguna consecuencia negativa”.

La decisión de retirar el concierto se adoptó a principios de este año después de abrir una investigación interna y de comprobar que el centro no adoptó ninguna actuación para corregir la situación, como explicó ayer la delegada provincial para la Igualdad y Bienestar Social, Carmen Lloret.

Más de una vez se emplazó al centro a tomar medidas correctoras, pero los responsables se limitaron a solicitar a la Junta que probara de forma “objetiva e indubitable” el maltrato. La Junta advierte en una de las cartas que aunque no se puedan objetivar las actuaciones de maltrato, dan credibilidad a los menores. Ningún responsable de los Hermanos Maristas respondió a las llamadas de este diario.

La fotografía de las familias de los menores acogidos por desatención está cambiando en el País Vasco. Lejos del tópico de las familias desestructuradas, de clase baja o marginales, crece el número de casos de padres de clase media-alta que pierden a sus hijos o los entregan por abandono físico y emocional. Son familias integradas en la sociedad que pasan totalmente desapercibidas. “Muchas se muestran reticentes a recibir ayuda para ejercer con responsabilidad la tarea de ser padres. Son parejas que no se habitúan a la pérdida de independencia y al ritmo de vida que están acostumbrados a llevar y perciben los hijos como una carga”, explica José Ignacio Insausti, director de Política Social de la Diputación de Guipúzcoa.

El sistema de protección que atiende la franja de edad de entre 0 y 18 años prioriza los casos de los menores de 12 años por su especial vulnerabilidad y porque en una familia de acogida pueden encontrar el bienestar para desarrollarse y superar los los conflictos vividos con sus padres biológicos. Guipúzcoa lleva años recomendando, sobre todo, la acogida familiar en los casos de niños de 0 a 6 años.

Las situaciones de desprotección de menores de un año se han disparado un 208%, con un total de 40 casos en 2010. La Diputación atribuye este aumento a los mecanismos puestos en marcha para descubrir de forma temprana los casos de desatención y a la mayor coordinación entre Sanidad, Educación, otras instituciones, e incluso la Ertzaintza. Guipúzcoa suma actualmente 64 menores de 12 años acogidos en centros bajo la fórmula de urgencia residencial de los que la mitad no llegan a seis años.

Cada vez hay más vecinos o parientes que ya no se callan cuando ven casos de desamparo. La mayoría de las veces se da un abandono emocional o físico, o malos tratos. “Cuando estos niños llegan a las familias se suele percibir que viven en la soledad, en el miedo”, indica Insausti.

Con todo, no resulta suficiente. Las organizaciones que trabajan en este ámbito piden una mayor implicación social para descubrir los casos de maltrato y abandono y una mayor sensibilización. “Los niños no tienen capacidad de reivindicar sus derechos. La sociedad mira mucho para otro lado porque es una realidad muy dura, sobre todo en personas que reproducen de adultas conductas que han vivido”, señalan fuentes forales. El maltrato emocional entre menores se dio en un 30% de casos analizados, el abandono físico en un 31% y los abusos sexuales en el seno de la familia en un 11%, según los datos de 2010.

Guipúzcoa cuenta hoy en día con 209 familias de acogida y 266 niños protegidos. Aún quedan otros 36 que necesitan un hogar. Tanto la Diputación como los Ayuntamientos trabajan en coordinación con equipos técnicos para asesorar a las familias de acogida.

La profesionalización del acogimiento se encuentra muy avanzada en este territorio, donde 13 personas cobran unos 1.600 euros mensuales por dar un hogar a menores. Se pretende que uno de los miembros de estas familias tenga una cualificación especializada, una titulación vinculada a las Ciencias Humanas. En otra opción no se requiere una titulación, pero sí dedicación y formación para la acogida especial en casos de urgencia. El sueldo se eleva entonces a los 1.200 euros al mes.

Responsables de Beroa, la asociación de familias de acogida de Guipúzcoa, destacan que “el objetivo es que se vaya normalizando la idea de que haya niños que tienen dos madres, como ocurre con estos menores, que a veces resulta difícil de admitir. A los mismos niños les cuesta, porque creen que si quieren a la familia que les acoge están traicionando a sus familias de origen, pero entienden que es compatible tener una madre biológica a la quieren y unos padres que les cuidan”.

Complejas relaciones con los padres biológicos

Javier Goñi preside Beroa, la asociación de familias de acogida de Guipúzcoa, una entidad que funciona desde 1999, y personalmente lleva 13 años dando ejemplo con tres niños acogidos en su familia.

