ANPRODEFA
“Muchos jóvenes que en su día estuvieron tutelados por la Diputación viven ahora de un bocadillo de atún”
La crisis económica se los ha llevado por delante con la fuerza de un huracán. Son jóvenes de confesión musulmana, de entre 20 y 30 años de edad, que se están dando de bruces en tierras guipuzcoanas con el sueño de tener una vida mejor.
¿Sus compatriotas siguen llegando a Gipuzkoa en este contexto tan poco propicio?
Los flujos se han reducido, aunque sí estamos notando que ahora vienen personas del sur de España, especialmente de Murcia y Alicante.
¿No saben la que está cayendo aquí?
Vienen soportando la crisis antes que nosotros, y por eso el País Vasco se había convertido hasta ahora en “ese lugar en el que todavía las cosas no están tan mal”. Con el panorama que han anunciado para 2012, las cosas cambiarán a partir de ahora.
Gipuzkoa no parece hoy en día el destino ideal…
Desde luego. Existen muchos problemas. El colectivo árabe que durante estos años atrás venía trabajando, había alquilado un piso y seguía la tramitación de sus papeles con el fin de regularizarse, está viendo ahora cómo todo se desmorona. Muchos marroquíes y paquistaníes están viviendo esa situación.
¿A qué perfil responden?
Son jóvenes, de 22 a 30 años. Jóvenes que en su día fueron menores tutelados por la Diputación y habían pasado después por programas de emancipación. Tenían su trabajo hasta que han dejado de tenerlo, y ahora dependen de la Administración. Es una espiral: para renovar los papeles necesitan seis meses de cotización. Como no hay trabajo, no hay renovación.
¿Y de qué viven?
Cáritas no da abasto, y muchos chavales viven del bocadillo de atún. Se quejan incluso de que este tipo de alimento se reparte con demasiada frecuencia.
¿Ser marroquí es más complicado que hace unos años?
La crisis está provocando una división social entre ciudadanos de primera, de segunda, tercera e incluso cuarta categoría. Una encuesta realizada en Madrid, en la que se preguntaba a la ciudadanía qué era la inmigración, lo decía bien claro: “moros, árabes, africanos”. Lo resumían así, en plan despectivo. La crisis está agudizando esta percepción social de rechazo. La situación está cada vez peor en este sentido, una apreciación que nos trasladan las propias trabajadoras sociales.
¿Qué les dicen desde los consistorios?
Con datos en la mano, nos dicen que esa acusación de que el inmigrante vive exclusivamente de las ayudas, no se sostiene.
¿Hoy en día, en qué sector trabaja un marroquí?
Salvo carnicerías y locutorios, lo que campa ahora a sus anchas es la economía sumergida. La crisis ha pegado de lleno en el sector servicios, que sostuvieron muchos compatriotas nuestros en la época de bonanza. Ahora están en la calle, o haciendo trabajos sumergidos, en el cuidado de los mayores y enfermos. El sector de la construcción también ha cerrado sus puertas.
- El Estado tutela a 30.000 menores que se quedaron huérfanos, o que vivían en situaciones de riesgo. De ellos, 17. 000 esperan ser acogidos por una familia.
- 30.000 familias esperan desde hace años poder adoptar en el extranjero. China, Rusia, Etiopia, Vietnam y Colombia son los países con más casos.
Unos 30.000 niños viven en España tutelados por el Estado, ya sea porque se han quedado huérfanos y sin familia, porque llegaron del extranjero sin sus padres, o porque residían un ambiente de riesgo por la violencia o una pobreza severa. De estos menores desamparados, alrededor de 13.000 viven temporalmente en hogares, mientras que el resto espera poder ser acogidos por familias.
La cifra de menores en desamparo es equiparable a la de familias españolas que esperan poder adoptar un hijo en el extranjero. Pero son dos realidades distintas, porque no todos los niños que viven en centros de acogida en España pueden ser adoptados.
