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MENORES DESAMPARADOS: PERDER A LOS PADRES POR UN DIA

La insuficiente garantía social y la falta de complimiento de los derechos civiles y constitucionales hacen a los funcionarios monstruos del poder impunes ante los derechos de las familias.

Hasta el punto de arrebatar a los hijos para siempre.

Anprodefa

El Proyecto de ley de adopción internacional ha incluido en su texto varias
modificaciones del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de
protección de menores. Todas ellas tienen como objetivo común limitar los plazos en
los que las familias biológicas de menores desamparados puedan oponerse a las
decisiones que los servicios sociales adopten sobre sus hijos. O dicho de forma más
tajante se establece una limitación del tiempo en el que esas familias pueden recuperar a
sus hijos cuando les han sido retirados.
El origen de esta sorpresiva reforma legal hay que buscarlo en la decisión de la
Audiencia provincial de Sevilla de fijar una elevada indemnización a una madre a quien
no se pudo reintegrar a sus hijos, al revocarse judicialmente la resolución de la entidad
pública que los entregó a una familia de acogida. Desde ese momento ya se pidió por
los responsables políticos de los servicios sociales que se fijasen “plazos” para tales
reclamaciones, pasados los cuales la decisión de retirar un menor fuese inamovible.
Hay que reconocer que en casos muy contados (pero de amplia repercusión
mediática) el sistema de protección a la infancia en su doble fase administrativa y
judicial no ha funcionado bien, sobre todo por la lentitud en la tramitación de este tipo
de asuntos en los Juzgados. Ello ha dado lugar a situaciones muy dolorosas para algunos
menores que han sido separados de sus familias acogedoras cuando ya habían alcanzado
una integración aceptable. También se han dado casos como el de Sevilla en el que las
familias biológicas no han podido lograr el retorno de sus hijos pese a tener una
sentencia que así lo acordaba.
Pero tales supuestos, además de ser muy minoritarios, no pueden generar una
reforma legal como la que se pretende y que supone un claro retroceso en relación al
sistema actual de protección de menores, inspirado en principios de proporcionalidad y
de preferencia de la familia biológica como lugar de desarrollo del menor; sistema que
además en líneas generales viene funcionando aceptablemente.
La reforma que se propone solo puede ser calificada de incomprensible,
innecesaria e inútil.
Incomprensible porque resuelve el problema trasladando a las familias biológicas
de los menores desamparados, la culpabilidad de unos retrasos que tienen su causa
esencial en el defectuoso funcionamiento de los propios órganos administrativos y
judiciales. Si a ello unimos que la nueva y dura limitación legal se proyecta sobre
familias con clarísimos déficit sociales, habremos de concluir que estamos ante una
reforma regresiva y difícilmente explicable desde planteamientos sociales avanzados.
Es innecesaria porque la mayor o menor pasividad de las familias biológicas en
la superación de las carencias que generan la retirada de sus hijos, ya se valora
actualmente por los jueces como elemento decisivo para acordar o no el retorno de los
menores.
Y es inútil porque el plazo que se concede a las familias para pedir una
“revisión” del caso por cambio de sus circunstancias (dos años), va a suponer que la
espada de Damocles de una posible sentencia judicial que ordene el retorno del menor
seguirá pendiendo sobre éste durante buena parte de su vida infantil.
En un campo como el de la protección de los menores donde la transparencia y la
igualdad de partes no son los valores dominantes, erigir un nuevo obstáculo legal, en
este caso el tiempo, para que las familias biológicas ejerzan sus derechos y los jueces
puedan controlar la actividad administrativa, no es más que fomentar zonas de
oscuridad que a nadie favorecen y que ahondarán la desconfianza que muchas familias
sienten hacia los servicios de protección a la infancia.
Dotar a los servicios sociales de personal y medios, intervenir en el seno de las
propias familias con carencias, respetar el principio de proporcionalidad de las medidas
de protección, aligerar los procesos judiciales de control (como por fin hace también la
reforma), especializar a los jueces que conocen de estos asuntos o dotar de asistencia
letrada efectiva a las familias biológicas es el camino para evitar las disfunciones que en
algunos casos se han producido.
El “atajo” que propone la reforma es una solución burocrática y simple a un
problema social y jurídicamente complejo. Y desde luego dará lugar a que algunos
menores desamparados pierdan definitivamente a sus padres por un día.
José Luis Utrera Gutiérrez
Juez de Familia. Málaga

http://www.juecesdemocracia.es/pdf/TemasInteres/MENORESDESAMPARADOSPlazosperi%C3%B3dicos.pdf