Hace más de una década, Goñi y su esposa decidieron acoger a una niña de dos años cuya madre biológica sufría una minusvalía que le impedía hacerse cargo de la pequeña. Ya tenían seis hijos de anteriores matrimonios y quisieron aumentar la prole acogiendo hace seis años a dos hermanos que hoy tienen 8 y 10 años. “¿Qué mueve a una persona a acoger un niño?”, se pregunta Goñi. “Las motivaciones son distintas a la adopción, donde miras más la necesidad de tener hijos. En la acogida te mueve la solidaridad, el ver que esos niños están retirados de la custodia de sus padres y que están en una institución mientras podrían estar en una familia, y te animas a dar el paso”, indica.

Las relaciones con las familias biológicas suelen ser distantes e incluso tirantes en muchas ocasiones. A muchas parejas les cuesta asumir que sus hijos convivan con una familia ajena. “En nuestro caso nos vemos, nos saludamos cortesmente, pero tampoco tenemos mucho trato con ellos”, explica Goñi.

El objetivo de la Diputación guipuzcoana es procurar que las familias biológicas se reestructuren para poder recuperar a sus hijos, pero el tiempo corre en contra. Los especialistas recomiendan que el retorno se realice en un plazo breve, aunque no está definido. “No pueden pasar muchos años y luego pedir que se devuelva el niño, porque suele ser complicado”, señala el presidente de Beroa.

Otro caso complicado es el de las llamadas “madres abandónicas”. Se trata de mujeres incapaces de relacionarse con sus hijos, a los que no pueden atender correctamente ni consiguen recuperar una vez pasan los años. “En muchos casos se trata de personas que han sido abandonadas en su infancia y reproducen modelos de conducta”, asegura la asociación.

Goñi concluye a partir de su experiencia que a los menores acogidos les cuesta entender su situación. “Cuando hay roces idealizan a la familia biológica”, dice. Y concluye: “Te echan en cara que su verdadera madre se comportaría de otra forma, pero con el tiempo se dan cuenta de que muchas veces se consienten cosas por no molestarse en poner normas y se dan cuenta de que, si les quieres, les tienes que poner limites. Así comprenden la incapacidad de sus popios padres de atenderles”.

CEUTA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La coalición Caballas, en la que está integrada el primer grupo de la oposición en la Asamblea de Ceuta, la Unión Demócrata Ceutí (UDCE), ha denunciado este viernes la “lamentable” situación en la que se encuentran las instalaciones de los centros de acogida, protección y reforma de menores de la ciudad autónoma, cuyas características “se parecen a un campo de concentración”, según ha alertado la diputada autonómica Fatima Hamed.

En declaraciones a los periodistas, la política ceutí ha apoyado sus críticas en un informe del Defensor del Pueblo elaborado tras su última visita, en octubre de 2010, al centro de protección de ‘La Esperanza’, donde se encuentran menores extranjeros de entre 14 y 18 años.

En el dictamen se destaca que en esas instalaciones “no se dan las condiciones mínimas para albergar y efectuar una labor educativa”. Además, advierte de que “debe resolverse de modo inmediato la situación en la que se encuentran los servicios” que utilizan todos los acogidos, que carecen de puertas en las letrinas, y subraya la “insulabridad existente derivada de la suciedad que se ha constatado y que resulta inaceptable”.

El Defensor también ha apreciado que existe falta de cualquier intimidad en “la zona de duchas corridas y abiertas”, que “no se estima adecuada teniendo en cuenta, además, las diferencia de edades” entre los residentes. Además se critica que “la sala de alfabetización es del todo inadecuada para impartir clase” y se insta a colocar las ventanas que faltan “en la zona de observación”  para que los menores “puedan proceder a su cierre si lo desean o lo necesitan”.

Para terminar el Defensor exige a la Ciudad que informe sobre la ropa que reciben los menores es la suficiente y reclama que “debe evaluarse si los menores reciben suficiente alimento, habida cuenta de la situación de saturación del centro”. Igualmente urge a que con carácter inmediato se construya un nuevo inmueble.

“Como los menores no votan y los extranjeros tampoco tienen familia que lo haga el Gobierno del PP ha relegado al último puesto de sus prioridades la atención que presta a esta competencia”, ha lamentado Hamed, que ha acusado al Ejecutivo que preside Juan Vivas de mantener “unas instalaciones malas cuando no pésimas”  y a su plantilla “trabajando en precario”.

