Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores.


RÉGIMEN DE LOS CENTROS DE MENORES

CAPÍTULO I.
RÉGIMEN DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y COORDINACIÓN

Artículo 81. Criterios generales.

La organización y funcionamiento de los centros de atención a los menores deberán ajustarse a los siguientes criterios:

  1. Disponer de un proyecto socioeducativo de carácter general y prestar una atención personalizada a los menores.
  2. Ofrecer un marco de convivencia adecuado al desarrollo de los menores.
  3. Fomentar las relaciones que favorezcan el desarrollo integral de los menores.
  4. Llevar a cabo cuantas intervenciones sociofamiliares resulten precisas para procurar la integración familiar y social de los menores.

Artículo 82. Coordinación.

Los centros de atención a los menores mantendrán un cauce permanente de comunicación con los restantes servicios y unidades administrativas de atención a los menores, que permita:

  1. La unificación y coordinación de los criterios comunes de atención a los menores.
  2. El conocimiento preciso de la situación de los menores y de los equipos educativos.
  3. La uniformidad de los criterios y condiciones de ingreso y baja en los centros.
  4. La inspección y control de sus actividades.

Artículo 83. Centros de atención a los menores.

1. Los centros de atención a los menores pueden ser públicos, cuando su titular sea una Administración Pública, o privados, cuando su titular sea una entidad colaboradora reconocida conforme a lo dispuesto en esta Ley.

2. Reglamentariamente se establecerá la organización y funcionamiento de los centros públicos de atención a los menores y su tipología, determinando los medios materiales y capacidad máxima de cada uno de ellos, los órganos de gobierno y administración, así como los medios personales multidisciplinares de los que deban disponer.

3. Los centros privados de atención a los menores deberán reunir los mismos requisitos y condiciones que se establezcan para los centros públicos.

Artículo 84. Organización y funcionamiento.

1. El reglamento de organización y funcionamiento de los centros públicos de atención a los menores recogerá, como mínimo, las siguientes materias:

  1. Organización de los centros, funciones de cada uno de los profesionales y de los equipos, así como el régimen de horario de trabajo de éstos, en el marco de la legislación aplicable.
  2. Características de los diferentes tipos de internamiento.
  3. Prestaciones de los centros.
  4. Normas de convivencia comunes.
  5. Régimen de visitas, salidas y contactos con el exterior.
  6. Régimen de información, peticiones y quejas.
  7. Régimen de comunicaciones con los restantes servicios y unidades administrativas de atención a los menores.
  8. Régimen de comunicaciones con el Ministerio Fiscal y con los órganos judiciales competentes.
  9. Desarrollo del régimen disciplinario previsto en esta Ley.

2. Cada uno de los centros públicos contará con un reglamento de régimen interno, en el marco de lo dispuesto en la presente Ley y en el reglamento a que se refiere el número anterior.

3. En el reglamento de régimen interno de cada centro deberán contemplarse, al menos, los siguientes extremos:

  1. Criterios fundamentales de actuación y objetivos, de acuerdo con los principios recogidos en esta ley.
  2. Proyecto educativo general, especificando la metodología del trabajo educativo, los sistemas pedagógicos y de observación que deben adoptarse, y la documentación que sea precisa para el seguimiento y evaluación de las intervenciones.
  3. Régimen de elaboración, seguimiento y evaluación de los programas individuales para cada menor.
  4. Distribución de horarios y actividades de los menores.
  5. Actividades, tareas y cometidos específicos del personal que tengan adscrito.
  6. Distribución de horarios y actividades del personal, de forma que quede garantizada la atención continua y permanente a los menores.

Artículo 85. Régimen económico.

1. Los centros de atención a los menores dependientes de la Administración Pública autonómica contarán con un régimen económico específico dotado de la autonomía necesaria para la prestación del servicio público al que están destinados.

2. El régimen económico que se establezca por la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma y se desarrolle reglamentariamente contemplará en todo caso los siguientes extremos:

  1. El presupuesto de gastos, en el que se recogerán exclusivamente los gastos derivados del funcionamiento de los centros y de los servicios de apoyo a las actividades que se realicen en los mismos.
  2. Régimen de libramientos de los fondos, que en todo caso tendrán el carácter de libramientos en firme.
  3. Procedimiento y medios de justificación de la aplicación de las cantidades recibidas, así como los plazos en que deben rendirse las cuentas.
  4. Órgano o unidad administrativa responsable de la custodia de los justificantes originales y de los documentos acreditativos de los pagos realizados.

CAPÍTULO II.
ESTATUTO DE LOS MENORES RESIDENTES

Artículo 86. Derechos de los menores residentes.

