Una mujer de 36 años acabó ayer por la noche con la vida de su hija, de tres, en el domicilio que compartían en la calle José Reus García, en el barrio alicantino de Los Ángeles. La policía detuvo a la mujer en la vivienda tras la brutal agresión. Al parecer, según coinciden varios vecinos de la finca, la madre mató a la pequeña porque “la asistenta social le había comunicado que le retiraba la custodia”. Esa fue la explicación que dieron algunas vecinas anoche, cuando aún estaban visiblemente afectadas por el suceso.
“Era muy problemática, en esa casa las broncas eran frecuentes”, aseguró el presidente de la comunidad de vecinos, Blas García en referencia a la detenida. La presunta agresora debe 5.000 euros a la comunidad y tuvo un juicio con otra vecina a la que, al parecer, amenazó, echó agua y dijo que “si pudiera le echaría lejía”.
Cuando la madre abandono el domicilio detenida por la policía, los vecinos gritaron “asesina, asesina”. Por lo que se escuchó ayer, la agresora habría comentado que “mataría a su hija antes de que se la quitaran”. Según residentes de la finca, el padre de la menor asesinada dejó la casa hace unos días, no se sabe si por problemas de salud o de otro tipo. Los vecinos también explicaron que al parecer la pareja, de nacionalidad española, no tenía un oficio concreto, “Iban haciendo lo que podían”. La zona donde ocurrió el crimen esta en el extrarradio de Alicante, un barrio de gente trabajadora.
http://www.elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana/madre/mata/hija/anos/Alicante/perder/custodia/elpepiespval/20110818elpval_2/Tes
La insuficiente garantía social y la falta de complimiento de los derechos civiles y constitucionales hacen a los funcionarios monstruos del poder impunes ante los derechos de las familias.
Hasta el punto de arrebatar a los hijos para siempre.
Anprodefa
El Proyecto de ley de adopción internacional ha incluido en su texto varias
modificaciones del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de
protección de menores. Todas ellas tienen como objetivo común limitar los plazos en
los que las familias biológicas de menores desamparados puedan oponerse a las
decisiones que los servicios sociales adopten sobre sus hijos. O dicho de forma más
tajante se establece una limitación del tiempo en el que esas familias pueden recuperar a
sus hijos cuando les han sido retirados.
El origen de esta sorpresiva reforma legal hay que buscarlo en la decisión de la
Audiencia provincial de Sevilla de fijar una elevada indemnización a una madre a quien
no se pudo reintegrar a sus hijos, al revocarse judicialmente la resolución de la entidad
pública que los entregó a una familia de acogida. Desde ese momento ya se pidió por
los responsables políticos de los servicios sociales que se fijasen “plazos” para tales
reclamaciones, pasados los cuales la decisión de retirar un menor fuese inamovible.
Hay que reconocer que en casos muy contados (pero de amplia repercusión
mediática) el sistema de protección a la infancia en su doble fase administrativa y
judicial no ha funcionado bien, sobre todo por la lentitud en la tramitación de este tipo
de asuntos en los Juzgados. Ello ha dado lugar a situaciones muy dolorosas para algunos
menores que han sido separados de sus familias acogedoras cuando ya habían alcanzado
una integración aceptable. También se han dado casos como el de Sevilla en el que las
familias biológicas no han podido lograr el retorno de sus hijos pese a tener una
sentencia que así lo acordaba.
Pero tales supuestos, además de ser muy minoritarios, no pueden generar una
reforma legal como la que se pretende y que supone un claro retroceso en relación al
sistema actual de protección de menores, inspirado en principios de proporcionalidad y
de preferencia de la familia biológica como lugar de desarrollo del menor; sistema que
además en líneas generales viene funcionando aceptablemente.
La reforma que se propone solo puede ser calificada de incomprensible,
innecesaria e inútil.
Incomprensible porque resuelve el problema trasladando a las familias biológicas
de los menores desamparados, la culpabilidad de unos retrasos que tienen su causa
esencial en el defectuoso funcionamiento de los propios órganos administrativos y
judiciales. Si a ello unimos que la nueva y dura limitación legal se proyecta sobre
familias con clarísimos déficit sociales, habremos de concluir que estamos ante una
reforma regresiva y difícilmente explicable desde planteamientos sociales avanzados.
Es innecesaria porque la mayor o menor pasividad de las familias biológicas en
la superación de las carencias que generan la retirada de sus hijos, ya se valora
actualmente por los jueces como elemento decisivo para acordar o no el retorno de los
menores.
Y es inútil porque el plazo que se concede a las familias para pedir una
“revisión” del caso por cambio de sus circunstancias (dos años), va a suponer que la
espada de Damocles de una posible sentencia judicial que ordene el retorno del menor
seguirá pendiendo sobre éste durante buena parte de su vida infantil.
