- El Estado tutela a 30.000 menores que se quedaron huérfanos, o que vivían en situaciones de riesgo. De ellos, 17. 000 esperan ser acogidos por una familia.
- 30.000 familias esperan desde hace años poder adoptar en el extranjero. China, Rusia, Etiopia, Vietnam y Colombia son los países con más casos.
Unos 30.000 niños viven en España tutelados por el Estado, ya sea porque se han quedado huérfanos y sin familia, porque llegaron del extranjero sin sus padres, o porque residían un ambiente de riesgo por la violencia o una pobreza severa. De estos menores desamparados, alrededor de 13.000 viven temporalmente en hogares, mientras que el resto espera poder ser acogidos por familias.
La cifra de menores en desamparo es equiparable a la de familias españolas que esperan poder adoptar un hijo en el extranjero. Pero son dos realidades distintas, porque no todos los niños que viven en centros de acogida en España pueden ser adoptados.
Arturo Canalda, Defensor del Menor en Madrid, es partidario de aumentar el acogimiento familiar, como una manera de que el menor se desarrolle y goce del cariño y bienestar social en un hogar. Pero subir el escalón de la adopción no puede extenderse a todos los menores, puesto que muchos han salido de sus familias biológicas como medida preventiva y temporal, hasta que se resuelva una determinada situación de riesgo. En este punto coincide Javier Álvarez Ossario, coordinador de CORA, que es el colectivo de familias adoptantes. En su opinión, los centros de menores deberían ir desapareciendo y sustituirlos por hogares que acogen por un tiempo a los niños. “Hay 17.000 niños institucionalizados, en desamparo, a los que tenemos que buscar una salida”. Javier, padre de dos niños de Burkina Faso, está a favor de las adopciones entre familias que se conozcan en España.
Las asociaciones de padres reconocen que existen reticencias a la adopción nacional por la creencia de que la familia biológica lo tiene más fácil por la proximidad para reclamar el retorno del hijo.
Seis años para adoptar en el extranjero
Mientras, sigue la lista de espera, de hasta seis años, para adoptar en el extranjero y eso que las peticiones se han reducido un 50% por la crisis. Entre las causas de esta demora, está la demanda en países que han endurecido las condiciones para adoptar, como China, por el menor número de niños en centro de acogida y orfanatos. El coordinador de CORA admite que hay “bolsas de adopción” en China, el África Subsahariana y Rusia. En 2010 se efectuaron 2.891 adopciones y los países donde más casos se tramitaron fueron Rusia, China, Etiopia, Vietnam y Colombia.
Pero los padres adoptantes llaman la atención por el hecho de que tres de los cinco países donde más se ha adoptado (Etiopia, Vietnam y Rusia) no han firmado el Convenio de la Haya de referencia en los procesos de adopción.
Este convenio otorga más transparencia al proceso, puesto que obliga a las administraciones de los dos países, el de origen y el receptor, a mantener una cooperación y comunicación sobre los trámites de adopción. Además, el estado de donde el procede el niño tendrá que informar sobre su origen y su historia. En cambio, en los países que no han suscrito el convenio la adopción depende más de intermediarios; los padres contratan el servicio de un representante legal en ese estado que hace las gestiones de la adopción.
“La situación actual de la adopción internacional no nos gusta. Nos preocupa el mercantilismo y que los procesos se muevan por elemento distorsionadores, a través de los cuales la familia busca al mejor niño, cuando debe ser al revés”, critica Javier Álvarez. Las familias piden limitar el número de expedientes de adopción para que no se generen los atascos en países con escasa capacidad logística. Además, reclaman que se acaben con las compensaciones que pagan por la gestión de la adopción.
Por ejemplo, para adoptar en Nepal los padres llegan a pagar 4.500 euros al gobierno, y 3.500 al orfanato, y en Haití se pagan 3.800 euros.
