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PROTECCIÓN // SIGUEN LAS CARENCIAS Y LOS ABUSOS Dos años sin muchos cambios en los centros de menores

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Pese al revuelo creado en febrero de 2009 con la difusión de testimonios de malos tratos en estos centros por parte de un informe del Defensor del Pueblo, la situación no ha cambiado mucho.
“Todo esto es un negocio, porque nadie escucha a los chavales, ni las instituciones ni los centros, y la Comunidad de Madrid paga 3.600 euros al mes por cada menor, cuando luego el chaval sale peor que entra”, resume rotundo Juan Carlos Villaescusa, 20 años, antiguo menor tutelado por la Comunidad de Madrid. En diciembre de 2009, siendo ya mayor de edad, denunció, junto a otros compañeros, por maltrato al centro de protección terapéutico de Galapagar, gestionado, entonces y ahora, por la empresa Salud Mental Consulting.
Juan Carlos vió y sufrió en ese centro palizas, vejaciones, insultos, duchasfrías y el uso habitual de contenciones.
“Te echan al suelo y te suben los brazos por la espalda hasta hacerte daño”, explica. También fue medicado sin que le informaran sobre qué era lo que estaba tomando.
Igual que a su compañero José Antonio Gómez, que además de sufrir vejaciones estuvo un año sin escolarizar siendo menor de 16 años. De momento, estas denuncias han sido archivadas, pero al defensa de los entonces menores ha recurrido esta decisión judicial.
Los numerosos relatos de abusos de los menores tutelados no lograron romper el muro de silencio y pasaron inadvertidos para las administraciones hasta que el Defensor del Pueblo hizo público un demoledor informe sobre centros de protección de menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social. Un informe oficial que daba cuenta de los malos tratos y del lucrativo negocio de estos centros. Su publicación, en enero de 2009, coincidió tristemente con dos muertes, ambas en centros de la Fundación O’Belen: el suicidio de Hamid A., de 13 años, en el centro terapéutico Picón de Jarama, y la de Saray G. C., de 14 años, que moría tras tirarse de un coche en marcha que la llevaba de vuelta al centro Casa Joven.
Aunque el revuelo se centró en los centros terapéuticos para menores diagnosticados con “problemas de conducta”, los maltratos se denunciaron y denuncian también en los centros de reforma (cárceles de menores) e incluso en los de acogida.

Con la transferencia de
las competencias a las
comunidades autónomas,
se han creado grandes
diferencias territoriales

Motivos de ‘preocupación’
Para Amnistía Internacional (AI), dos años después de la publicación del informe del Defensor del Pueblo, los problemas de fondo permanecen.
Aunque “hemos conseguido poner este tema en agenda” y ya es “muy difícil negar que existen problemas”, reflexiona Virginia Álvarez, su responsable de Política Interior, “las situaciones siguen siendo las mismas: falta de legislaciones, falta de unos criterios claros para dar una respuesta adecuada a estos menores, y seguimos con serias preocupaciones en cuanto a las medidas que se adoptan sobre los menores y el control que se ejerce ante lo severas que puedan ser esta medidas”. En su segundo informe sobre centros de protección terapéuticos Si vuelvo, me mato II, presentado en septiembre de 2010, AI denuncia también la falta de datos actualizados y públicos a nivel de todo el Estado, lo que dificulta un diagnóstico real de la situación.
“Las conclusiones finales del Comité de Derechos del Niño de la ONU expresan claramente preocupación porque la legislación de las comunidades autónomas (CC AA) no es acorde, en muchos aspectos, con la normativa internacional de derechos humanos”, sostiene Álvarez.
Desde que la Ley del Menor –del año 2000– trasfirió la competencia a las CC AA, se han creado grandes diferencias territoriales en lo referente a los ingresos en los Centros de Protección Terapéuticos, la permanencia en ellos, el régimen interno, o el acceso a la asistencia y los tratamientos en materia de salud. Disparidad que “permite deficiencias y prácticas que contravienen la Convención de los Derechos del Niño”, denuncia AI.
A AI le preocupa que se promulguen leyes que, como la catalana (de mayo de 2010), establezcan un marco de protección de los menores sin, por ejemplo, hacer referencia a los criterios concretos para que estos sean derivados a centros terapéuticos.
O sin que esté recogida la necesidad de que intervenga un juez para decidir el ingreso en estos centros.
AI denuncia también que el aislamiento como medida disciplinaria ha quedado expresamente recogido como sanción (que puede llegar hasta un máximo de tres días) en el reglamento catalán, incumpliendo así las normas de Naciones Unidas.
Sin embargo, Álvarez observa algún avance como “la respuesta que está habiendo por parte de la Fiscalía General del Estado que ha exigido a los fiscales provinciales que aumenten el control sobre estos centros”. Dicha Fiscalía ha definido, en un protocolo, que se tienen que hacer inspecciones cada tres meses. Aunque, en conversaciones con fiscales provinciales, AI ha comprobado que no se está cumpliendo. En algunos casos por falta de recursos.