En un campo como el de la protección de los menores donde la transparencia y la
igualdad de partes no son los valores dominantes, erigir un nuevo obstáculo legal, en
este caso el tiempo, para que las familias biológicas ejerzan sus derechos y los jueces
puedan controlar la actividad administrativa, no es más que fomentar zonas de
oscuridad que a nadie favorecen y que ahondarán la desconfianza que muchas familias
sienten hacia los servicios de protección a la infancia.
Dotar a los servicios sociales de personal y medios, intervenir en el seno de las
propias familias con carencias, respetar el principio de proporcionalidad de las medidas
de protección, aligerar los procesos judiciales de control (como por fin hace también la
reforma), especializar a los jueces que conocen de estos asuntos o dotar de asistencia
letrada efectiva a las familias biológicas es el camino para evitar las disfunciones que en
algunos casos se han producido.
El “atajo” que propone la reforma es una solución burocrática y simple a un
problema social y jurídicamente complejo. Y desde luego dará lugar a que algunos
menores desamparados pierdan definitivamente a sus padres por un día.
José Luis Utrera Gutiérrez
Juez de Familia. Málaga
http://www.juecesdemocracia.es/pdf/TemasInteres/MENORESDESAMPARADOSPlazosperi%C3%B3dicos.pdf
Los cadáveres de los niños tenían la cabeza cubierta por papel ‘film
Los cadáveres de los tres niños discapacitados muertos en un centro de acogida gestionado por Mensajeros de la Paz en Boecillo fueron hallados con la cabeza cubierta por papel ‘film’, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación, por lo que se baraja como la causa más probable de los fallecimientos la asfixia.
Según han indicado las mismas fuentes los cuerpos sin vida de los menores de 3, 9 y 14 años se encontraban en dos habitaciones distintas de inmueble ubicado en la calle Almendro de Boecillo –dos juntos y el tercero en otro dormitorio–.
Los tres menores han fallecido este lunes a manos presuntamente de su cuidadora, quien ha intentado quitarse la vida posteriormente y permanece en el módulo de Vigilancia Penitenciaria del Clínico de Valladolid por su supuesta implicación en los hechos.
Los tres niños fallecidos de forma violenta padecían un gran grado de movilidad reducida, entre el 78 y el 90 por ciento, dos de ellos eran de nacionalidad española y un tercero era guineano.
Los cuerpos sin vida de los menores fueron hallados en torno a las 9.05 horas de la mañana de este lunes en las instalaciones de este centro ubicado en la calle Almendro de dicho término municipal, cuando otras dos empleadas del centro accedieron al recinto por la mañana para comenzar su jornada laboral y encontraron a la otra monitora y presunta autora “inconsciente” y a los tres menores fallecidos, por lo que se pusieron en contacto de inmediato con el Servicio de Emergencias 112, cuyos facultativos avisaron a la Guardia Civil de Boecillo.
Tras esta situación, la monitora, que tenía heridas en cabeza, cuello y muñecas, fue trasladada al módulo de Vigilancia Penitenciaria del Hospital Clínico de Valladolid, donde ha prestado declaración.
http://www.eldiadevalladolid.com/noticia.cfm/Provincia/20110815/cadaveres/ni%C3%B1os/tenian/cabeza/cubierta/papel/film/11BFCA8E-FE08-D776-59F0DC127AB81664
Ingresó el viernes para su tercer fin de semana de privación de libertad en el reformatorio de Brea de Tajo.- Presentaba, según el Gobierno regional, “síntomas no adecuados” aunque la madre sostiene que estaba “tranquilo y bien”.- Sufrió “varios ataques de angustia” y falleció de un paro cardíaco
Un joven madrileño de 19 años falleció el pasado viernes en el centro de internamiento de menores Teresa de Calcuta de la localidad de Brea de Tajo (495 habitantes, en la comarca de Las Vegas, en el sureste de la Comunidad de Madrid), según ha informado la cadena SER. Había ingresado en el centro ese mismo día para cumplir una pena de 12 fines de semana de privación de libertad por unos hechos en los que estuvo implicado cuando era menor. Según el Gobierno regional, sufrió “varios ataques de angustia” y un “paro cardíaco” que le provocó la muerte la madrugada del sábado. El avance de la autopsia determina que el fallecimiento se produjo por causas naturales.
Los socialistas madrileños piden más información al Gobierno regional y le han recriminado que este centro sea de gestión privada. El centro tiene 165 plazas, lo edificó en 2006 un empresario de la construcción, que lo gestiona mediante una concesión de 15 años a través de una asociación sin ánimo de lucro llamada Ginso, que posee otros cinco centros en Almería y Cádiz.
La madre niega que estuviera alterado
Según la versión de los hechos facilitados por la Consejería madrileña de Presidencia y Justicia, el joven ingresaba todos los viernes en el centro para cumplir su pena, impuesta cuando era menor de edad por hurto y daños a la propiedad y al mobiliario urbano, y llegó al centro el pasado viernes a las ocho de la tarde acompañado de su madre. El joven presentaba “síntomas no demasiado adecuados para su ingreso”. Sin embargo, la madre del joven ha asegurado a este diario que su hijo, que acudía al centro por tercer fin de semana consecutivo, fue por voluntad propia y estaba “tranquilo y bien” en el momento del ingreso.