“Lo que Caballas quiere es que se dignifique la atención a los acogidos primando la formación y la educación; que se dote a los centros de unas instalaciones adecuadas, modernas y bien equipadas cerrando cuanto antes ‘La Esperanza’ y ‘Punta Blanca’; y que se construyan nuevos inmuebles”, ha resumido el propósito final de su crítica al Ejecutivo ceutí.

En diciembre pasado el presidente autonómico presentó un balance de lo realizado por su Gobierno durante 2010 en el que textualmente incluyó el apartado de ‘Mejoras en los centros de menores’ como un objetivo “cumplido” a pesar de que hasta las Naciones Unidas habían advertido a España apenas sesenta días antes de “las deficientes condiciones de alojamiento y las situaciones de descuido”  detectadas en los centros de la ciudad.

El Defensor reconoce en su informe que “se ha podido constatar que se han realizado mejoras en el centro”, aunque matiza “fundamentalmente en las dependencias administrativas”.

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, ha emplazado este lunes a los fiscales provinciales que “continúen a fondo” con sus investigaciones sobre las tramas de niños que fueron robados desde el franquismo hasta bien entrados los años 80 para “poder llegar a algún resultado positivo”.

Tras la firma este lunes de un convenio en el Ministerio de Sanidad para proteger a los consumidores, Conde-Pumpido ha reclamado a “todos” los fiscales que “atiendan las denuncias recibidas” en los distintos puntos de España y que lleven a cabo las correspondientes investigaciones “en defensa de los derechos de las personas perjudicadas”. “Y que continúen a fondo con la investigación hasta poder llegar a algún resultado positivo”, ha añadido.

“Eso es lo que nosotros les hemos dicho. Que se trabaje a fondo para proteger los derechos de las personas perjudicadas”, ha concluido el fiscal general del Estado.

La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados recibirá este martes a partir de las 11.30 horas a representantes de la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir) y de la Plataforma de afectados por el robo de niños en clínicas de toda España que solicitarán que se aceleren los mecanismos de búsqueda de sus familiares desaparecidos.

Estamos luchando contra uno de los asuntos más oscuros y más vergonzosos de esta sociedad, la cual está orgullosa de defender los  derechos humanos, a la vez se proclama una sociedad democrática, que se supone que se basa en una constitución, con unos derechos y unos deberes.
¡Pues no! existen unos funcionarios sin escrupulos, con un poder inmenso burocratico y mediatico, ejecutando sus actos con la intevencion de las fuerzas de seguridad del estado, estan faltando a derecho y forma a muchas familias e a sus menores. Realizado secuestros institucionales.
Es increíble El número de familias, que sin causa justificada real, basandosen en suposiciones, sin más argumentos que los de un funcionario sin intelecto y sin conciencia de sus actos.
Estas familias entran en un 99% de ansiedad tanto padres como hijos, indefensos ante estos servicios insociables de menores, pues se han quedado sin hijos por una mera suposición de un funcionario.Estos funcionarios se acaban de cargar y desestructurar, una familia comun ( madre o padre separados, familia que los han embargado la vivienda y se ha quedado en la calle, familias con todos los miembros en paro y sin ayuda familiar, niño revelde, que los padres piden ayuda a los servicios sociales. falsa denuncia de malos tratos, madre o padre minusvalidos con o sin recursos, etc.) todo vale para ” El hombre del saco “.
Ante estos funcionarios y la identidad que representan, somos las familias las que tenemos que demostrar con una defensa juridica, la falta a la verdad en esos informes que ellos emiten y son presentados ante el juez.
Esto conlleva una inversión tremenda para algunas familias, sin muchos recursos económicos o sea la ruina de la misma. Muchas veces sin resultados satisfactorios,  incluso si tienen gozan de una economía media. todo dependerá del abogado y de los conocimientos que tenga en materia de menores, pues no es facil y no vale cualquiera.
Por desgracia salen diciendo de los juzgados, ¡es que es contra la administración!. Salen indiferentes o como si con ellos no fuera la cosa.( Con la  administración nadie se la juega).
No hay apenas jurisprudencia o sea casos en los que los responsables de la admistración hayan sido inculpados por faltar al derecho y forma de los menores o familiares.
Estamos esperando que sus señorías, empiecen a mirar con lupa los expedientes de los servicios sociales de menores y ante sus distintas alegaciones, empiecen a pedir pruebas que demuestren los hechos y no pasen a sentenciar con las suposiciones de los servicios sociales.
Las familias se  están cansandas de toda esta trama entre servicios sociales y los juzgados.
Esto huele tan mal que nos llegamos a preguntar ingenuamente ¿habra algun interes economico en esto, trafico de influencias , fabores personales, comisiones, sera esto al final un negocio como el de los bebes robados en hospitales?
Da que pensar, da que pensar…….
A las familias les niegan una pequeña ayuda para pasar una mala racha economica o cuando les dan algo es el principio del fin, porque ya estan en el ojo de los servicios sociales.
Pero si hay asociaciones sin fines de lucro cuentan con asignaciones millonarias de las que no tienen que responder, en que se lo gastan o lo justifican de cualquier forma, menos en beneficio de los niños.
Es curioso que hemos oido comentar a alguna  de estas que ellos realizan un trabajo que no quiere hacer nadie ( como tratando a los menores de seres imperfectos o no gratos para la sociedad) y nadie les dice ni toma medidas contra esto.
No les facilitan estudios de grado medio o superiores, no sabemos de que ninguno a pesar de valer tenga estudios superiores, de esto hay estudios que demuestra que no tienen el mas minimo interes en ello, pues su interes es mantenerlos cumpliendo con los minimos requisitos y con el minimo gasto. O sea estan peor y fuera de la familia se parados de sus hermanos, sin cariño y salen con el sindrome del papel higienico.
Sin resultados educativos,  para cuando los menores salgan de los centros que regentan. Sin formación sin ningún futuro y a veces incluso sin la correspondiente documentación para estar legal en España.