Arturo Canalda, Defensor del Menor en Madrid, es partidario de aumentar el acogimiento familiar, como una manera de que el menor se desarrolle y goce del cariño y bienestar social en un hogar. Pero subir el escalón de la adopción no puede extenderse a todos los menores, puesto que muchos han salido de sus familias biológicas como medida preventiva y temporal, hasta que se resuelva una determinada situación de riesgo. En este punto coincide Javier Álvarez Ossario, coordinador de CORA, que es el colectivo de familias adoptantes. En su opinión, los centros de menores deberían ir desapareciendo y sustituirlos por hogares que acogen por un tiempo a los niños. “Hay 17.000 niños institucionalizados, en desamparo, a los que tenemos que buscar una salida”. Javier, padre de dos niños de Burkina Faso, está a favor de las adopciones entre familias que se conozcan en España.
Las asociaciones de padres reconocen que existen reticencias a la adopción nacional por la creencia de que la familia biológica lo tiene más fácil por la proximidad para reclamar el retorno del hijo.
Seis años para adoptar en el extranjero
Mientras, sigue la lista de espera, de hasta seis años, para adoptar en el extranjero y eso que las peticiones se han reducido un 50% por la crisis. Entre las causas de esta demora, está la demanda en países que han endurecido las condiciones para adoptar, como China, por el menor número de niños en centro de acogida y orfanatos. El coordinador de CORA admite que hay “bolsas de adopción” en China, el África Subsahariana y Rusia. En 2010 se efectuaron 2.891 adopciones y los países donde más casos se tramitaron fueron Rusia, China, Etiopia, Vietnam y Colombia.
Pero los padres adoptantes llaman la atención por el hecho de que tres de los cinco países donde más se ha adoptado (Etiopia, Vietnam y Rusia) no han firmado el Convenio de la Haya de referencia en los procesos de adopción.
Este convenio otorga más transparencia al proceso, puesto que obliga a las administraciones de los dos países, el de origen y el receptor, a mantener una cooperación y comunicación sobre los trámites de adopción. Además, el estado de donde el procede el niño tendrá que informar sobre su origen y su historia. En cambio, en los países que no han suscrito el convenio la adopción depende más de intermediarios; los padres contratan el servicio de un representante legal en ese estado que hace las gestiones de la adopción.
“La situación actual de la adopción internacional no nos gusta. Nos preocupa el mercantilismo y que los procesos se muevan por elemento distorsionadores, a través de los cuales la familia busca al mejor niño, cuando debe ser al revés”, critica Javier Álvarez. Las familias piden limitar el número de expedientes de adopción para que no se generen los atascos en países con escasa capacidad logística. Además, reclaman que se acaben con las compensaciones que pagan por la gestión de la adopción.
Por ejemplo, para adoptar en Nepal los padres llegan a pagar 4.500 euros al gobierno, y 3.500 al orfanato, y en Haití se pagan 3.800 euros.
Las familias adoptantes piden más transparencia en estos procesos y recuerdan que las irregularidades en los países de origen pueden repercutir en España. José Antonio Lorente, precursor del proyecto de ADN para identificar a niños desaparecidos, advierte de que más de un millón de niños son víctimas de redes que trafican con seres humanos. La ONU avisa de que Europa Occidental es destino del tráfico de menores. En España, se han descubierto a chicas menores de edad que habían sido secuestradas en sus países de origen grupos de explotación sexual.
http://www.teinteresa.es/espana/ninos-Espana-esperan-acogidos-familia_0_647337491.html
Hay medios de comunicacion que sirven como cortinas de humo ante los servicios sociales.
Cuentan que la DGA tutela a más de 400 niños desamparados por sus familias, ¡mentira! son secuestros con la ley en la mano, lo que no cuentan que existe un protocolo de declaración de desamparo, en el que se especifican las causas por las que se puede activar dicho protocolo y que desgraciadamente para el ciudadano que cae en las manos de estos servicios, en el 80% nunca es cumplido fehacientemente. Y por si es un protocolo dictatorial y leonino, en el que sin mediar una comisión paritaria e independiente de los servicios insociables en este caso, un equipo de funcionarios y muchas veces interinos con afán de conservación de su puesto de trabajo puede decretar una tutela de un menor con la aportación de un informe lleno de suposiciones y sin ninguna prueba fundada o veraz.
Se trata de familias que no pueden pagarse un abogado por estar en un estado precario económico, y aun pudiendo pagarse un abogado de pago hay pocos que les defiendan eficazmente ante el muro de la administración, y lo dejamos hay.