El Gobierno madrileño explica que en el centro el joven sufrió “varios ataques de angustia” y, más tarde, un ataque al corazón. El personal avisó “inmediatamente” al servicio de Emergencias 112. Cuando el Summa acudió al lugar, le realizaron labores de reanimación pero los efectivos sanitarios sólo pudieron certificar su muerte. Fuentes de la Guardia Civil han precisado a este periódico que los forenses no han apreciado signos externos de violencia y que el avance de la autopsia determina que el fallecimiento fue por causas naturales, informa F. Javier Barroso. La misma fuente del Ejecutivo de Madrid ha precisado que el juez de guardia entrevistó a todos los trabajadores del centro, no apreció indicios de tratamiento inadecuado o de maltrato por lo que no abrió diligencias complementarias. El magistrado ha permitido la incineración del cuerpo pero la familia quiere hacer un segundo análisis del cuerpo y, mientras tanto, enterrarlo.
La madre ha contado que el primer fin de semana que pasó en el centro de internamiento estuvo “muy contento” pero que el segundo, el anterior a su muerte, tuvo “unas palabras de nada” con algún monitor. Tras conocer el caso, la portavoz socialista en la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea de Madrid, Matilde Fernández, ha solicitado la comparecencia en la Cámara autonómica del consejero de Asuntos Sociales, Mujer e Inmigración, Salvador Victoria, y de la consejera de Presidencia y Justicia, Regina Plañiol. Fuentes del Gobierno regional han contestado a la petición que Plañiol dará todas las explicaciones que sean necesarias para aclarar lo sucedido cuando se conozca la autopsia.
Para Fernández, es “absolutamente necesario” que expliquen qué ha pasado”, al tiempo que ha considerado que los centros de internamiento de menores infractores que son responsabilidad la Comunidad de Madrid presentan “una preocupante carencia de profesionales especializados en las áreas pedagógicas, psicológicas y médicas”.
La portavoz ha insistido en la importancia de que su gestión la realice directamente la administración pública: “Los centros de menores infractores tienen que contar con profesionales altamente cualificados porque de lo que se trata es de que los adolescentes y los jóvenes se reinserten socialmente en las mejores condiciones y con éxitos en la modificación de conductas”. A su juicio, “se tiene que revisar alguna de las políticas en este ámbito”. En el caso del trabajo con menores infractores, ha añadido, ha de exigirse “una coordinación máxima entre la Consejería de Asuntos Sociales y la Consejería de Justicia”.
La socialista ha destacado que el centro Teresa de Calcuta está gestionado por una empresa privada y es un centro “saturado” y “demasiado grande para el trabajo social que en él se debe realizar”. Desde Presidencia y Justicia han apuntado que este centro cuenta con 165 plazas y 46 están desocupadas, por lo que consideran que no se puede hablar de saturación.
http://www.elpais.com/articulo/espana/Muere/joven/centro/internamiento/menores/elpepuesp/20110711elpepunac_3/Tes
Lo que está pasando y nadie quiere admitir que pasa
Protocolos nada lícitos de actuación de los servicios sociales de menores en adelante (ssm), en caso de que te falten a derecho o forma.
E n cuanto entras en el sistema de actuación de los ssm, debes tener en cuenta y hay que tenerlo claro, que ellos deben de actuar de acuerdo y respetando, los derechos del menor y de su familia.
Que en determinados casos en los que con pruebas fehacientes e inculpatorias, (hechos probados) de riesgo del menor, estos deben de activar el protocolo inmediatamente, por el bien superior del menor.
Para empezar vamos a enumerar algunas de las circunstancias más comunes en las que suelen intervenir y suelen sobrepasar los límites de autoridad y faltar a derecho y forma del menor y su familia.
Ejemplos de actuación ilícita o mala praxis de los servicios sociales de menores:
- Familia que por circunstancias de la vida y muy común hoy en día se encuentran sin recursos económicos, por paro generalizado en los miembros de la familia, sin subsidio de desempleo y sin ningún recurso económico, con las consecuencias que esto conlleva, corte de luz, agua, gas, entre otras deudas, se les ocurre pedir una ayuda social.
-Familia que por circunstancias económicas, son desahuciados y se quedan en la calle, con toda su familia.
-Familia mono parental padre con hijos o madre con hijos, casi siempre con un divorcio por el medio, en estos casos, suelen cebarse y hemos observado que en asociaciones sin fines de lucro como algunos centros de encuentro se realizan informes contradictorios por el mero hecho, de llegar tarde a la entrega del menor, que la madre o el padre no muestra el afecto deseado hacia el menor, que carecen de autoridad o no saben imponerla, que ante la actitud de los cónyuges por educar al menor existen indicios de maltrato hacia el mismo, todo esto y más suposiciones.
Estos informes pueden ser tomados como prueba y considerados para el posterior informe de los ssm y posible suspensión de tutela ex lege del menor.