Candidatos a ser discriminados toda su vida por venir de un centro de menores o un piso de acojida.

Yo lamaria a esto los servicios insociables de menores, un buen negocio.
Madres coraje: http://lossonidosdemibarrio.podomatic.com/entry/2010-08-02T09_18_56-07_00

Desde ANPRODEFA damos nuestro más sincero apoyo y un gran abrazo a su madre y hermanas, animándolas a seguir luchando por que salga a la luz la verdad del caso.

http://anprodefa.org/wp-admin/post.php?post=985&action=edit

http://anprodefa.org/wp-admin/post.php?post=1544&action=edit

Los días 18 al 20 de abril se realiza una campaña de captación en la galería comercial de la morea

También se informará sobre las necesidades de voluntariado en Ilundain, donde se pueden realizar labores como acompañamiento a los jóvenes, talleres y clases de apoyo escolar, o en el Aula de la Naturaleza.

La Fundación Ilundain es una entidad sin ánimo de lucro cuyo principal objetivo es capacitar jóvenes en riesgo de exclusión social. También cuenta con un proyecto de educación ambiental, dirigido a escolares de Infantil y Primaria.

http://www.diariodenoticias.com/2011/04/16/sociedad/navarra/la-fundacion-ilundain-busca-voluntarios#Comentarios

Dos años de la muerte de Miguel, conocido por sus amigos como Txapelo, en el centro Illundaín Hariz Berri. Miguel apareció muerto estando en aislamiento, castigo prohibido por la Naciones Unidas en la resolución 45/113 para su uso con menores. Además, estaba siendo sometido a medicación  forzosa y según reconoce el propio atestado policial, carecía de diagnóstico.

Según indica también el atestado policial, Miguel había anunciado previamente su intención de quitarse la vida, ya que los “educadores” de Illundáin Haritz-Berri le habían castigado a pasar 7 días en aislamiento a causa de su comportamiento rebelde. A pesar de su anuncio, Miguel fue encerrado dejandole sin ningún objeto de entretenimiento pero sí con un cinturón de cuero que presuntamente empleó para quitarse la vida.

Podéis pasar a donar para que esta fundación sin ánimo de lucro lo siguán haciendo a si de bien y sin remordimientos.

Qué bien que se ven los toros desde la barrera, como aquel que dijo hay me las den todas.

??Mientras que el número de menores en situación de desamparo en la Comunidad ha descendido en el último año un 12%, las medidas de apoyo a las familias han aumentado casi un 7%

??.La DGA ha reducido el número de menores que están bajo su acción protectora, aunque también han aumentado los que cuentan con medidas de apoyo a la familia. Según un informe del Justicia de Aragón, a 31 de diciembre de 2010 en la Comunidad había 196 menores internados, 38 menos que el año anterior. Una tendencia a la baja que se repite en el resto de clasificaciones. Así, el número total de menores que de una forma u otra reciben tutelaje de la Administración es de 1.118, nueve menos que en 2009. De ellos, 381 están en situación de desamparo, un 12% menos, y en 43 casos Servicios Sociales ha asumido la guarda. Mientras, los menores protegidos cuyas familias cuentan con ayudas han pasado de 474 a 506.