Hoy en día el problema del desempleo y la precariedad económica es un caldo de cultivo en el que la injusticia social, junto con esta clase de servicios sociales, las cuales destinan a menores a pisos tutelados y centros de menores de asociaciones sin fines de lucro las cuales reciben una media de 3.500,00 a 15.000,00 € mes por niño.
El caso es que nos ponemos en contacto con el justicia y en muchos casos nos dicen que confian en los equipos que tienen estos servicios.
Esto se debe a que existe una relación demasiado cordial y amigable entre los mismos, como para formar un a comisión paritaria e independiente y justa en defensa del menor y la familia.
Con esto no cabe duda de que incluso con lo más sagrado que es la familia, el estado viola los derechos civiles, derechos humanos, derechos del niño, en una democracia prostituida y totalmente hipócrita.
El 70% de las cárceles de menores están en manos de fundaciones privadas “sin ánimo de lucro” que reciben cada día entre 300 y 500 euros por menor.
- BREA DE TAJO. Imagen de la inauguración del centro de reforma de Brea de Tajo (Madrid). Foto: Comunidad de Madrid
“El cumplimiento de la condena y la rehabilitación de una persona condenada, siendo mayor y naturalmente siendo menor, no puede dejarse en manos privadas, porque detrás de la privatización hay un negocio. Y no se trata de ONG sin ánimo de lucro, sino, como decía un amigo, ‘sinónimo de lucro’”, afirma Félix Pantoja, fiscal del Tribunal Supremo que participó en la redacción de la Ley de Responsabilidad del Menor en referencia al progresivo proceso de privatización de las cárceles de menores. Pantoja recuerda haber leído en 2001, año de entrada en vigor de la ley, un anuncio en prensa que rezaba “Empresa en expansión necesita educadores”. Diez años después, esas empresas en expansión controlan en torno al 70% de las cárceles de menores.
El negocio de las cárceles de menores –al igual que ocurre con los centros de protección– no ha dejado de crecer desde entonces. Ningún estudio ha comprobado la eficacia de este modelo pivotado sobre fundaciones “sin ánimo de lucro” que reciben entre 300 y 500 euros por niño/ a y día. Transferida la competencia para el cumplimiento de las penas a las Comunidades Autónomas, la inmensa mayoría de ellas subrogan esta función a entidades privadas. Sólo Cataluña y el País Vasco mantienen cárceles exclusivamente públicas.
“La atención a los chicos se ve comprometida”, señala Patuca Fernández, abogada de la Coordinadora de Barrios de Madrid con una extensa experiencia en el tema, “porque se establecen criterios económicos en el tratamiento de menores”. En primer lugar, la diversidad de tratamientos es abrumadora. En segundo lugar, la calidad de vida de los menores, en un contexto de negocio, puede verse afectada. Pero ante todo, para Fernández, la privatización aleja la posibilidad de control que en el caso de las cárceles es esencial, “pues la ejecución de una medida de prisión implica un ejercicio de contención. Toda nuestra configuración legal está prevista para que las personas que están privadas de libertad dispongan de mecanismos de protección como es la posibilidad de denunciar torturas o rigor innecesario”. Esto, a su juicio, “no se puede garantizar cuando los centros son privados”.
Son muchas las voces que, como Jorge del Cura, de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura (CPT), advierten de que “la privatización de la privación de libertad es aberrante” pues “cuando se trata de gestión privada la opacidad aumenta de forma exponencial y en un contexto de negocio”. La CPT recoge en su informe anual algunos de los casos de tortura sufridos por menores en cárceles. Se trata de casos muy difíciles de documentar, pues el secretismo de los centros, el miedo a la represión, la imposibilidad de acceso de la sociedad civil a las cárceles –es más difícil que acceder a cárceles de adultos – y la vaguedad con la que los chavales refieren los casos lo dificulta. “Nos encontramos a menudo con cartas que escriben losmenores en las que se narran atrocidades, pero es siempre muy vago, porque son chavales de 14 a 16 años”.
En las cárceles de menores se producen torturas que Del Cura clasifica en tres tipos: la “humillación permanente” –desde insultarles, que es constante, a las de tipo sexual, obligándoles a desnudarse–, “sanciones arbitrarias” –en demasiadas ocasiones por conductas normales a estas edades como distraerse en clase, tirarse bolitas de pan o hablar cuando no se debe–, incluyendo el aislamiento, y “agresiones físicas puras y duras, lo cual incluye golpes, patadas, puñetazos, porrazos”.