Las familias adoptantes piden más transparencia en estos procesos y recuerdan que las irregularidades en los países de origen pueden repercutir en España. José Antonio Lorente, precursor del proyecto de ADN para identificar a niños desaparecidos, advierte de que más de un millón de niños son víctimas de redes que trafican con seres humanos. La ONU avisa de que Europa Occidental es destino del tráfico de menores. En España, se han descubierto a chicas menores de edad que habían sido secuestradas en sus países de origen grupos de explotación sexual.
http://www.teinteresa.es/espana/ninos-Espana-esperan-acogidos-familia_0_647337491.html
Hay medios de comunicacion que sirven como cortinas de humo ante los servicios sociales.
Cuentan que la DGA tutela a más de 400 niños desamparados por sus familias, ¡mentira! son secuestros con la ley en la mano, lo que no cuentan que existe un protocolo de declaración de desamparo, en el que se especifican las causas por las que se puede activar dicho protocolo y que desgraciadamente para el ciudadano que cae en las manos de estos servicios, en el 80% nunca es cumplido fehacientemente. Y por si es un protocolo dictatorial y leonino, en el que sin mediar una comisión paritaria e independiente de los servicios insociables en este caso, un equipo de funcionarios y muchas veces interinos con afán de conservación de su puesto de trabajo puede decretar una tutela de un menor con la aportación de un informe lleno de suposiciones y sin ninguna prueba fundada o veraz.
Se trata de familias que no pueden pagarse un abogado por estar en un estado precario económico, y aun pudiendo pagarse un abogado de pago hay pocos que les defiendan eficazmente ante el muro de la administración, y lo dejamos hay.
Hoy en día el problema del desempleo y la precariedad económica es un caldo de cultivo en el que la injusticia social, junto con esta clase de servicios sociales, las cuales destinan a menores a pisos tutelados y centros de menores de asociaciones sin fines de lucro las cuales reciben una media de 3.500,00 a 15.000,00 € mes por niño.
El caso es que nos ponemos en contacto con el justicia y en muchos casos nos dicen que confian en los equipos que tienen estos servicios.
Esto se debe a que existe una relación demasiado cordial y amigable entre los mismos, como para formar un a comisión paritaria e independiente y justa en defensa del menor y la familia.
Con esto no cabe duda de que incluso con lo más sagrado que es la familia, el estado viola los derechos civiles, derechos humanos, derechos del niño, en una democracia prostituida y totalmente hipócrita.
Sevilla, 16 nov (EFE).- El Tribunal Supremo ha duplicado, hasta alcanzar los 80.000 euros, la indemnización que debe abonar la Junta de Andalucía a una madre por el daño moral derivado de haber estado cinco años sin sus dos hijas, cuya tutela fue asumida por la Administración en una decisión luego anulada por los tribunales.
el anonimato de las personas afectadas, rogamos que se nomine como
beneficiario del ingreso a alguna de estas tres asociaciones:
LIGA SFC, ASQUIFYDE o ASSSEM
http://www.asssem.org/2011/08/una-juez-ordena-el-ingreso-de-unamenor.html
Otro caso de Síndrome de Fatiga Crónica (CFS)con fatal desenlace, Investigación de la Muerte de Sophia Mirza
http://www.investinme.org/Article-050%20Sophia%20Wilson%2001-RIP%20ESP.htm
Solo el 20% de estos menores logran obtener el título de secundaria
Un estudio financiado por la Comisión Europea constata que los menores tutelados por la Administración o que viven con una familia de acogida tienen un nivel de estudios gravemente inferior a la media de los estudiantes de su edad.
Mohamed, en la sede de la oenegé de extutelados Punt de Referència CARLOS MONTAÑES
La profesora del Departamento de Psicología Social de la Universitat de Girona, Carme Montserrat, quien participó en la investigación, explica los fallos del sistema: los educadores, señala, “les dicen a los chavales a los 16 años que hagan una formación corta y se pongan a trabajar”, pues a los 18 años dejarán de estar bajo tutela de la Administración y deberán buscar un sustento para vivir de forma autónoma.
“Estos jóvenes están condenados a no estudiar y ello les puede conducir a sufrir exclusión social en el futuro”, advierte Montserrat.