Los menores, durante su permanencia en los centros residenciales, tienen los derechos siguientes:

  1. A ser atendidos sin discriminación por cualquier razón, condición o circunstancia personal o social.
  2. A recibir un trato digno tanto por el personal del centro como por los demás residentes.
  3. A tener cubiertas las necesidades fundamentales de la vida cotidiana que le permitan el adecuado desarrollo personal.
  4. Al respeto a su intimidad personal y de sus pertenencias individuales en el contexto educativo que rige en el centro.
  5. A la utilización reservada de su historial y de los datos que consten en el mismo, así como a que los profesionales que se relacionen con ellos guarden el correspondiente secreto.
  6. A conocer su situación legal y a participar en la elaboración de su proyecto individual.
  7. A ser oído en las decisiones de trascendencia, si hubieren cumplido los doce años y cuando tuvieren juicio suficiente si no alcanzan dicha edad.
  8. A las relaciones con los familiares y al régimen de visitas establecido legalmente o por decisión judicial.
  9. A participar de forma activa en la elaboración de la programación de actividades del centro y en el desarrollo de las mismas, sean internas o externas.
  10. A disfrutar en su vida cotidiana de unos períodos equilibrados de sueño, actividad y ocio.
  11. A acceder a los servicios necesarios para atender las necesidades que demanda el adecuado desarrollo de su personalidad que no le sean satisfechas por el centro.

Artículo 87. Obligaciones de los menores residentes.

Durante su estancia en los centros residenciales, los menores vienen obligados a:

  1. Cumplir las normas de funcionamiento y convivencia de los centros.
  2. Respetar la dignidad y funciones del personal del centro y de los demás residentes.
  3. Desarrollar con la debida dedicación y aprovechamiento las actividades educativas, laborales y de formación.

Artículo 88. Faltas de los menores residentes.

1. Son faltas las conductas de los menores residentes en los centros que se tipifican y sancionan en el presente capítulo.

2. Tendrán la consideración de faltas las siguientes conductas de los menores residentes:

  1. Son faltas leves:
    1. Incumplir levemente las normas de convivencia del centro.
    2. Faltar levemente al respeto a cualquier persona dentro o fuera del centro.
    3. Hacer uso abusivo y perjudicial de objetos o sustancias no prohibidas por las normas de régimen interno.
    4. Causar daños de escasa cuantía a las dependencias, materiales y efectos del centro y pertenencias de otros por falta de cuidado o de diligencia en su utilización.
    5. Las acciones u omisiones previstas en la letra b) de este artículo, siempre que el incumplimiento o los perjuicios no fueran graves, atendiendo a las circunstancias concurrentes.
  2. Son faltas graves:
    1. Incumplir gravemente las normas de convivencia del centro.
    2. Insultar o faltar gravemente al respeto a cualquier persona dentro o fuera del centro.
    3. Instigar a otros menores internados a motines, insubordinaciones o desórdenes colectivos, sin conseguir que éstos le secunden.
    4. No volver al centro, sin causa justificada, el día y hora establecidos después de una salida temporal autorizada.
    5. Intentar de forma manifiesta la fuga del centro.
    6. Desobedecer las órdenes recibidas del personal trabajador del centro en el ejercicio legítimo de sus atribuciones o resistirse pasivamente a cumplirlas.
    7. Inutilizar deliberadamente las dependencias, materiales y efectos del centro o las pertenencias de otras personas.
    8. Causar daños de cuantía elevada por temeridad en la utilización de las dependencias, materiales y efectos del centro o pertenencias de otras personas.
    9. Introducir, poseer o consumir en el centro objetos o sustancias que estén prohibidas por las normas de régimen interno.
    10. Haber sido sancionado por la comisión de cinco faltas leves durante el mismo período de estancia en el centro, si éste es inferior a un año, o durante el último año, si el período de estancia es superior.
    11. Las acciones u omisiones previstas en la letra c) de este artículo, siempre que el incumplimiento o los perjuicios no fueran muy graves, atendiendo a las circunstancias concurrentes.
  3. Son faltas muy graves:
    1. Agredir, amenazar o coaccionar a cualquier persona dentro o fuera del centro.
    2. Participar en motines, insubordinaciones o desórdenes colectivos o haber instigado a realizarlos en el caso de que se hayan producido.
    3. Facilitar o consumar la fuga del centro.
    4. Resistirse de manera activa y grave al cumplimiento de las órdenes del personal trabajador del centro en el ejercicio legítimo de sus atribuciones.
    5. Inutilizar deliberadamente las dependencias, materiales o efectos del centro o las pertenencias de otras personas y causar en los mismos daños de cuantía elevada.
    6. Sustraer materiales o efectos del centro o pertenencias de otras personas.
    7. Introducir, poseer o consumir en el centro drogas tóxicas, sustancias psicotrópicas o estupefacientes.
    8. Haber sido sancionado por la comisión de tres faltas graves durante el mismo período de estancia en el centro, si éste es inferior a un año, o durante el último año, si el período de estancia es superior.

Artículo 89. Medidas correctoras.

1. Las medidas correctoras por las faltas cometidas por los menores deberán tener contenido y función esencialmente educativo, y no podrán implicar, directa o indirectamente, castigos corporales, privación de la alimentación, privación del derecho de visita de los familiares, privación del derecho a la educación obligatoria y de asistencia al centro escolar, ni atentar contra la dignidad del menor.