Centros de salud mental En el informe del Justicia se destaca la inexistencia de un centro tutelado para menores con algún trastorno mental ya que en las residencias y pisos actuales no cuentan con los recursos específicos.

LOS EXPEDIENTES DE MENORES MÁS SIGNIFICATIVOS EN 2010

La adjudicación del piso de emancipación de Teruel

El Justicia detectó que la gestión del piso de emancipación de Teruel estaba sin adjudicar y que esa función la cumplía Cruz Roja. El IASS contestó que estaba abriendo el proceso de designación.

Los delincuentes menores de 14 años

Para tratar a los menores de 14 años el IASS cuenta con un equipo especializado llamado EMCA que sólo actúa en Zaragoza. El Justicia ha solicitado que se amplíe a Huesca y Teruel.

Una niña que no podía acudir al pediatra

Una mujer tuvo una hija fuera del matrimonio durante el proceso de divorcio. Esta circunstancia dificultó la inscripción en el Registro Civil y la atención pedíatrica. Finalmente se arregló el problema.

Seguir el tratamiento después de los 18 años

Al cumplir los 18 años el Servicio de Menores iba a perder la custodia de un joven en tratamiento psiquiátrico del que su familia no podía hacerse cargo. La DGA se comprometió a mejorar el sistema.

LA FISCALÍA IMPONE MENOS SANCIONES A LOS MENORES

Durante 2010 la DGA disminuyó el número de sanciones y de menores amonestados. Así 1.137 jóvenes se sometieron a 1.381 acciones correctoras. En 2009 fueron 1.184 y 1.405, respectivamente. El número de adolescentes en libertad vigilada es de 415.

444 actos vandálicos tuvieron una reparación

El coste de la reparación de 444 actos vandálicos provocados por menores fueron asumidos por ellos o sus familias.

LA CRISIS AGRAVA LAS QUEJAS DE LOS CIUDADANOS

El Justicia atendió un 16% más de casos

Dentro del informe de actividades del Justicia de Aragón de 2010 se destaca que las quejas aumentaron un 16% el año pasado. Una tendencia que continúa en 2011. Especialmente inciden en cuestiones como la hipoteca y la factura de la luz.

Mayor situación de angustia

El Justicia ha señalado que las personas que acuden a él lo hacen con mayor angustia. Esta afirmación la fundamenta en el hecho de que la mayoría (más de mil) presentan su quejas de forma presencial antes que por cualquier otro método.

Educación, Función Pública y Sanidad

El mayor número de expedientes están relacionados con cuestiones de Educación (213). Le siguen los que hacen referencia a la Función Pública (173), Sanidad (169) y Vivienda (96).

Han surgido nuevos pobres

Debido a la crisis, el Justicia, habla de “nuevos pobres”, parejas en las que uno de sus miembros ha perdido el trabajo. Además reclama más apoyo a las ONG, que han visto recortadas las ayudas en algunos casos en un 30%.

Lo que está pasando y nadie quiere admitir que pasa

Protocolos nada lícitos de  actuación de los servicios sociales de menores en adelante (ssm), en caso de que te falten a derecho o forma.

E n cuanto entras en el sistema de actuación de los ssm, debes tener en cuenta y hay que tenerlo claro, que ellos deben de actuar de acuerdo y respetando, los derechos del menor y de su familia.

Que en determinados casos en los que con pruebas fehacientes e inculpatorias, (hechos probados) de riesgo del menor, estos deben de activar el protocolo inmediatamente, por el bien superior del menor.

Para empezar vamos a enumerar algunas de las circunstancias más comunes en las que suelen intervenir y suelen sobrepasar los límites de autoridad y faltar a derecho y forma del menor y su familia.

Ejemplos de actuación ilícita o mala praxis de los servicios sociales de menores:

- Familia que por circunstancias de la vida y muy común hoy en día se encuentran sin recursos económicos, por  paro generalizado en los miembros de la familia, sin subsidio de desempleo y sin ningún recurso económico,  con las consecuencias que esto conlleva, corte de luz, agua, gas, entre otras deudas, se les ocurre pedir una ayuda social.

-Familia que por circunstancias económicas, son desahuciados y se quedan en la calle, con toda su familia.