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía recogió en un informe elaborado en 2008 unas 70 quejas relativas a los centros de menores de Andalucía, gestionados por la Fundación Diagrama, Ginso y Adis Meridianos. Las denuncias referían una cotidianidad plagada de prohibiciones y sanciones, traducidas éstas últimas en encierros en una habitación hasta siete días (40 en algún caso) o la obligación de permanecer sentado en una silla mirando a la pared sin poder moverse lo más mínimo. En el lado de las torturas explícitas, los menores denunciaron la utilización de grilletes para atarles a los hierros de una cama sin colchón, a veces sin que pudieran ir al servicio durante varias horas. El “engrilletado” es una práctica denunciada en diferentes centros y comprobada cuando ya era demasiado tarde en casos como el de Philip García, muerto en el centro tinerfeño Nivaria, y que valió una acusación criminal a cinco miembros de la empresa Seguridad Integral Canaria y de una educadora de la empresa Ideo.
Para Daniel Jiménez, de la Asociación para el Seguimiento y Apoyo a presas y presos de Aragón (ASAPA), “las muertes por tortura no son excepciones sino ejemplos máximos de la manera de funcionar”. Desde 2001, nueve chavales han muerto en cárceles. Casos como el de Philip, que apareció con una bolsa en la cabeza, el de Miguel, que se ahorcó en el centro Ilundain (Navarra) gestionado por Herritz Berri, o el de Ramón Barrios, que murió en extrañas circunstancias en el centro Teresa de Calcuta (Madrid) gestionado por Ginso.
ASAPA elaboró en 2008 un informe que denunciaba el empleo del aislamiento, la psiquiatrización de los casos y el empleo de psicofármacos en la cárcel de menores de Zaragoza, Juslibol –“una réplica a escala de la cárcel de Zuera”–. Desde que hicieron el informe, no han constatado cambios.A su juicio, “da igual si funciona en la línea dura como cuando se aprobó la ley del menor, o si se cambia un poco la estrategia con la medicación y la psiquiatrización y la anestesia” porque “el maltrato institucional tiene un proceso muy largo en el que las cárceles de niños son la culminación, un círculo vicioso con el que mucha gente está haciendo negocio”.
SINÓNIMO DE LUCRO: Fundaciones que gestionan cárceles
GINSO, negocios redondos
“Asociación para la gestión de la integración social” (GINSO), es una fundación propiedad de Alfredo Santos García que gestiona varios centros en Madrid y Andalucía. Pero GINSO supone, además, un “paso más allá” en el modelo de negocio: tanto en Madrid como en Andalucía se ha encargado, a través de empresas de Santos o de sus socios, de construir los centros que después ha gestionado. Santos colabora, además, con gente como Javier Urra, antiguo defensor del Menor de la CAM y conocido tertuliano de Antena 3, que desarrolla en las mismas instalaciones de Brea del Tajo la actividad de su sociedad limitada, Urrainfancia, con un programa llamado Recurra de asistencia a familias con conflictos, destinado a los chavales que han acabado de cumplir las medidas.
GRUPO NORTE
Fundación Grupo Norte, ligada al grupo empresarial del mismo nombre, gestiona varios centros de menores en régimen abierto y semiabierto. Representa el modelo de negocio clásico en este ámbito, que mezcla la gestión de protección y la reforma de menores con una red de empresas de limpieza, seguridad, trabajo social, telemarketing y ETT. La fundación es una entidad “sin ánimo de lucro” creada en 2001, justo el año de entrada en vigor de la Ley del Menor, por distintas compañías mercantiles pertenecientes a Grupo Norte. Ha sido denunciada por malos tratos en Valladolid y en Madrid, en este último caso la denuncia fue efectuada por la Coordinadora de Barrios, al observar en un menor hematomas producidos por porras.
