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El juzgado investiga si hay anomalías en los expedientes de protección de menores

1/05/2010 – El Progreso (Lugo)

El juzgado de instrucción número 3 de Lugo está investigando supuestas irregularidades en expedientes de protección de menores de la Xunta de Galicia, después de una denuncia presentada por varios abogados lucenses, quienes al parecer sostendrían que los informes elaborados en este departamento no cumplirían todos los requisitos necesarios. La titular del juzgado, Estela San José, se desplazó el sábado al edificio administrativo de la Xunta para llevarse varios expedientes, con el fin de confirmar si hay indicios de delito en la denuncia de los letrados.

Aunque no hay información oficial —ya que se trata de una investigación judicial, declarada además secreta—, este periódico pudo saber que las quejas se remontan a hace varios meses y que estarían relacionadas con un supuesto exceso de celo en los informes, encaminado a que se les retirase la custodia a los padres.

Según el protocolo que se sigue en estos casos, los niños con una situación problemática —bien derivada de actitudes de los propios menores o de sus familias— son tutelados por la administración autonómica. Para buscar una solución, el departamento que se encarga de estos casos realiza informes y, a partir de estos, los niños reciben el tratamiento adecuado. Pueden ser recluidos en un centro especial (en caso de cometer delitos), quedar en situación de guarda (con los propios padres, pero con vigilancia de la Xunta), en acogimiento con otra familia (a veces son allegados o amigos) o pueden ser dados en adopción.

Este último supuesto se ejecuta por sentencia judicial y por lo tanto contra ella que cabe recurso, es decir, garantiza que más de una instancia conocerá el asunto. De ahí que los expertos en esta materia coincidan en que los trámites están tan protocolizados que son casi imposibles las irregularidades.

Sin embargo, la investigación del juzgado podría estar dirigida en este sentido y, en concreto, en los informes que se realizan en las oficinas de Traballo e Benestar, que son claves para cualquier decisión posterior sobre el destino de los niños.

En esta situación puede haber desde recién nacidos a niños de 16 años. Algunas fuentes indicaron ayer que algún caso de los investigados podría referirse incluso a una madre que, habiéndole sido retirada la custodia de algún hijo, dio a luz otro y también siguió el mismo camino, siendo dado en adopción al poco de nacer.

Respuesta oficial
Desde la Xunta, el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, se limitó a confirmar que los investigadores accedieron «a una serie de documentación» y que el gobierno gallego «lles facilitou a labor o máximo posible», de forma que aseguró que consultaron «os arquivos
que consideraron convintes e supoño que agora os estarán analizando».

Tras reiterar la colaboración de la Xunta de Galicia ante futurasinvestigaciones en este sentido, el conselleiro de Presidencia indicó que «non temos máis datos que os xa coñecidos» y afirmó que la Justicia «seguirá o seu curso» en relación a esta investigación.

El juzgado número tres es el que más instrucciones de gran envergadura suma en estos momentos. En sus oficinas se investiga el caso de la retirada de multas en la Jefatura de Tráfico y la Policía Local, la conocida como operación Pollo contra la explotación de inmigrantes y el supuesto tráfico de influencias en el Ayuntamiento de Castro de Rei, Es decir, todos los grandes temas judiciales de la capital lucense, a excepción del caso Carioca, que dirige el número uno, y la operación Muralla, que está en el actual Mercantil.

¿Registro o recogida de documentos?
La intervención de documentos en la Xunta se realizó el sábado, para no alterar el ritmo de trabajo de los funcionarios y actuar con la mayor discreción posible. La jueza, que advirtió el día anterior de su visita, no dictó auto de entrada y registro. La diligencia consistía solamente en una recogida de expedientes sobre la protección de menores, tanto de tutela como de guarda, acogida y adopciones. Algunas fuentes incluso apuntaron que no se llevó los originales, sino que se hicieron fotocopias en la propia sede administrativa de la Xunta, en concreto en las oficinas de la consellería de Traballo e Benestar.