-Familia mono parental padre con hijos o madre con hijos, casi siempre con un  divorcio por el medio, en estos casos, suelen cebarse y hemos observado que en asociaciones sin fines de lucro como algunos  centros de encuentro se realizan informes contradictorios por el mero hecho,  de llegar tarde a la entrega del menor, que la madre o el padre no muestra el afecto deseado  hacia el menor, que carecen de autoridad o no saben imponerla, que ante la actitud de los cónyuges por educar al menor existen indicios de maltrato hacia el mismo, todo esto y más suposiciones.

Estos informes pueden ser tomados como prueba y considerados para el posterior informe de los ssm y posible suspensión de  tutela ex lege del menor.

-Familia incluso en ambos casos con buena, o por el contrario escasa posición  económica, pero con casos de  minusvalía física, a estas familias se les ocurre pedir la ayuda de una asistencia social, con la cual y dotando de medios adecuados, esta familia puede convivir y educar a  sus hijos muy dignamente como cualquier familia. Pues no, hay casos en los que llegar a poner la minusvalía como pretexto para proceder a la tutela del menor por parte de los ssm. El procedimiento es penoso, por las continuas humillaciones a estos padres, y digamos ejemplos como inspeccionar la nevera para ver si tienen alimentos adecuados, pero no para proporcionarlos y que el menor este bien alimentado, si no para escribir en el informe que la nevera esta medio bacía, casualidad, porque los padres compran cada dos días y han coincidido con el día que van a comprar. En esta casa huele mal, o que mal huele, cuando te duchas, han llegado a realizar informes de suposiciones como aludiendo a que la madre tiene el síndrome de Münchausen que es un trastorno psiquiátrico, que se caracteriza por inventar y fingir dolencias (o incluso provocárselas a sí mismo, mediante la ingesta de medicamentos o mediante autolesiones) para llamar la atención de los médicos, y ser tratado como un enfermo. Esto sin tener el más mínimo síntoma  de dicha enfermedad.

Realizan y ejercen todo tipo de humillaciones y vejaciones en contra del honor y la dignidad de la familia. Todo  menos prestar la adecuada ayuda  a la familia, con el único fin de  quitar la tutela separando al menor del núcleo familiar.

-Familia  niño con problemas de conducta, hiperactividad, adicción al ordenador, malas compañías etc.

Esto es muy común, pues los padres piden ayuda a los servicios sociales y en la mayoría de los casos y sin previo estudio con el informe de el equipo de turno lleno de suposiciones los padres entran en un proceso el cual después de marearlos de aquí para allá, visitas a horas que deben de dejar de trabajar, terapias familiares, que aun que suenan muy bien no sirven para nada, bueno para decir que los padres han perdido la autoridad hacia el  menor.

El problema es que lo tutelan  pero no te dicen que es lo que debes hacer, ni como lo tienes que hacer para recuperar esa pérdida de autoridad, la familia ni el menor pasan a segundo grado de importancia entrando en el protocolo, sin importarles que ese menor piensa que lo han metido en un sitio que no es su casa en donde se encuentra verdaderamente desamparado y está sufriendo la pesadilla de su vida. La realidad es que ellos no lo saben  y lo único que les importa es que esto dure pues es necesario que allá casos para que ellos tengan asegurado su puesto de trabajo y demás intereses.

SI eres padre, tienes que ejercer como padre, si eres amigo no puedes ejercer como padre porque careces de autoridad.

Si eres padre y educas tarea difícil, pues no viene en las instrucciones del niño cuando nace, puedes llegar a realizar un maltrato psicológico, por el mero hecho de sugerir  ordenar el cuarto de buenas maneras, que se asee el menor, que realice sus tareas escolares, que no se esté toda la noche mandando mensajes por teléfono, recomendarle que no frecuente con compañías perniciosas y catalogadas como peligrosas.

Si en este procedimiento, se le ocurre al menor denunciar falsamente a los padres por un maltrato psicológico o por autolesiones por  una rabieta por estar en contra por cualquier circunstancia de las anteriores con los padres, estos son inmediatamente clasificados como no actos, padres peligrosos, familia desestructurara y este es tutelado directamente por el bien superior del menor.

Conviene saber que centros de atención médica y colegios tienen la responsabilidad de denunciar  a la más mínima sospecha de maltrato detectada, cosa que está bien. El problema es el protocolo, que a nadie le importa el averiguar el origen del maltrato y va ha ser directamente acusada la familia y perjudicado el menor con una separación forzosa.