En Europa estamos asistiendo a una campaña de criminalización de la inmigración consciente y organizada por parte del poder político, alimentando los prejuicios racistas con el fin de dividir a la clase trabajadora entre inmigrantes y nativos y desviar la atención de ambos de la lucha contra las medidas antisociales que los capitalistas están imponiendo a todos los trabajadores, independientemente de su origen nacional, su religión o su cultura. Todos los gobiernos están endureciendo sus políticas migratorias, acompañando las modificaciones legales con un discurso de tintes xenófobos y con un aumento del acoso policial (redadas racistas e ilegales, encarcelamiento en CIEs, deportaciones masivas de gitanos, etc.).
Estas políticas también se están trasladando a los menores migrantes sin referentes familiares, o menores no acompañados, ya que la tendencia generalizada es a considerarles inmigrantes antes que niños, con la intención de ir aplicándoles las leyes de inmigración en lugar de las leyes internacionales, estatales y autonómicas de protección de la infancia. En el estado español, cada vez son más las comunidades autónomas (quienes tienen las competencias en protección de menores) que intentan deshacerse de estos menores, negándoles la Tutela, dilatando los plazos para documentarles con su Autorización de Residencia, dejándoles tirados en la calle con dudosas pruebas de determinación de la edad, negando su identidad y cometiendo todo tipo de irregularidades, incumpliendo la legislación vigente.
Y en una nueva vuelta de tuerca, se ha abierto la posibilidad de entregar la Tutela de los menores migrantes a empresas. En el artículo 35.11 de la nueva Ley de Extranjería (relativo a menores no acompañados) se dice textualmente:
“La Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas podrán establecer convenios con organizaciones no gubernamentales, fundaciones y entidades dedicadas a la protección de menores, con el fin de atribuirles la tutela ordinaria de los menores extranjeros no acompañados”.
Si debido a la gestión privada de los centros de protección de menores la atención a los niños y adolescentes en situación de desamparo se ha convertido en un gran negocio, anteponiendo el lucro empresarial a las necesidades vitales de los niños, ahora se abre la posibilidad de privatizar a los propios menores. Esto supone un ataque frontal a la base del Derecho y de la Protección de Menores, una clara discriminación étnica y un alto riesgo para el futuro de los Derechos de la Infancia en su conjunto.
Las organizaciones y colectivos sociales firmantes, mostramos nuestro más absoluto rechazo a esta nueva agresión contra uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, y por tanto exigimos al gobierno del estado español que promueva los cambios legislativos necesarios para evitar semejante disparate. A su vez, reafirmamos nuestro compromiso en la defensa de los Derechos de la Infancia, lo que implica la lucha por unos servicios sociales públicos, democráticos y de calidad.
Enero de 2011. Entidades firmantes:
Colectivo No a O’Belén <noaobelen@hotmail.es>
Col·lectiu DRARI ????? <drari.jurista@gmail.com>
ANPRODEFA dirección@anprodefa.org
El hijo fue dado en acogida tras diagnosticar a la mujer como enferma mental
GUSTAVO FRANCO CRUZ BARCELONA 27/10/2010 01:00 Actualizado: 27/10/2010 04:06
África Morera, fotografiada ayer en su casa de Barcelona, ha recuperado a su hijo después de estar separados tres años.M. ÁNGELES TORRES
África Morera no tiene una enfermedad mental. Tampoco es toxicómana. Es más: se encuentra perfectamente para criar a su hijo de 3 años. Es lo que recientemente ha resuelto la titular del Juzgado de primera instancia número 19 de Barcelona. Todo lo contrario de lo que dijeron durante tres años los informes de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), dependiente de la Generalitat catalana, que el 10 de mayo de 2007 determinaron el desamparo del menor.
“Mi hijo sólo tenía tres días de haber nacido y me dijeron que podría recuperarlo cuando mejorase mi situación económica”, explica la mujer, de 41 años y que actualmente trabaja en un restaurante. Del otro lado de esta historia está la familia de acogida, que ha tenido en su casa durante tres años al pequeño.
La medida de desamparo, según la jueza Yolanda Sánchez Gucema, está basada “en un diagnóstico inicial erróneo (…) de manera que todos los documentos adjuntados efectúan el seguimiento de una enfermedad que la señora Morera no padece”. Aquel diagnóstico equivocado se remonta al año 2003. Pero fue dado como cierto por los servicios sociales, sin que sometieran a la madre a exámenes más rigurosos y actualizados. Por ello, la magistrada ha resuelto ahora“revocar el acogimiento familiar preadoptivo” y el “reintegro del menor” de forma inmediata con su madre.