-Familia incluso en ambos casos con buena, o por el contrario escasa posición económica, pero con casos de minusvalía física, a estas familias se les ocurre pedir la ayuda de una asistencia social, con la cual y dotando de medios adecuados, esta familia puede convivir y educar a sus hijos muy dignamente como cualquier familia. Pues no, hay casos en los que llegar a poner la minusvalía como pretexto para proceder a la tutela del menor por parte de los ssm. El procedimiento es penoso, por las continuas humillaciones a estos padres, y digamos ejemplos como inspeccionar la nevera para ver si tienen alimentos adecuados, pero no para proporcionarlos y que el menor este bien alimentado, si no para escribir en el informe que la nevera esta medio bacía, casualidad, porque los padres compran cada dos días y han coincidido con el día que van a comprar. En esta casa huele mal, o que mal huele, cuando te duchas, han llegado a realizar informes de suposiciones como aludiendo a que la madre tiene el síndrome de Münchausen que es un trastorno psiquiátrico, que se caracteriza por inventar y fingir dolencias (o incluso provocárselas a sí mismo, mediante la ingesta de medicamentos o mediante autolesiones) para llamar la atención de los médicos, y ser tratado como un enfermo. Esto sin tener el más mínimo síntoma de dicha enfermedad.
Realizan y ejercen todo tipo de humillaciones y vejaciones en contra del honor y la dignidad de la familia. Todo menos prestar la adecuada ayuda a la familia, con el único fin de quitar la tutela separando al menor del núcleo familiar.
-Familia niño con problemas de conducta, hiperactividad, adicción al ordenador, malas compañías etc.
Esto es muy común, pues los padres piden ayuda a los servicios sociales y en la mayoría de los casos y sin previo estudio con el informe de el equipo de turno lleno de suposiciones los padres entran en un proceso el cual después de marearlos de aquí para allá, visitas a horas que deben de dejar de trabajar, terapias familiares, que aun que suenan muy bien no sirven para nada, bueno para decir que los padres han perdido la autoridad hacia el menor.
El problema es que lo tutelan pero no te dicen que es lo que debes hacer, ni como lo tienes que hacer para recuperar esa pérdida de autoridad, la familia ni el menor pasan a segundo grado de importancia entrando en el protocolo, sin importarles que ese menor piensa que lo han metido en un sitio que no es su casa en donde se encuentra verdaderamente desamparado y está sufriendo la pesadilla de su vida. La realidad es que ellos no lo saben y lo único que les importa es que esto dure pues es necesario que allá casos para que ellos tengan asegurado su puesto de trabajo y demás intereses.
SI eres padre, tienes que ejercer como padre, si eres amigo no puedes ejercer como padre porque careces de autoridad.
Si eres padre y educas tarea difícil, pues no viene en las instrucciones del niño cuando nace, puedes llegar a realizar un maltrato psicológico, por el mero hecho de sugerir ordenar el cuarto de buenas maneras, que se asee el menor, que realice sus tareas escolares, que no se esté toda la noche mandando mensajes por teléfono, recomendarle que no frecuente con compañías perniciosas y catalogadas como peligrosas.
Si en este procedimiento, se le ocurre al menor denunciar falsamente a los padres por un maltrato psicológico o por autolesiones por una rabieta por estar en contra por cualquier circunstancia de las anteriores con los padres, estos son inmediatamente clasificados como no actos, padres peligrosos, familia desestructurara y este es tutelado directamente por el bien superior del menor.
Conviene saber que centros de atención médica y colegios tienen la responsabilidad de denunciar a la más mínima sospecha de maltrato detectada, cosa que está bien. El problema es el protocolo, que a nadie le importa el averiguar el origen del maltrato y va ha ser directamente acusada la familia y perjudicado el menor con una separación forzosa.
Esto está pasando, aun demostrando que el menor se ha autolesionado o le ha lesionado un compañero o un amigo. No digamos si este ha tenido barios golpes, pues se trata de un menor muy movido y poco cuidadoso con su integridad física, o ha tenido barias caídas en corto tiempo con sus consiguientes moratones y heridas. Basta con una mera sospecha basada en una suposición para que el menor sea separado de su familia sin más preámbulos. Un informe lleno de suposiciones es manipulado por un funcionario de menores, que sin ninguna prueba, y basado en el bien superior del menor destruye el vínculo de esa familia, como un analfabeto se pone a leer el periódico al revés.
No vamos hablar de en qué estado psicológico sale el menor, pues salen con el síndrome del papel higiénico, pues piden permiso asta para ir al servicio, o les da por suicidarse ante el acoso continuo. No hablemos ni de la educación y formación que recibe el menor en estos servicios, pues parece ser que con el pretexto de que proceden de familias desestructuradas calificadas por ellos pocos salen con estudios superiores y menos candidatos a carrera universitaria, Hay estudios de estadísticas recientes realizados que no dejan a estos servicios en buen lugar.
Y lo dice el dicho “Aquí el bueno se hace malo y el malo se hace peor”
Esto está pasando y casi todos políticos y directores provinciales, justicias, dicen que disponen de excelentes equipos, y que confían en ellos.