2. Las medidas correctoras aplicables a los menores podrán ser las siguientes:

  1. Por faltas leves:
    1. Amonestación.
    2. Privación de actividades cotidianas de ocio o de carácter lúdico por tiempo máximo de un día.
    3. Separación del grupo con privación o limitación de estímulos por tiempo máximo de un día.
  2. Por faltas graves:
    1. Privación de las actividades de fin de semana de ocio o de carácter lúdico.
    2. Realización de actividades de interés para la colectividad, en el propio centro, durante un período máximo de una semana.
    3. Separación del grupo con privación o limitación de estímulos por tiempo máximo de dos días.
  3. Por faltas muy graves:
    1. Privación de actividades que puedan considerarse especiales respecto a las cotidianas de ocio o de carácter lúdico.
    2. Realización de actividades de interés para la colectividad, en el propio centro, durante un período de entre dieciséis días y un mes.
    3. Separación del grupo con privación o limitación de estímulos por tiempo máximo de tres días.

3. Para la graduación de las medidas correctoras se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

  1. Edad y características del menor.
  2. El proyecto educativo individual.
  3. El grado de intencionalidad o negligencia.
  4. La reiteración de la conducta.
  5. La perturbación del funcionamiento del centro.
  6. Los perjuicios causados a los demás residentes, al personal o a los bienes o instalaciones del centro.

4. La petición de excusas a la persona ofendida, la restitución de los bienes o la reparación de los daños pueden dar lugar a la suspensión de las medidas correctoras siempre que no se reitere la conducta infractora.

Artículo 90. Procedimiento.

1. Los expedientes correctivos se desarrollarán preferentemente de forma verbal, sin perjuicio de su constancia escrita. En todo caso, en los mismos se garantizarán los siguientes derechos de los menores:

  1. A ser oído, siempre que hubieren cumplido los doce años, en todo caso, y cuando tuviere suficiente juicio.
  2. A aportar pruebas.
  3. A ser asesorado por la persona del centro que designe.

2. Reglamentariamente se determinarán los órganos competentes de los centros para iniciar, instruir y resolver los expedientes correctivos.

3. Las medidas correctoras que se impongan a los menores residentes serán comunicadas inmediatamente al Ministerio Fiscal y, cuando hayan sido internados por resolución judicial, al juzgado competente. Asimismo, se comunicarán, para constancia en su expediente personal, a la Dirección General competente de la Administración autonómica.

CAPÍTULO III.
ESTATUTO DEL PERSONAL DE LOS CENTROS

Artículo 91. Requisitos y selección.

1. El personal que preste sus servicios en los centros públicos de atención a los menores en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias deberá reunir los requisitos profesionales y personales adecuados a las actividades, tareas y cometidos específicos a desarrollar, de acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente.

2. Los sistemas de selección del personal y los procedimientos para cubrir los puestos de trabajo existentes en los centros públicos de atención a los menores incluirán las pruebas y medios que sean precisos para garantizar la aptitud y actitud adecuadas para su desempeño, en el marco de lo establecido en la legislación reguladora del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

Artículo 92. Cometidos del personal.

1. En el Reglamento Común de Organización y Funcionamiento de los centros de menores se establecerán las actividades, tareas y cometidos generales que constituyen la responsabilidad de cada uno de los profesionales que presten sus servicios en los mismos.

2. El reglamento de régimen interior y funcionamiento de cada centro contendrá las actividades, tareas y cometidos específicos del personal adscrito al mismo, en el marco de lo dispuesto en el apartado anterior.

3. El régimen de prestación de servicios en los centros de menores, tanto del personal estatutario como laboral, incluirá las medidas necesarias para garantizar la atención continua y permanente a los menores.

Artículo 93. Faltas y sanciones disciplinarias.

1. Sin perjuicio de las contenidas en las normas aplicables al personal al servicio de las Administraciones Públicas, se consideran faltas disciplinarias del personal que preste sus servicios en los centros de menores las siguientes:

  1. Faltas graves:
    1. El incumplimiento del deber de confidencialidad y sigilo respecto a los datos de los menores.
    2. Adoptar medidas correctoras de los menores sin causa justificada o excederse en las mismas.
    3. Dificultar el ejercicio de los derechos reconocidos a los menores en el centro.
    4. Incumplimiento de las normas, instrucciones y directrices relativas al trabajo educativo con los menores.
  2. Faltas muy graves:
    1. El incumplimiento del deber de confidencialidad y sigilo respecto a los datos de los menores, cuando tengan difusión pública a través de cualquier medio.
    2. Impedir o dificultar el ejercicio de los derechos fundamentales reconocidos a los menores.

2. Las sanciones aplicables a las faltas contempladas en este artículo serán las previstas para el personal funcionario en la Ley de la Función Pública Canaria y para el personal en régimen laboral en su normativa específica.

Artículo 94. Procedimiento disciplinario.

La tramitación del procedimiento disciplinario aplicable al personal que preste sus servicios en los centros de menores, sea en régimen estatutario o laboral, se ajustará a la normativa reguladora del procedimiento disciplinario de los funcionarios públicos al servicio de la Administración autonómica, sin perjuicio de las especificidades previstas para el personal laboral.