África dejó de ver a su hijo durante tres años. Aún con la sentencia en su poder, con fecha 22 de marzo de 2010, no pudo iniciar el régimen de visitas que ordenaba la jueza. La Generalitat presentó un escrito de oposición el pasado junio. Pero la respuesta del juzgado fue clara: “No corresponde a la Direcció d´Atenció a la Infància determinar la forma en que ha de llevarse a cabo la sentencia dictada”. Además, la jueza exige que se lleve a cabo su ejecución a fin de “evitar (al menor) un perjuicio irreparable”.
El Departament de Acció Social i Ciutadania de la Generalitat explicó a este diario que se toman medidas cuando un funcionario comete una negligencia. “Pero este no es el caso”, informó un portavoz del Departament. La garantía que tienen los progenitores como África, para revertir decisiones administrativas, es la vía judicial. “Como lo demuestra esta sentencia”, añadió el portavoz.
La mujer ha vuelto a ver a su hijo cada 15 días. Es lo que tiene de momento, el niño tiene que ir acostumbrándose muy poco a poco a África, y cuando esté del todo adaptado, los servicios sociales aprobarán el retorno definitivo.
Serie de errores
África se queja de que ha habido “errores muy graves”. “Como cuando apareció mi hijo en los informes con el apellido del padre, a pesar de que antes de dar a luz yo no tenía relación con él y ni siquiera me preguntaron qué nombre deseaba ponerle. Así que tuve que acudir personalmente al Registro Civil para inscribirlo con mis apellidos”, explicó Morera.
El perito judicial declaró en el juicio que hubo “una serie de errores cometidos al comunicar la noticia a la afectada de que su recién nacido quedaba en preadopción, sin que se elaborara una fase de aclimatación, notificación y acomodación (…). “En el presente caso la noticia por parte de la Direcció d’Atenció a la Infància fue dada sin seguir las instrucciones de las guías profesionales existentes”, denuncia el perito.
“En ambientes y entornos sociales marginales con un estado económico muy inferior al de África Morera, aún en la pobreza, en el chabolismo y nula escolarización, los niños conviven con sus padres sin que las instituciones de protección adopten otras medidas que las de un seguimiento y vigilancia”, concluyó el abogado de la madre, Xavier Piera Coll.
Gustavo Franco Cruz
Desde el día 19 de octubre de 2010 me encuentro en huelga de hambre puesto que mi hija ha sido declarada en desamparo desde el 29 de enero de 2010 en una actuación de la administración a mi juicio arbitraria puesto que se llevo a cabo de una forma incomprensible, ya que considero que no he dejado en desamparo a mi hija en ningún momento dándole las necesidades físicas y psíquicas que necesitaba y esforzándome en esta tarea.
A pesar de esto me ha llegado la declaración definitiva de desamparo, aunque nunca se me ha comunicó previamente el desamparo provisional por Fiscalía, la causa del desamparo definitivo es que no quiero ser valorada, motivo que no tiene acogimiento legal. Por todo lo anterior siempre ha sido mi expresa petición que se me comunique y me sea explicada esta actuación. Sin embargo, solo tengo negativas al respecto de la administración para darme alguna explicación coherente y legal, por mínima que fuera.
No obstante, la respuesta de la administración ha sido llevarse a mi hija de mi lado y del resto de su entorno familiar acogiéndola en diferentes centros de menores donde mi hija ha expresado en diferentes ocasiones su malestar en dichos centros, tanto a la Unidad de Protección a la Infancia y a la Familia, como a la Dirección General del Menor y la Familia, como a la Fiscalía de Menores de Santa Cruz de Tenerife, además en estos centros ha tenido un progresivo empeoramiento de su conducta debido al trato que recibe de sus educadores, que no les dan la atención y necesidades que necesita mi hija, los cuales no se preocupan ni porque tenga un calzado adecuado, y llevando a cabo castigos como privar a mi hija de su derecho a la educación, no permitiendo que vaya al instituto, y por lo tanto desmotivando su propio desarrollo personal y educativo, esta es su actuación educativa. Ante todo esto, mi hija, el resto de mi familia y yo consideramos que lo mejor sería que regresara a casa.