La única responsabilidad que tienen es firmar la retirada de tutelas, para que los menores pasen a ingresar en los centros de menores, familias de acogida, familias de pre adopción etc.
La verdad es que una familia corriente, trabajadora, sin ninguna adicción ni problema psíquico, en el momento que se pone en marcha la máquina incontrolada de estos servicios, esta familia entra en un proceso que conlleva soportar acoso psicológico, gastos judiciales, separación forzosa, sin ningún tipo de negociación del menor y normalmente no saben proceder a denunciar, pues es difícil que incluso el abogado o les cogen miedo por las continuas amenazas a que son sometidos.
S i les sigues la corriente y te humillas durante dos o cuatro años no consigues nada. Si reclamas tus derechos y eres fuerte guardando las formas, tampoco consigues nada.
SI sales en los medios de comunicación, no te dejan hablar nada más de lo que a ellos les interesa, buscando el sensacionalismo, pero ocultando el proceder de los servicios sociales de menores.
Desde ANPRODEFA se están investigando casos todos los casos de nuestros socios, para defender la violación de los derechos del menor y de su familia.
En todos ellos se han encontrado numerosos motivos por los que se ha faltado al derecho o forma en los protocolos de los ssm. En los cuales queremos crear jurisprudencia y acabar con esta despiadada forma de proceder con las familias.
Esto es a si y es la pura realidad que desgraciadamente están pasando cientos y cientos de familias, que no son diferentes a ti.
Danos tu apoyo.
Qué bien que se ven los toros desde la barrera, como aquel que dijo hay me las den todas.
??Mientras que el número de menores en situación de desamparo en la Comunidad ha descendido en el último año un 12%, las medidas de apoyo a las familias han aumentado casi un 7%
??.La DGA ha reducido el número de menores que están bajo su acción protectora, aunque también han aumentado los que cuentan con medidas de apoyo a la familia. Según un informe del Justicia de Aragón, a 31 de diciembre de 2010 en la Comunidad había 196 menores internados, 38 menos que el año anterior. Una tendencia a la baja que se repite en el resto de clasificaciones. Así, el número total de menores que de una forma u otra reciben tutelaje de la Administración es de 1.118, nueve menos que en 2009. De ellos, 381 están en situación de desamparo, un 12% menos, y en 43 casos Servicios Sociales ha asumido la guarda. Mientras, los menores protegidos cuyas familias cuentan con ayudas han pasado de 474 a 506.
Centros de salud mental En el informe del Justicia se destaca la inexistencia de un centro tutelado para menores con algún trastorno mental ya que en las residencias y pisos actuales no cuentan con los recursos específicos.
LOS EXPEDIENTES DE MENORES MÁS SIGNIFICATIVOS EN 2010
La adjudicación del piso de emancipación de Teruel
El Justicia detectó que la gestión del piso de emancipación de Teruel estaba sin adjudicar y que esa función la cumplía Cruz Roja. El IASS contestó que estaba abriendo el proceso de designación.
Los delincuentes menores de 14 años
Para tratar a los menores de 14 años el IASS cuenta con un equipo especializado llamado EMCA que sólo actúa en Zaragoza. El Justicia ha solicitado que se amplíe a Huesca y Teruel.
Una niña que no podía acudir al pediatra
Una mujer tuvo una hija fuera del matrimonio durante el proceso de divorcio. Esta circunstancia dificultó la inscripción en el Registro Civil y la atención pedíatrica. Finalmente se arregló el problema.
Seguir el tratamiento después de los 18 años
Al cumplir los 18 años el Servicio de Menores iba a perder la custodia de un joven en tratamiento psiquiátrico del que su familia no podía hacerse cargo. La DGA se comprometió a mejorar el sistema.
LA FISCALÍA IMPONE MENOS SANCIONES A LOS MENORES
Durante 2010 la DGA disminuyó el número de sanciones y de menores amonestados. Así 1.137 jóvenes se sometieron a 1.381 acciones correctoras. En 2009 fueron 1.184 y 1.405, respectivamente. El número de adolescentes en libertad vigilada es de 415.
444 actos vandálicos tuvieron una reparación
El coste de la reparación de 444 actos vandálicos provocados por menores fueron asumidos por ellos o sus familias.
LA CRISIS AGRAVA LAS QUEJAS DE LOS CIUDADANOS
El Justicia atendió un 16% más de casos
Dentro del informe de actividades del Justicia de Aragón de 2010 se destaca que las quejas aumentaron un 16% el año pasado. Una tendencia que continúa en 2011. Especialmente inciden en cuestiones como la hipoteca y la factura de la luz.
Mayor situación de angustia
El Justicia ha señalado que las personas que acuden a él lo hacen con mayor angustia. Esta afirmación la fundamenta en el hecho de que la mayoría (más de mil) presentan su quejas de forma presencial antes que por cualquier otro método.
