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Los servicios sociales de menores, en su linea, en toda España (Una familia denuncia la prohibición de la Junta para llamar a su hija por teléfono).

Muy dura es la lucha que la burgalesa afincada en Aranda de Duero, Pilar Martín Alonso, está manteniendo contra la sección de menores de la administración autónoma desde que en el mes de marzo de 2010. Fue entonces cuando el departamento de Servicios Sociales de Burgos decidió apartarla de su hija Alba a los nueve años, alegando el desamparo de la menor y asumiendo la tutela legal de la niña la superiora de un hogar infantil de la Junta en Mojados (Valladolid). A la restricción de visitas quincenales se ha sumado un  empeoramiento de la situación dejando a la madre acudir al centro vallisoletano una vez al mes. Por si esto fuera poco, la última comisión de valoración ha decidido prohibir las comunicaciones telefónicas semanales con la pequeña durante los próximos dos meses.

El gerente territorial de Servicios Sociales, Ignacio Díez Azcárraga, alega en el documento que deja sin efecto las comunicaciones telefónicas, que la menor ha pedido a otros menores los números de teléfono de sus familias, algo que “cabe suponer que esta conducta de la menor ha sido solicitada por su madre”. En el escrito también señala que se ha constatado que la madre “ha contactado con familiares de alguno de los menores a efectos de obtener información sobre su hija”. Por tanto, entienden desde la gerencia que el comportamiento de la madre “está teniendo consecuencias indeseables en su propia hija y en otros menores del centro, dado que hace un uso inadecuado de las conversaciones telefónicas”. Pilar Martín asegura que las acusaciones que se hacen desde la Gerencia son inciertas y que a ella no se la ocurriría hacer eso “sabiendo que ello repercutiría gravemente en el bienestar de su hija y del resto de los menores tutelados”.

 De todas formas, no entienden los padres cómo también se le ha prohibido llamar por teléfono a la niña a su padre, el ribereño Carlos Santaolalla, cuando a él no se le incluye en la supuesta sanción que se alega desde la administración. “He pedido que me sean aclarados los términos de la comunicación como las consecuencias indeseables en la menor y en otros menores, ¿qué consecuencias son esas?”, se pregunta el padre.

 Para los padres de la menor, “lo que están haciendo es tratar de romper el vínculo de Alba con su familia”. Aseguran sentirse en una completa indefensión y no entienden que la pequeña lleve casi un año viviendo en esta situación cuando podía vivir con su familia, ya que cuentan con un marco familiar idóneo, aseguran. “Esperamos que recapitulen y vuelvan a autorizar llamadas semanales como hasta ahora, ya que tienen autorización verbal y escrita, de los padres para grabar las conversaciones desde hace varias semanas. con esto se evitarian las fabulaciones que han dado lugar a este escrito”, indican.

Casualmente, el escrito en el que se comunica a esta familia que durante dos meses no podrán telefonear a su hija, está fechado el 22 de diciembre de 2010, dos meses antes de celebrarse esa comisión a la que se alude ( el 16 de febrero de 2011). Para Pilar Martín, “este es uno de los muchos errores que llevan cometidos, porque son un montón y yo no quiero que queden impunes”, como el hecho de que desde hace seis meses se comunicase el cambio de dirección de los padres y lleguen los documentos a día de hoy una dirección que no existe, explican.

 Lo único que pide la familia Santaolalla, señalan, es saber porque, una vez conseguidos los objetivos de un marco idóneo, económico y regulada su situación, la pequeña continua tutelada por la Junta, algo que, le parece “un allanamiento institucional”.