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¿Prevaricación o injusticia social?

Estamos en un punto de no retorno, en cuestión a la definición de  protección de menor y derechos de la familia.

Los servicios sociales siguen protocolos arcaicos de tiempos de dictadura, en muchas, muchas, muchas ocasiones con criterios irracionales y llenos de supuestos, nunca demostrados, para separar antes que unir a una familia de sus hijos.

Son trabajadores sociales, ellos son ciudadanos de 1º grado con respecto al resto de la población, pues en sus manos está, pues no es más que el informe que ellos presentan ante el juez para dictaminar un desamparo.

Basta con estar en la calle por desahucio, ser madre soltera en paro, ser minusválido, haber pedido una ayuda económica a los servicios sociales.

Si la maquina se pone en marcha estas perdido, en buena hora que caíste en sus manitas.

Esto es debido a que no existe un sistema paritario de defensa del menor y de la familia, que ofrezca las suficientes garantías y que sea independiente de la dictadura administrativa.

Con ello llegamos al poder judicial el cual jactándose de justo y por el mal interpretado bien superior del menor, sin pedir prueba alguna y no sabemos si por suponer que por haber caído en las garras de los servicios sociales de menores, da por supuesto todo lo que le dicen los servicios sociales a pesar de vulnerar y negar los derechos del menor y de su familia a una defensa digna y de calidad de un estado supuestamente democrático.

Esto se llama prevaricación, actualmente palabra tabú para abogados y fiscales los cuales sea dicho de paso, nunca se arriesgan a perder su toga por demostrar dicha prevaricación.

Esto en España se llama libertad, garantía ante una defensa digna, democracia, derechos civiles, derechos del niño, etc…

Si realmente se revisaran casos en los juzgados con suficientes garantías en materia  de menores muchos y muchas señorías podrían ser expulsados de la carrera judicial.

Pasa como con los desahucios ejecutados al amparo del poder judicial y que hoy en día resulta que se ha faltado a derecho y forma de los desahuciados.

Sus señorías se equivocan, se quieren equivocar o pasan de los derechos de las familias.

Es indignante el poder judicial en materia de menores a pesar de que se digan lo bien que lo están haciendo y que nunca se equivocan.