DIAGRAMA
Pese a las denuncias sobre su modelo de intervención y sus prácticas, Diagrama continúa gestionando centros en comunidades como Andalucía, Valencia, Murcia, Castilla La Mancha y la ciudad de Melilla. Las denuncias le han hecho perder algunos centros, com “Los Robles” en Madrid, pero el negocio sigue viento en popa. Además de cárceles, gestiona numerosos centros de protección.
http://www.diagonalperiodico.net/Carceles-de-menores-el-Estado-se.html?utm_source=Newsletter+Diagonal&utm_campaign=a006c1be23-b2&utm_medium=email
O´Belén es la entidad que acumula más denuncias por maltrato infantil en España. 3 niños han muerto bajo su custodia. Que Triodos Bank deje de darles dinero
PETICIÓN ACTUALIZADA (Consultar la parte final del contenido)
La Fundación O´Belén es una organización supuestamente “sin ánimo de lucro” creada a finales de los 90 por un grupo de políticos y empresarios que pretendían aprovechar la privatización de los servicios sociales que comenzaba en aquel momento.
Las prácticas inhumanas y degradantes que se emplean en los centros de menores de O´Belén han saltado a la luz pública en numerosas ocasiones, en especial a raíz de un informe presentado en el Defensor del Pueblo en el año 2009 en el que se calificaban algunas de las celdas de castigo empleadas con los niños como “mediavales” y se ponían sobre la mesa actos de violencia física, medicación forzosa e incluso nuevos intentos de suicidio que se sumaban a las muertes ya conocidas.
Posteriormente, Amnistía Internacional hacía público el informe “Si vuelvo, me mato” en el que se documentaban testimonios de maltrato infantil y violaciones de los derechos humanos cometidas también en centros del entramado O´Belén. A raíz de todas estas informaciones, varias comunidades autónomas cancelaron sus contratos con O´Belén, que tuvo que cerrar tres de sus centros, perdió un terreno que se le iba a ceder en la Región de Murcia y dejó de recibir apoyo económico de IberCaja. Sin embargo, la entidad continúa funcionando porque nuevos políticos le adjudican contratos y entidades financieras con menos escrúpulos que IberCaja le prestan apoyo. Si eres cliente de Triodos, te pedimos que no formes parte de esos apoyos.
Recogemos aquí algunas de las repercusiones que han tenido las prácticas de O´Belén en los medios de comunicación:
Telediario TVE:
http://www.rtve.es/noticias/20091215/ai-denuncia-menores-centros-sufren-abusos-medicacion-forzada-malos-tratos/306011.shtml
Muerte de Hamid (13 años):
http://www.publico.es/espana/180260/un-nino-de-12-anos-se-suicida-en-un-centro-de-menores
Muerte de Saray (14 años):http://www.elpais.com/articulo/sociedad/ultimo/salto/Saray/elpepusoc/20090426elpepisoc_5/Tes
Muerte de David (12 años):http://www.laverdad.es/alicante/prensa/20070509/provincia_alicante/muerte-nino-centro-menores_20070509.html
Declaraciones del presidente de la Fundación O´Belén atacando a Amnistía Internacional y justificando prácticas prohibidas por las Naciones Unidas:
http://www.centrosdemenores.com/?Javier-San-Sebastian-retrato-al
Documentos TV (aparecen declaraciones de su presidente):http://www.rtve.es/noticias/20100928/documentos-tv–menores-guardianes/357335.shtml
Pese a que varios/as clientes y nosotros/as mismos/as nos hemos puesto en contacto con Triodos Bank, la entidad financiera insiste en mantener la financiación a O´Belén. Este hecho pone encima de la mesa que Triodos Bank no respeta sus propios criterios de exclusión, puesto que O´Belén al emplear celdas de aislamiento con los niños tutelados incumple la resolución 45/113 de las Naciones Unidas.
La actitud de Triodos Bank parecía incomprensible hasta que, a través de un informe publicado por la Fundación Lealtad descubrimos que O´Belén mantiene una intensa actividad económica en Triodos Bank, entre la que se incluye un depósito de 441.320 euros y probablemente varios activos inmobiliarios. Puedes verlo en este enlace:http://www.fundacionlealtad.org/web/jsp/organizaciones/mostrarOrganizacion?idOrganizacion=262 Queda al descubierto que Triodos no es un banco ético con la infancia, sino que busca el beneficio económico a costa una publicidad engañosa dirigida especialmente a quienes creen en un mundo mejor. Si quieres conocer un poco mejor la situación económica de O´Belén, te recomendamos este artículo de Intervíu en el que se explica, entre otras cosas que la “ONG” maneja un presupuesto anual de 12 millones de euros. http://www.interviu.es/reportajes/articulos/chicos-malos-grandes-negocios
Con tu apoyo conseguiremos que Triodos deje de financiar el maltrato. ¡Súmate al boicot!