Educación, Función Pública y Sanidad
El mayor número de expedientes están relacionados con cuestiones de Educación (213). Le siguen los que hacen referencia a la Función Pública (173), Sanidad (169) y Vivienda (96).
Han surgido nuevos pobres
Debido a la crisis, el Justicia, habla de “nuevos pobres”, parejas en las que uno de sus miembros ha perdido el trabajo. Además reclama más apoyo a las ONG, que han visto recortadas las ayudas en algunos casos en un 30%.
Los días 18 al 20 de abril se realiza una campaña de captación en la galería comercial de la morea
También se informará sobre las necesidades de voluntariado en Ilundain, donde se pueden realizar labores como acompañamiento a los jóvenes, talleres y clases de apoyo escolar, o en el Aula de la Naturaleza.
La Fundación Ilundain es una entidad sin ánimo de lucro cuyo principal objetivo es capacitar jóvenes en riesgo de exclusión social. También cuenta con un proyecto de educación ambiental, dirigido a escolares de Infantil y Primaria.
Dos años de la muerte de Miguel, conocido por sus amigos como Txapelo, en el centro Illundaín Hariz Berri. Miguel apareció muerto estando en aislamiento, castigo prohibido por la Naciones Unidas en la resolución 45/113 para su uso con menores. Además, estaba siendo sometido a medicación forzosa y según reconoce el propio atestado policial, carecía de diagnóstico.
Según indica también el atestado policial, Miguel había anunciado previamente su intención de quitarse la vida, ya que los “educadores” de Illundáin Haritz-Berri le habían castigado a pasar 7 días en aislamiento a causa de su comportamiento rebelde. A pesar de su anuncio, Miguel fue encerrado dejandole sin ningún objeto de entretenimiento pero sí con un cinturón de cuero que presuntamente empleó para quitarse la vida.
Podéis pasar a donar para que esta fundación sin ánimo de lucro lo siguán haciendo a si de bien y sin remordimientos.
La Defensora del Pueblo ha retomado en el informe anual 2010 de la institución las actuaciones en los centros de menores con trastornos de conducta para advertir de que si bien las administraciones autonómicas “han incrementado su preocupación”, persisten las denuncias ciudadanas por “hechos gravísimos” en estas instalaciones.
El informe, recogido por Europa Press, señala, por ejemplo, que la Defensora del Pueblo había advertido personalmente a la Consejera madrileña de Familia y Asuntos Sociales y a la directora del Instituto Madrileño del Menor y la Familia del “alto riesgo” de que un menor ingresado en el centro de Picón del Jarama cumpliera sus amenazas de dañar su integridad física.
El menor, que pretendía conseguir así que le trasladasen a otro centro, fue ingresado tiempo después en el hospital Gregorio Marañón por un intento fallido de suicidio. “En la actualidad, y mientras se sigue a la espera de la contestación oficial de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, esta Institución ha podido conocer que el menor ha vuelto a escapar de la residencia Picón del Jarama”, explica el informe correspondiente a 2010.
Además, la Institución ha recibido la queja de una niña de 15 años ingresada en el mismo centro que denunciaba haber sido víctima de acoso sexual por parte de uno de los educadores mientras la madre de otro adolescente aseguraba que su hijo “había sido objeto de contenciones muy violentas y prolongados encierros” también en Picón del Jarama.
Otro de los casos sobre los que llama la atención el informe es el de una joven de 17 años, que según su declaración, quedó embarazada de un vigilante de seguridad del centro de menores en el que estaba ingresada, hecho que la Defensora comunicó al Fiscal General del Estado. Una vez dio a luz, la Consejería madrileña de Familia y Asuntos Sociales retiró el niño a la joven y al cierre del informe, ni la Institución ni la madre conocían “su paradero ni su destino futuro”.
Asimismo, la Oficina del Defensor ha recibido quejas de ex educadores que trabajaron en algunos centros de la Comunidad de Madrid, concretamente en el Hogar de El Escorial y la Residencia Infantil de Torrelodones porque habían sido testigos de “palizas y malos tratos a niños ingresados”. En concreto, una ex trabajadora del primero de estos centros dijo haber visto una “paliza” de un trabajador a dos adolescentes propinada con un palo.
La respuesta dada por la Consejería madrileña ante estos hechos se recoge en un informe trasladado al Defensor del Pueblo en el que “se limita a afirmar que ‘no le constan tales hechos’ que tienen por objeto ‘desacreditar el trabajo con los menores en la Comunidad de Madrid”, conforme recoge el anuario de la Alta Institución.
En el mismo documento, la Consejera de Familia y Asuntos Sociales niega que los asesores del Defensor del Pueblo visitaran durante sus investigaciones la sala de visitas del Centro de menores de Galapagar, donde según las denuncias recogidas en el informe monográfico de la Alta Institución sobre estas instalaciones, se encerraba a los menores.
“La Consejera señala que ‘le consta’ que los delegados del Defensor visitaron ‘todas’ las dependencias del centro, siendo así que ni ella ni ningún miembro de la consejería estuvieron presentes durante la inspección realizada, y nuestros asesores confirman que no se les facilitó el acceso a la mencionada sala de visitas pese a habérselo solicitado a la dirección del establecimiento, que eludió la petición”, explica el informe de la Defensora del Pueblo interina.