Esto está pasando, aun demostrando que el menor se ha autolesionado o le ha lesionado un compañero o un amigo. No digamos si este ha tenido barios golpes, pues se trata de un menor muy movido y poco cuidadoso con su integridad física, o ha tenido barias caídas en corto tiempo con sus consiguientes moratones y heridas. Basta con una mera sospecha basada en una suposición para que el menor sea separado de su familia sin más preámbulos. Un informe lleno de suposiciones  es manipulado por un funcionario de menores, que sin ninguna prueba,  y basado en el bien superior del menor destruye el vínculo de esa familia, como un analfabeto se pone a leer el periódico al revés.

No vamos hablar de en qué estado psicológico sale el menor, pues salen con el síndrome del papel higiénico, pues piden permiso asta para ir al servicio, o les da por suicidarse ante el acoso continuo. No hablemos ni de la educación y formación que recibe el menor en estos servicios, pues parece ser que con el pretexto de que proceden de familias desestructuradas calificadas por ellos  pocos salen con estudios superiores  y menos candidatos a carrera universitaria, Hay  estudios de estadísticas  recientes realizados  que no dejan a estos servicios en buen lugar.

Y lo dice el dicho “Aquí el bueno se hace malo y el malo se hace peor”

Esto está pasando y casi todos políticos y directores provinciales, justicias,  dicen que disponen de excelentes equipos, y que confían en ellos.

La única responsabilidad que tienen es firmar la retirada de tutelas, para que los menores pasen a ingresar en los centros de menores, familias de acogida, familias de pre adopción etc.

La verdad es que una familia corriente, trabajadora, sin ninguna adicción ni problema psíquico, en el momento que se pone en marcha la máquina  incontrolada de estos servicios, esta familia entra en un proceso que conlleva soportar acoso psicológico, gastos judiciales, separación forzosa,  sin ningún tipo de negociación del menor y normalmente no saben proceder a denunciar, pues es difícil que incluso el abogado  o les cogen miedo por las continuas amenazas a que son sometidos.

S i les sigues la corriente y te humillas durante dos o cuatro años no consigues nada. Si reclamas tus derechos y eres fuerte guardando las formas, tampoco consigues nada.

SI sales en los medios de comunicación, no te dejan hablar nada más de lo que a ellos les interesa, buscando el sensacionalismo, pero ocultando el proceder de los servicios sociales de menores.

Desde ANPRODEFA  se están investigando casos todos los casos de nuestros socios, para defender la violación de los derechos del menor y de su familia.

En todos ellos se han encontrado numerosos motivos por los que se ha faltado al derecho o forma en los protocolos de los ssm.  En los cuales queremos crear jurisprudencia  y acabar con esta despiadada forma de proceder con las familias.

Esto es a si y es la pura realidad que desgraciadamente están pasando cientos y cientos de familias, que no son diferentes a ti.

Danos tu apoyo.

La insuficiente garantía social y la falta de complimiento de los derechos civiles y constitucionales hacen a los funcionarios monstruos del poder impunes ante los derechos de las familias.

Hasta el punto de arrebatar a los hijos para siempre.