Si quieres ayudar, puedes: Re-enviar la información o investigar por tí mismo/a y difundir nuevos casos de financiación a entramados corruptos o entidades que violan los derechos humanos. Retirar el dinero de sus cuentas. Poner reclamaciones por publicidad engañosa en sus oficinas.
Organizar actos de protesta. Enviar correos electrónicos de repulsa o llamar a informarte.
Cualquier otra forma de apoyar la campaña que se te ocurra.
Campaña de Boicot a Triodos Bank. Colectivo Madrileño contra el Maltrato Institucional
Más información: http://www.centrosdemenores.com/?Campana-de-boicot-a-Triodos-Bank
ACTUALIZACIÓN
A raíz de la recogida de firmas que se está llevando a cabo, así como de la gran cantidad de llamadas y correos electrónicos enviados al banco, Triodos a emitido un comunicado que puede consultarse aquí:http://www.triodos.es/media/40764/comunicado-boicot.pdf
En este comunicado, Triodos bank reconoce financiar a la Fundación O´Belén, pero lo justifica en base a que no existen condenas firmes en nuestro país. Triodos obvia que su política de “banca ética” (la que supuestamente lo diferencia de otros bancos) incluye entre otros aspectos la negativa a financiar entidades que violan los acuerdos internacionales de Derechos Humanos, tal como desgraciadamente hace O´Belén respecto a la resolución 45/113 de las Naciones Unidas o las Directrices de la ONU para la modalidades alternativas del cuidado de la infancia.
Además. Triodos Bank miente a sus clientes afirmando que el Dfensor del Pueblo no ha vuelto a pronunciarse sobre el caso O´Belén desde 2009, cuando el 20 de junio de 2011 (es decir, hace aproximadamente un mes) la propia Defensora del Pueblo en funciones volvió a pronunciarse públicamente sobre este asunto, felicitándose por el número de centros que se les habían clausurado y por la retirada de financiación tanto de administraciones públicas como de entidades privadas. Puedes leer la comparecencia de la Defensora en funciones aquí:http://www.fundacionadopcionvivirenfamilia.org/fotosbd/414631644rad4AAE5.pdf
Por último, cabe destacar que el comunicado denomina como “incidentes” a la muerte de tres adolescentes bajo custodia de O´Belén, una de las cuales continúa investigándose judicialmente. Pareciera que los responsables de la entidad “ética” no quieren llamar a la muerte de adolescentes bajo custodia por su nombre, o que quisieran minimizar las mismas ante sus clientes.
Tu adhesión a la recogida de firmas sigue siendo imprescindible. Exige a Triodos bank que deje de financiar entidades vinculadas con el maltrato infantil.
AL FIRMAR LA PETICIÓN ESTARÁS ENVIANDO ESTA CARTA
DESTINATARIO: TRIODOS BANK ESPAÑA
Estimados señores,
Les pedimos que dejen de apoyar económicamente a la Fundación O´Belén, no sólo para cuidar su imagen corporativa o por cumplir sus propios criterios de exclusión, sino por respeto a los derechos de la infancia.
Les pedimos, como han hecho ya tantos de sus clientes, que vean el documental emitido por Documentos TV, que escuchen al presidente de la Fundación O´Belén atacar a Amnistía Internacional, que lean las cartas escritas por los niños y niñas maltratados en sus centros. ..Y en definitiva, que dejen de darles el dinero de los clientes que han confiado en ustedes.
Esperamos que el hecho de que la Fundación Internacional O´Belén tenga un depósito de 441.320 euros en su banco no sea motivo suficiente para que ustedes continúen incumpliendo los preceptos de “banca ética” que dicen defender en su estrategia comercial.
Atentamente.
http://actuable.es/peticiones/exige-triodos-bank-deje-financiar-entidades-vinculadas
Sevilla, 16 nov (EFE).- El Tribunal Supremo ha duplicado, hasta alcanzar los 80.000 euros, la indemnización que debe abonar la Junta de Andalucía a una madre por el daño moral derivado de haber estado cinco años sin sus dos hijas, cuya tutela fue asumida por la Administración en una decisión luego anulada por los tribunales.