La Comisión Europea aprobará el próximo jueves un plan de acción para afrontar el problema de los inmigrantes menores no acompañados que llegan a Europa, tal y como reclamaba España, cuya prioridad será facilitar el retorno con sus familias a sus países de origen.
Bruselas reclamará a los Estados miembros que las decisiones sobre el futuro de estos menores se tomen en el menor plazo posible, preferentemente seis meses. Y se comprometerá a financiar con fondos europeos la reinserción en los países de origen, creando por ejemplo oportunidades de estudio y formación, informaron a Europa Press fuentes comunitarias.
El plan no recoge sin embargo otras peticiones de España, como ayudas de la UE para los Estados miembros que acojan a un mayor número de menores no acompañados y un mecanismo de reparto de estos niños y jóvenes dentro del territorio europeo.
En 2009, un total de 10.960 menores no acompañados presentaron solicitudes de asilo en 22 Estados miembros (todos excepto República Checa, Dinamarca, Francia, Polonia o Rumanía). Esta cifra representa un incremento del 13% respecto a 2008, según los datos de la oficina estadística Eurostat. El perfil más frecuente es el de un chico de entre 16 y 17 años. La mayoría viene de África Occidental, Afganistán, Irak o Somalia.
El plan de acción propone una respuesta común de la UE para este problema en tres ejes: la prevención de la inmigración irregular y el tráfico de seres humanos, el refuerzo de las garantías en la recepción de los menores y la búsqueda de soluciones sostenibles.
Una de las prioridades para Bruselas es hacer todos los esfuerzos posibles para reunir al menor con su familia, salvo que existan motivos que lo desaconsejen, y para que pueda crecer en su país de origen. Los Estados miembros tendrán que proteger a los niños de las mafias que trafican con seres humanos.
Además, Bruselas pide que se apliquen todo tipo de garantías en la recepción de los menores desde el momento en que se les encuentre en las fronteras o dentro de un Estado miembro hasta que se encuentre una solución sostenible. En este sentido, la detención sólo podrá usarse como medida de último recurso cuando esté justificada y durante el menor tiempo posible.
La decisión sobre el futuro de cada niño deberá tomarse en el plazo más breve posible, preferentemente en seis meses. Y se basará en un análisis individualizado de lo que más convenga al menor.
El Ejecutivo comunitario vigilará que la legislación de la UE se aplique correctamente y decidirá si es necesario introducir nuevas normas que fijen estándares comunes sobre recepción y asistencia para menores no acompañados en cuestiones como representación legal, educación y alojamiento.
- El 75% de ellos son mayores de 7 años y “cuesta encajarlos en adopción”
- En EE.UU. se recurre al marketing para impedir que crezcan en los centros
- Iniciativas como las norteamericanas serían impensables en nuestro país
Ver también: Infancia sin padres en LA NOCHE TEMÁTICA
En España hay alrededor de 40.000 menores es desamparo. De ellos el 75% son mayores de siete años.tve
En España los niños de 0 a 3 años tienen a muchas familias dispuestas a adoptar. Los problemas empiezan a crecer, a medida que crecen los niños.tve
ANA, madre adoptiva. Tiene 6 niños en acogida, 1 niña adoptada y 4 hijos biológicostve
En EE.UU. hay 600.000 niños en el sistema de acogida. Unos 28.000 de ellos cumplen los 18 años y siguen institucionalizados.tve
El documental ’Los niños de la pasarela’, muestra la realidad del sistema de adpoción en EE.UU.tve
’El niño del miércoles’ es un programa de máxima audiencia en EE.UU. Busca que los niños encuentren una familia que les adoptetve
Mario Bedera, impulsor de la Comisión Especial del Estudio de la Problemática de la Adopción Nacionaltve
David Azcona, presidente de la asociación “La Voz de los Adoptados”tve
AZAHARA GARCÍA 28.01.2011Paula, Sergio, Amaya, Gonzalo, Elena, Antonio… Todos ellos comparten junto con un grupo de entre 35.000 y 40.000 personas, algo en común: son menores y viven en centros de acogida o tutelados por las administración publica. De ellos, alrededor del 75% son mayores de 7 años. En la mayoría de los casos, estos niños pierden su infancia en los centros de acogida o “pasando” de una familia a otra.
Javier Álvarez-Ossorio, coordinador general de CORA (Coordinadora de Asociaciones en Defensa de la Adopción y el Acogimiento), achaca está situación al “excesivo predominio de la institucionalización por parte de las comunidades autónomas”. Para Álvarez-Ossorio, “se trata de una solución fácil que conlleva el que muchos menores permanezcan mucho más tiempo del necesario en una insitución”
Aunque pueda parecer contradictorio, en ocasiones, lo complicado no es adoptar en el ámbito nacional, sino encontrar familias para aquellos niños que lo necesitan. En España los niños de 0 a 3 años tienen a muchas familias dispuestas a adoptar. Los problemas empiezan a crecer, a medida que crecen los niños. Muchos de los menores que permanecen en los centros de acogida se convierten, entonces, en “menores en situación especial”. Es decir, tienen más de 7 años, padecen algún tipo de enfermedad o son grupos de hermanos -en el 99% de los casos se adoptan juntos-.