Por estás razones llevo a cabo la huelga de hambre como una actitud para poner en evidencia esta situación de injusticia.
Especialistas impulsan un turno para peritar los casos al margen de la Junta
Pro Derechos Humanos y los abogados coinciden en las disfunciones del sistema
M. J. M. / SEVILLA | Actualizado 02.04.2010 – 05:03
El letrado José Antonio Bosh.
La iniciativa para la creación de este turno va ganando adhesiones. Tanto el Colegio de Psicólogos como el de los trabajadores sociales apoyan de forma solidaria este proyecto. El Colegio de Abogados de Sevilla también coincide con estos colectivos. Entre otros, el letrado Gabriel Velamazán destaca la urgencia de apoyar la especialización de letrados en esta materia.
Las disfunciones por parte de la Administración no pasan inadvertidas para el Colegio de Abogados de Sevilla, que recientemente conmemoró el 60 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos prestando especial interés a la protección de la infancia. Entre las principales conclusiones se destacó que en los supuestos de resoluciones administrativas en la materia de protección de menores debe procederse a la designación de letrado de oficio “obligatoriamente” con motivo de dicha declaración.
José Antonio Bosch apuntó que, si no se tiene un abogado designado, los plazos deberían suspenderse hasta contar con asesoramiento, pues las familias disponen actualmente de sólo tres meses para recurrir contra la Junta cuando esta administración les retira la custodia de un menor. “Es un calvario lo que sufren padres y tutores durante el litigio y deberían ir correctamente representados”, insiste Bosch.
La coordinadora de Pro Derechos Humanos del Menor, Asunción García Acosta, asegura que muchas familias tienen miedo a que le retiren a sus hijos y justifica así la decisión de algunas familias del asentamiento chabolista del Vacie de no llevar a los niños al colegio. “En 2006 contabilizamos a casi 200 niños de hasta 16 años sin escolarizar en el Vacie; las familias no veían con buenos ojos la escolarización por miedo a que se los quitara la Junta”, explica García Acosta.
Esta asociación insiste en que los centros de menores, tanto los terapéuticos como los de reforma y desamparo, tienen que cambiar porque existe “una absoluta desprotección y un secretismo que no se debe permitir, pues los padres tienen que saber siempre dónde estan sus hijos”.
La incompetencia de las administraciones que llevan los temas de los menores es algo que hasta ahora realmente de la que no tenía constancia. Por desgracia me ha tocado de lleno vivir como esta gentuza juega no solo con las familias, tanto biológicas, sino también de acogida, pero sobre todo juega de mala manera con la felicidad de los niños. ¿Como es posible que drugs online alguien piense que ningún ser humano pueda tener precio? Solo las mentes mas enfermas, las cuales están privilegiadas con un cargo que les hace inmune ante los delitos que están cometiendo. En mi caso hemos tenido a Laurita desde los 15 años en casa, salio de la suya por agresiones físicas y psíquicas sufridas por su familial una niña buena, dulce, y que tan solo ha pedido ser FELIZ, después de 2 años nos la arrebata ese gran monstruo llamado, Instituto del Menor y la Familia, para llevársela a un piso que es una secta, donde según esta gentuza va a estar mejor que con nosotros. Laura esta muy mal, ¿donde esta el derecho a decidir una niña de 17 años con quien quiere vivir? daily dose cialis En cambio por ley una menor de 16 años puede decidir abortar a un bebe sin el consentimiento de sus padres. Es una vergüenza, pero seria muy largo para poder describir todo lo que nos ha pasado en tan poco tiempo. Solo decir que luchamos por Laura y también por todos estos niños que están siendo comercializa dos por estos organismos, que realmente lo que demuestran que son mafia pura y dura. LUCHAMOS POR TI LAURITA, TE QUEREMOS AMOR, NO TE RINDAS, un saludo a toda la asociación. Feli
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