Esto hay que decirlo con es, la población Española está pasando no necesidad sino por unos grabes problemas económicos ante la pasividad del estado y usar nuestros recursos inadecuadamente, despilfarrando.
Hay familias que antes eran de clase media que tienen que comer de beneficencia y se ven en aprietos para mantener a sus miembros para dar a sus miembros la minina calidad de vida, muchos están optado por la emigración, pero otros que no tienen nada están esperado un cambio, rezando el rosario y maldiciendo a los políticos.
Está claro que como esto no cambie el pueblo saldrá a la calle a pedir pacíficamente los derechos que le amparan y las responsabilidades de los que nos han dejado en este estado.
Si estos siguen en esta línea es posible que el pueblo decida y constituya e instaurara la Democracia Real Ya pues el pueblo va ha decidir, no los políticos van a decidir el futuro del pueblo.
INDIGNACION SOCIAL
El sistema económico asoma su auténtico rostro y muestra su extrema crueldad, además de la insensibilidad de los políticos colocados por los poderes fácticos, cuando el 25% de los niños españoles menores de 16 años sufre malnutrición, según fuentes de Europa Press, porque muchas familias no puedan comprar carne, pescado y fruta para alimentar a los más pequeños, mientras en los Presupuestos Generales del Estado de 2011, prorrogados para el 2012, se contemplan casi 13 millones de euros para cenas y comidas en restaurantes de altos cargos y obsequios a diferentes personajes del mundo de la política nacional e internacional; 12,875 millones de euros para agasajar a invitados de los responsables del Estado, incluidos los ministros.
Alrededor de 40 millones en salarios de ejecutivos gubernamentales, 14,6 millones para altos cargos del Ministerio de Justicia; 702,6 millones como “incentivos al rendimiento”, que incluye horas extras, gratificaciones para completar las nóminas de una élite de empleados públicos, de los cuales la mayor proporción corresponde a las carteras de Interior y de Defensa de 391,8 y 158,3 millones, respectivamente; 8.434 millones a la Casa Real, sin contar las partidas departamentales de las que se beneficia.
Y, mientras se contraen deudas millonarias para futuros programas militares -24.000 millones-, muchas familias no pueden proporcionar una dieta equilibrada a sus hijos. Sin ir más lejos, en Canarias el 40 por ciento de los niños se encuentran en situación de riesgo de pobreza, según el primer estudio ‘Infancia en España 2010-2011′, presentado por Unicef.
En dicho informe, se pone de manifiesto los primeros indicios que anticipan un “preocupante impacto” de la crisis económica sobre la infancia española. España ocupa, junto a Grecia, el último lugar de la UE en el gasto público en familia e infancia, con un 0,7 por ciento del PIB, muy por debajo de la media de la UE: un 2,3 por ciento. Ser un niño pobre en España no parece ser una prioridad para esos que, ahora, después de seguir los dictados de “los mercados”, nos vienen a pedir el voto.
http://www.laprovincia.es/opinion/2011/10/21/pobreza-infantil-espana/409541.html
Miles de familias a consecuencia del paro y de de la mala gestión de los recursos sociales se encuentran en situación de pobreza extrema.
Más o menos como los emigrantes que vienen a nuestro país en patera, pero con el agravante de una deuda hipotecaria, que aun con trabajo nunca podrán pagar, siendo morosos perpetuos.
Les han estafado, les han robado y encima son morosos. Los bancos estaban embragando y se quedaban la vivienda al 50% de su valor más 2 € y la están vendiendo un 30% mínimo más cara o más.
Si en España hubiera democracia real y justicia social no se permitiría vender a las entidades financieras pisos de familias desalojadas a ese precio ni devaluar las viviendas para el embargo.
Ahora está anunciando en PSOE que hay que poner en marcha la dación de pago pero no hablan de alojar a las miles de familias que están malviviendo en la calle.
En España se han dado ayudas a todo el mundo que ha venido y se han hecho llamamientos masivos con papeles para todos y ahora que necesitan muchas familias se nos cruzan de brazos la clase política, vuelven suecos y miran a otro lado.
Realmente no les importan nada más que los votos para gobernar y seguir haciendo lo mismo de lo mismo.