Destaca la creciente
conciencia social de que
“hay empresas que están
ingresando millones de
euros a costa de encerrar”

“Menor invisibilidad”
Para el Defensor del Pueblo también “existe una situación de menor invisibilidad de este tipo de centros y sobre todo, de los menores”. Esta institución destaca como un logro la elaboración, por parte del Ministerio de Sanidad junto a todos los responsables de la protección pública de menores de las CC AA, de un protocolo de buenas prácticas que “homogeniza los criterios de intervención en el trabajo con los menores” y en el que “se incluyen medidas tendentes a garantizar los derechos de los menores”.
Entre ellas, la oficina del Defensor resalta, “la instalación de un buzón para denunciar posibles situaciones de maltrato en los centros de menores”. Echan en falta, con todo, un protocolo para prevenir suicidios.
Para AI, que está estudiando minuciosamente este protocolo de buenas prácticas, la principal crítica es “que no es de obligado cumplimiento” y que “tendría que ser una ley y además de nivel estatal para impedir las desigualdades entre comunidades”.
Tanto la oficina del Defensor como AI echan en falta que se avance en la aplicación de un control judicial para internamientos por trastorno psíquico y para medidas que limiten los derechos de los menores. Y todavía queda mucho por hacer.
Tras las denuncias de Juan Carlos y José Antonio, un inspector del Defensor del Pueblo, acudió por sorpresa al Hogar Galapagar en marzo de 2010 y abrió una investigación.
Descubrió amarres y sujeciones en las camas y que los chicos estaban medicados en exceso sin haber sido informados de lo que se les suministraba.
“Me dormía en clase, me sentía mal”, relata José Antonio.
Santiago Agustín, psicólogo, también coincide en que “la cuestión se ha visibilizado”. Agustín que trabajó para la fundación O’Belen en el centro terapéutico de la Jarosa, al que denunció y que está hoy clausurado, destaca la creciente conciencia social de que “hay empresas que están ingresando millones de euros a costa de encerrar a chavales de protección”.
Y resalta que además de ese sentimiento social, los padres y los chavales empiezan a organizarse.
Agustín valora que los centros terapéuticos son “la punta del iceberg de todo un sistema de protección del que los chavales a menudo salen condenados a la marginalidad”. Respecto a los centros de reforma, en los que los menores cumplen medidas judiciales “la cosa está parecida aunque con el revuelo que se ha montado tienen más cuidado”. A su juicio, al menos “la gente empieza a ser consciente de que son cárceles y las cosas que ocurren allí”.
Una definición por completar
La Reforma del Código Penal que entró en vigor en diciembre, dejó intacta la definición de tortura contenida en su artículo 174 que sólo contempla como posibles autores a “la autoridad o funcionario público”. Sin embargo según la Convención contra la tortura de la ONU, un acto de este tipo puede ser cometido por cualquier “persona en el ejercicio de funciones públicas”. Amnistía Internacional había hecho notar que este matiz podía tener consecuencias, entre otros, sobre los menores en Centros de Protección Terapéuticos, sobre todo en aquellos gestionados por entidades privadas. El Comité contra la Tortura pidió al Gobierno español que modificara la definición, pero ha sido en vano.