‘Los niños de la pasarela”
Esta no es una situación única de España. Lo mismo sucede en Estados Unidos: 600.000 niños en el sistema de acogida. Unos 28.000 de ellos cumplen los 18 años y siguen institucionalizados. Cuando salen a la calle, lo hacen sin ningún tipo de ayuda. En Reino Unido, la historia se repite: 60.000 niños en el sistema de acogida; el 80%, mayores de 5 años. Así lo muestra el documental “Los niños de la pasarela”, que emite el programa “La Noche Temática”, el sábado a las 23:30 horas.
Sin embargo, el sistema de adopción americano dista mucho del español. En Estados Unidos la adopción está en manos privadas y el uso del marketing para la captación de familias es común: programas de televisión, vídeos en internet, libros, pasarelas infantiles donde los niños muestran sus virtudes para así “conseguir unos padres”…
Pero, ¿esto sería posible en España? “Al final se está comercializando con los niños. ¿Dé que se trata? ¿De vender un producto? No me parece que sea la mejor forma de encontrar la familia que esos niños necesitan. ¿Y qué hacen con los que no tienen la imagen necesaria para enganchar? Van de rechazo en rechazo?”, se pregunta el coordinador de CORA.
Un marketing salvaje e impensable en un país como el nuestro, sí; pero que ha hecho que los americanos adopten a más niños que en todo el resto del mundo.
La adopción en España
Nuestro país es el primero de la Unión Europea en adopciones internacionales y el segundo del mundo, sólo por detrás de los Estados Unidos. Según los últimos datos recogidos por la Dirección General de Política Social, de las Familias y de la Infancia, en 2008 en España se decidieron 3.156 adopciones internacionales, frente a 672 nacionales.Ese mismo año había en territorio nacional 40.000 niños declarados en situación de desamparo.
Según los datos, hay más niños que padres. Sin embargo, los orfanatos están llenos y las listas de espera de adopciones nacionales en España oscilan entre cinco y nueve años.
Mientras que sean menores, el problema “es menor”, porque las instituciones seguirán haciéndose cargo de ellos pero, ¿qué pasa cuando estos niños se convierten en mayores de edad y siguen en situación de desamparo, viviendo en orfanatos o bajo tutela de la administración? En España las competencias sobre adopción están delegadas a las comunidades autónomas, por lo que el destino del menor, depende de cada una de ellas.
Dime dónde naces y te diré cuál será tu futuro
“En algunas pasan a pisos de transición, donde se sigue ejerciendo algún tipo de protección sobre ellos, en otras, directamente van a la calle, ya que deja de ser un problema de los servicios de menores (y por tanto de su presupuesto), y los que tienen más suerte, y han estado en un acogimiento familiar, solicitan al llegar la mayoría de edad, ser adoptados por la familia que les ha tenido en acogimiento“, comenta el coordinador de CORA.
Ante está situación, haber nacido en el norte en lugar de en el sur, unos kilómetros más arriba o más abajo, puede resultar determinante para los niños en situación de desamparo. Además, las comunidades autónomas apenas aportan datos sobre las adopciones llevadas a cabo en su territorio y, mucho menos si hablamos de fracasos en la adopción.
“La adopción en España es un tema tabú, en todos los sentidos. También en el sentido de los datos. Nosotros nos encontramos con verdaderos problemas a la hora de hablar con las comunidades autónomas y preguntar datos reales de fracasos en adopción. Esos datos o no existen, o no interesa tenerlos porque son datos que no serían bien vistos”, comenta David Azcona, presidente de la asociación “La voz del adoptado”.
España, en busca de soluciones
Después de dos años de trabajo, la Comisión Especial de estudio del Senado sobre la problemática de la adopción nacional y otros temas afines aprobó, por unanimidad, un informe que recomienda al Gobierno modificar la legislación vigente en la materia. Ahora, está sus manos hacerlo o no.
La mitad de los padres españoles que quieren adoptar se van fuera en busca de niños, incluso niños con “necesidades especiales”. Mientras que aquí esos niños están creciendo sin familia. Las distintas asociaciones españolas que ayudan en los trámites de adopción, buscan familias adoptivas para niños extranjeros con problemas, pero no pueden solucionar las necesidades de los niños españoles. Mientras, los menores se irán haciendo mayores, gastarán la mayor parte de su vida en un orfanato, esperando que alguna familia les venga a “buscar”.
Y el día que eso pase, puede ser ya tarde para ellos. “La dura realidad, es que la mayoría de los que han vivido gran parte de su infancia institucionalizados, cuando llegan a la mayoría de edad son carne de cañón”, concluye Javier Álvarez-Ossorio