Esto es lo que se creen en que en esta legislatura van a hacer, pero esto se les ha acabado ya
L a injusticia social que está sufriendo el pueblo y sus hijos está indignada y son muchos los que reclaman Democracia Real ya.
A tomar por saco el bien superior del menor no hay euros no hay negocio empiezan a descubrirse los intereses reales.
Para esto no hace falta ser ni vidente ni profeta estaba claro la gran remojada la gran secada, lo malo es que los que de verdad lo necesiten se verán perjudicados.
ANPRODEFA
La institución abandona un programa que atiende a 320 menores en riesgo
la Diputación Provincial de Almería no aportará la parte que le corresponde para el funcionamiento de los Equipos de Tratamiento Familiar (ETF) que dependen de esta institución. Se trata de cinco equipos distribuidos en la provincia y formados por tres profesionales -psicólogo, trabajador social y educador- cada uno de ellos. En la actualidad, atienden a 350 menores en situación de riesgo o grave riesgo social pertenecientes a 150 familias.
Los trabajadores intentan que los chicos no se separen de sus familias.
El organismo afirma que no puede invertir 232.238 euros en la iniciativa
La decisión de abandonar económicamente el programa ha sido comunicada oficialmente esta semana a los 15 trabajadores y al comité de empresa -formado por CC OO, CSI-CISF y UGT- cuyos representantes denuncian “presiones” por parte de la Diputación Provincial hacia los empleados con los que “se ha negociado a espaldas de los sindicatos”, lo que “contraviene el Estatuto de los Trabajadores”. A la plantilla se le ha ofrecido abandonar el programa o permanecer con su empleo con una reducción de hasta un 40% de su sueldo con respecto al año pasado que se sufragaría con dinero de la Junta.
La institución supramunicipal -gobernada por el PP- argumenta no estar en disposición de invertir 232.238 euros en este programa, en el que se trabaja desde 2005 mediante un acuerdo con la Junta. La Consejería de Igualdad y Bienestar Social sí aportará su parte -508.930 euros- al entender que los ETF son una “herramienta técnica fundamental” dentro del Programa de Tratamiento Familiar.
La delegada de Igualdad y Bienestar Social en Almería, Adela Segura, explica que durante los últimos años se ha producido un incremento de casos de menores en edad próxima a la adolescencia que presentan “actitudes antisociales” y el papel de los ETF, aquí, es fundamental. “No entramos en las decisiones de otros organismos públicos, pero este tema nos preocupa”, afirma.
Junto a los cinco equipos de Diputación existen otros siete en la provincia gestionados en colaboración con Ayuntamientos con los que “no existe ningún problema” para continuar con el programa, corrobora la delegada provincial.
Los trabajadores de los Equipos de Tratamiento Familiar tratan de evitar la separación del menor de su familia y trabajan para normalizar el tratamiento familiar aportando pautas rehabilitadoras a menores y progenitores, “muchos de ellos con graves problemas de toxicomanías o maltrato”, entre otros casos.
http://www.elpais.com/articulo/andalucia/Diputacion/Almeria/aplica/recortes/sociales/elpepiespand/20110919elpand_5/Tes
Anprodefa (Asociación nacional pro defensa de la familia) se une y apoya el movimiento 15 M, Democracia real ya y 15 Octubre movimiento global.
Este movimiento entra dentro de los intereses y la dinámica Anprodefa, que en definitiva vela por los derechos de la familia en su definición más moderna y plural de la misma sin apología política e independiente de organismos oficiales en los que hasta la fecha no se han beneficiado eficientemente con los miles de familias afectadas por los servicios sociales de menores, acabándose los derechos de las mismas, una vez han cruzado sus puertas.
Queremos que se acabe y se hagan auditorias a las asociaciones sin ánimo de lucro que se responsabilizan de los hijos de estas familias, creemos que es un gasto desmesurado de 3500 € en pisos de acogida a 15000 € aproximadamente en centros cerrados por menor que cobran de las arcas del estado y que los menores no reciben la suficiente formación según estadísticas publicadas, ni mucho menos se revierte este dinero en el bienestar de los mismos.
Se exige más terapia familiar y más ayuda económica a las familias para no llegar a desmembrar indiscriminadamente a las familias con un patrón común basado en suposiciones sin fundamento. Acabose el negocio, acabose el problema.