Anprodefa

El Proyecto de ley de adopción internacional ha incluido en su texto varias
modificaciones del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de
protección de menores. Todas ellas tienen como objetivo común limitar los plazos en
los que las familias biológicas de menores desamparados puedan oponerse a las
decisiones que los servicios sociales adopten sobre sus hijos. O dicho de forma más
tajante se establece una limitación del tiempo en el que esas familias pueden recuperar a
sus hijos cuando les han sido retirados.
El origen de esta sorpresiva reforma legal hay que buscarlo en la decisión de la
Audiencia provincial de Sevilla de fijar una elevada indemnización a una madre a quien
no se pudo reintegrar a sus hijos, al revocarse judicialmente la resolución de la entidad
pública que los entregó a una familia de acogida. Desde ese momento ya se pidió por
los responsables políticos de los servicios sociales que se fijasen “plazos” para tales
reclamaciones, pasados los cuales la decisión de retirar un menor fuese inamovible.
Hay que reconocer que en casos muy contados (pero de amplia repercusión
mediática) el sistema de protección a la infancia en su doble fase administrativa y
judicial no ha funcionado bien, sobre todo por la lentitud en la tramitación de este tipo
de asuntos en los Juzgados. Ello ha dado lugar a situaciones muy dolorosas para algunos
menores que han sido separados de sus familias acogedoras cuando ya habían alcanzado
una integración aceptable. También se han dado casos como el de Sevilla en el que las
familias biológicas no han podido lograr el retorno de sus hijos pese a tener una
sentencia que así lo acordaba.
Pero tales supuestos, además de ser muy minoritarios, no pueden generar una
reforma legal como la que se pretende y que supone un claro retroceso en relación al
sistema actual de protección de menores, inspirado en principios de proporcionalidad y
de preferencia de la familia biológica como lugar de desarrollo del menor; sistema que
además en líneas generales viene funcionando aceptablemente.
La reforma que se propone solo puede ser calificada de incomprensible,
innecesaria e inútil.
Incomprensible porque resuelve el problema trasladando a las familias biológicas
de los menores desamparados, la culpabilidad de unos retrasos que tienen su causa
esencial en el defectuoso funcionamiento de los propios órganos administrativos y
judiciales. Si a ello unimos que la nueva y dura limitación legal se proyecta sobre
familias con clarísimos déficit sociales, habremos de concluir que estamos ante una
reforma regresiva y difícilmente explicable desde planteamientos sociales avanzados.
Es innecesaria porque la mayor o menor pasividad de las familias biológicas en
la superación de las carencias que generan la retirada de sus hijos, ya se valora
actualmente por los jueces como elemento decisivo para acordar o no el retorno de los
menores.
Y es inútil porque el plazo que se concede a las familias para pedir una
“revisión” del caso por cambio de sus circunstancias (dos años), va a suponer que la
espada de Damocles de una posible sentencia judicial que ordene el retorno del menor
seguirá pendiendo sobre éste durante buena parte de su vida infantil.
En un campo como el de la protección de los menores donde la transparencia y la
igualdad de partes no son los valores dominantes, erigir un nuevo obstáculo legal, en
este caso el tiempo, para que las familias biológicas ejerzan sus derechos y los jueces
puedan controlar la actividad administrativa, no es más que fomentar zonas de
oscuridad que a nadie favorecen y que ahondarán la desconfianza que muchas familias
sienten hacia los servicios de protección a la infancia.
Dotar a los servicios sociales de personal y medios, intervenir en el seno de las
propias familias con carencias, respetar el principio de proporcionalidad de las medidas
de protección, aligerar los procesos judiciales de control (como por fin hace también la
reforma), especializar a los jueces que conocen de estos asuntos o dotar de asistencia
letrada efectiva a las familias biológicas es el camino para evitar las disfunciones que en
algunos casos se han producido.
El “atajo” que propone la reforma es una solución burocrática y simple a un
problema social y jurídicamente complejo. Y desde luego dará lugar a que algunos
menores desamparados pierdan definitivamente a sus padres por un día.
José Luis Utrera Gutiérrez
Juez de Familia. Málaga

http://www.juecesdemocracia.es/pdf/TemasInteres/MENORESDESAMPARADOSPlazosperi%C3%B3dicos.pdf

Una mujer de 36 años acabó ayer por la noche con la vida de su hija, de tres, en el domicilio que compartían en la calle José Reus García, en el barrio alicantino de Los Ángeles. La policía detuvo a la mujer en la vivienda tras la brutal agresión. Al parecer, según coinciden varios vecinos de la finca, la madre mató a la pequeña porque “la asistenta social le había comunicado que le retiraba la custodia”. Esa fue la explicación que dieron algunas vecinas anoche, cuando aún estaban visiblemente afectadas por el suceso.

“Era muy problemática, en esa casa las broncas eran frecuentes”, aseguró el presidente de la comunidad de vecinos, Blas García en referencia a la detenida. La presunta agresora debe 5.000 euros a la comunidad y tuvo un juicio con otra vecina a la que, al parecer, amenazó, echó agua y dijo que “si pudiera le echaría lejía”.

Cuando la madre abandono el domicilio detenida por la policía, los vecinos gritaron “asesina, asesina”. Por lo que se escuchó ayer, la agresora habría comentado que “mataría a su hija antes de que se la quitaran”. Según residentes de la finca, el padre de la menor asesinada dejó la casa hace unos días, no se sabe si por problemas de salud o de otro tipo. Los vecinos también explicaron que al parecer la pareja, de nacionalidad española, no tenía un oficio concreto, “Iban haciendo lo que podían”. La zona donde ocurrió el crimen esta en el extrarradio de Alicante, un barrio de gente trabajadora.

http://www.elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana/madre/mata/hija/anos/Alicante/perder/custodia/elpepiespval/20110818elpval_2/Tes