Necesitamos diez millones de euros para defender a los menores en España

Necesitamos 10.000.000,00 de euros, parecerá una tontería, pero sería la única posible forma de que una asociación sin fines de lucro Pudiera hacer algo por las familias de los niños desamparados.

Dicho de esta forma parece ser que ya no queremos ser una asociación sin fines de lucro. La verdad es que decir esto en estos tiempos es como hablar a la pared, pues a nadie le importa si a una familia le quitan a sus hijos, ni cual es la causa, pues siempre se dice que algo les habran encontrado, creyendo firmemente en lo bien que lo hace la administración.

llevamos tres años día a día atendiendo casos de retirada de menores injustificadamente, Tres años que los servicios sociales y el poder judicial esta pasando de los derechos civiles de la familia y del menor.

Esta es la inversión para poder contratar barios abogados que se quieran  jugar la carrera denunciando al poder judicial y a la administración, por prevaricación.

De ninguna otra forma se va a poder crear jurisprudencia, pues los abogados salen corriendo despavoridos ante el muro de la administración.

Hay muy pocos casos y en los que la familia del menor se allá podido defender legalmente ante estos organismos, esta claro que nunca se va a crear jurisprudencia y que el velo de la vergüenza que supondría reconocer esto, seguirá cubriendo a las desgraciadas familias que caen en su red.

currupción en la justiciaNo hay solución para las miles y miles de familias que, sin justificación probada y simplemente con un informe desfavorable de un funcionario declarando un desamparo, han sido privadas del amor de su vida en contra de su voluntad y muchas veces de la del menor.

Los abogados consideran a la administración, un muro y una amenaza para su carrera,  el poder judicial está con quien esta. Pues ir contra la administración para defender el caso de un menor supone ir en contra del poder judicial, los dos cobran del mismo, los dos son intocables, ellos se lo guisan y se nos comen.

Todos lo hacen muy bien y tienen muy buenos equipos, los únicos y los mejores, pues no hay otros. Con la ley del más fuerte, que aunque no se respeten los derechos humanos  y los derechos de la familia, siempre salen impunes.

Esto, cuando sale en algún medio de comunicación, siempre dicen que son casos excepcionales, pequeñas equivocaciones, además como son familias en riesgo (pobres) parece ser con menos derechos que los demás, no le dan mas importancia y una han soltado el rollo y gasificado el tema, ya no se vuelve hablar del tema..

Los medios de comunicación ocultan el tema, es tabú, pues no es un tema que pueda haber beneficios políticos, es más bien un tema en el que están involucrados políticos, corrupción y dinero, bastante dinero.

Si saliese a juicio el tema de protección del menor y el satánico conglomerado de intereses creado alrededor del, España quedaría como una verdadera republica bananera, políticos y jueces, tendrían que responder ante tribunales internacionales, pues aquí ya no se dan las suficientes garantías para que estos realmente fuesen juzgados justamente.

Tendrían que reconocer mala praxis del juez, en primer lugar por decretar el desamparo sin mediar pruebas, admitir que se han vulnerado los derechos de la familia y del menor, funcionarios serian sentenciados y deshabilitados, las indemnizaciones por parte de la administración a todas las familias perjudicadas seria multimillonaria y lo que es peor el estado español seria el haz de reír del mundo en la falta de derechos humanos  en una democracia parlamentaria.

Estamos en un punto, muerto e inflexible en el que no podemos continuar.

Para algunas familias es de gran valor la información que desde la asociación se les aporta, de acuerdo a su caso particular.

Pues no todos los casos son iguales, todos los errores y las injusticias que cometen hay veces que por haber pasado el tiempo ya no tienen buena solución, esto es debido a que se opta antes por la separación de la familia que por la familia extensa o la reinserción a la misma.

Esta claro que aquí nunca estamos defendiendo a ninguna familia en la que el menor haya sufrido daño comprobado o desamparado con pruebas de parte de su familia, en cuyo caso es para lo que realmente están concebidos los servicios sociales de menores.

 El principal problema con que nos encontramos es que el protocolo que siguen no da lugar a ningún tipo de defensa o valoración paralela al menor y su familia, esto es dado por la falta de una comisión paralela de evaluación de los expedientes.

Esto demuestra el grado de corrupción en que puede incurrir impunemente todo el entramado administrativo y judicial.

El funcionario en España es algo necesario y debe cumplir con sus responsabilidades, pero siempre con las debidas garantías sociales.

Contra esto nada se puede hacer, pues en las circunstancias actuales, la ley no da lugar a defensa y omite los derechos del menor y su familia.

Solo con el altruismo y la buena voluntad no se pueden luchar contra algo peor que la cosa nostra, para las familias que caen en las manos de la administración.

Por lo que pedimos 10.000.000,00 €  y a lo mejor no es suficiente para sacar toda la miseria que hay en los casos de  supuestos abusos de menores por parte de la administración.

¡Es mas no queremos nada de donaciones ni aportaciones! solo queremos justicia social y que la administración este para ayudar a las familias según los derechos civiles y la constitución española.

 En el caso de que alguien quiera aportar su carrera de abogado y sepa seguro lo que hace y no  le de no salir corriendo, puede ponerse en contacto con nosotros.