Érase una vez una niña llamada Sara. Su madre robaba para comer, era drogadicta y acabó en la cárcel y ella y sus dos hermanos se quedaron al cargo de su padre. Él era alcohólico y al poco tiempo “la espichó” y los niños se quedaron abandonados. Así comienza la historia que narra la propia Sara Casas, una joven de 24 años, que pelea desde hace dos desde Sevilla por recuperar la custodia de sus tres hijos. No es un cuento, aunque el argumento podría dar pie a una película.
Sara es menuda y expresiva, aparenta más edad. Parece que los doce años de desamparo y peregrinar por centros de tutela hayan contado por veinte. Sentada en un velador en Sevilla, repasa ilusionada las últimas fotos que ha podido hacer a sus tres hijos, una niña de cuatro años y dos gemelos de dos, internados en un centro y a los que sólo puede ver dos horas cada quince días.
Como si de una película se tratara, Sara da un trago a su coca-cola y empieza a narrar el largometraje de su vida. La primera escena se sitúa en Barcelona. Sara tiene seis años y acaba de ingresar con sus dos hermanos en un centro después de que los vecinos avisaran a los Mossos para que se hicieran cargo de ellos. Sólo un año estuvieron juntos los hermanos y luego fueron separados. Luego llegó la acción: seis años de fugas y capturas que la llevaron por los centros de toda Cataluña. “Yo me escapaba simplemente porque quería estar con mis hermanos”, simplifica la joven, que a los13 años burló de nuevo la seguridad y se fugó entonces con su madre, hasta Sevilla.
No tardaron más de seis meses en pillarla en El Puerto y vuelta al internado. “Mi madre sería como fuera, pero se preocupaba”, argumenta con sentimiento. De repente cambia de registro. “Luego me llevaron al Talita Kum, ahí sí que se estaba bien, porque hacías lo que te daba la gana, si no querías ir al colegio no ibas y, si fumabas, te daban el tabaco y niños y niñas estábamos juntos con 16 años”, recuerda con desparpajo.
Ese centro cerró sus puertas a principios de esta década. Los abusos son algunos de los argumentos que pesan sobre la orden de cierre. “Allí fue donde mi hermano chico comenzó a golfear; hoy está en la cárcel, pero llegó a vivir con una familia, con la que no duró ni un rato porque metió al gato en el microondas”, recuerda mientras ríe.
Pero no es un chiste. Sara también era muy rebelde, “tanto que decían que yo necesitaba un psiquiatra, pero lo que quería es irme con mi familia”. Antes de cumplir la mayoría de edad la joven pasó a un piso tutelado en un pueblo de Sevilla. De allí a un convento donde, según ella, entró por una puerta y muy pronto salió por otra, hasta llegar a un psiquiátrico en Málaga. “Pero yo no estaba loca, hacía sólo lo que quería”. Hasta trece pastillas diarias llegaron a prescribirle. “Y no las necesitaba; me ataban y me tiraban agua para despertarme o relajarme, si era agresiva”, explica. La película de Sara alcanza momentos más dramáticos. “Allí sí que me volvieron loca”, relata.
Los antecedentes de salud mental han servido de argumento para retirarle la custodia de los niños y para otorgarle una pequeña pensión, con la que sobrevive. Pero los informes médicos presentados por su abogado rechazan hoy cualquier problema. Hace un receso para centrarse en la situación de los centros de menores que, según ella, no están tan bien como parece. Recuerda con precisión el día que salió, al cumplir los 18 años, del psiquiátrico malagueño “sin estudios, sin trabajo y sin saber freír ni un huevo”. Se instaló con su madre en Sevilla, pero ésta pronto desapareció de nuevo de la escena por problemas judiciales. Entonces se fue a vivir con su hermano mayor, que había conseguido enderezar su vida, y su cuñada. Otro fracaso, hasta que se fue vivir “con el primero que me dio cariño”, cuenta sin ningún apego al padre de sus tres hijos.
Cambió los centros por una nave abandonada donde compartía lecho con su pareja, “que podía ser mi padre porque decía que tenía 38 años, pero a lo mejor tenía más…”, duda. Pero asiente con firmeza que le daba palos. Pasa sin detalles por el maltrato de su compañero, como si fuese una anécdota.
Se quedó embarazada y, casi dos años después de dejar de ser tutelada por la Junta, entró en contacto de nuevo con el sistema de protección. “Me prometieron ayuda porque estaba en una situación socioprecaria o algo así, no entendí nada de lo que dijeron”, admite Sara, convencida desde ese momento de que iban a por su hija. Tal fue así que, ante ese temor, abandonó el hospital 24 horas después de una cesárea y huyó a Asturias. Luego llegaron dos niños más.
El sistema de protección no le perdió la pista. Recuerda medio sorprendida e indignada cómo fue la misma asistenta, de la que no olvida su nombre, quien la internó en un centro en Sevilla la que hace dos años se llevó a sus tres hijos “hasta que me recuperara emocionalmente, pero si yo lo que no tengo es dinero”. Fue tras denunciar a su pareja por maltrato e ingresar en una casa de acogida para víctimas de violencia doméstica.
Otra madre en una situación similar le presentó a Asunción García Acosta, de la Asociación Pro Derechos Humanos de los Menores, que nada más hablar con Sara Casas se convenció de safe cialis que aquello era una terrible injusticia. Ella y el letrado José Antonio Bosch, que la apoya y la atiende de forma altruista, se convirtieron en sus muletas para correr una auténtica carrera de obstáculos que ya dura dos años. Gracias a su ayuda, Sara alquiló un piso en el municipio sevillano de Los Palacios, donde ahora reside y a diario recibe la visita de los trabajadores sociales. Saca del bolso un papel donde cheap drugs without prescription tiene apuntada una lista de tareas. “Cada día tengo que arreglar un montón de papeleo, así yo no tengo tiempo para trabajar ”, asegura. “Tengo que tener tres habitaciones y lo último que me han pedido es que coloque rejas en las ventanas”, se queja.
Pero no tira la toalla y, con la ayuda que está recibiendo, intenta cumplir con todos los plazos y objetivos que le marca la administración. Tras contar a los medios su caso, ha conseguido que la Junta de Andalucía le amplíe media hora su régimen de visitas. Se levanta a las seis de la mañana y coge tres autobuses para estar a las 10, como un reloj, en el centro de la provincia sevillana donde viven sus hijos, a los que puede ver en presencia de uno o dos trabajadores.
Teme que su historia se repita y se ha opuesto en los tribunales a la situación de desamparo acordada por la Junta, que confía en que el caso se resolverá en breve. El juicio se celebrará en Sevilla el 1 de julio. Pero la película no ha terminado. 18 años después de ingresar en un centro de menores, Sara Casas sigue luchando por conseguir un final feliz.
http://www.diariodecadiz.es/article/rda73/153766/la/historia/sara.html
23-12-2009 21:44
Fiscalia investiga centro mas garriga, por presuntos malos tratos
Categoría:
Sociedad
| Tipo: Reportaje | Tags:
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En Gerona, la Fundacion Resilis, en el centro mas garriga; uso un reglamento en 2003 que avalaba la tortura. El director que lo creó D. R, ahora es coordinador de proyectos en la empresa. Fiscalia esta detras de las investigaciones
La denuncia de la desprotección de menores en centros de protección y terapeuticos de disminuidos psiquicos y conductuales esta a la orden del dia. El Defensor del Pueblo, hizo un informe en el 2008 en el que denunciaba maltratos y tortura en centros de todo el pais.
Foto de Jorge Mestre. Infancia maltratada. En centros de menores y centros de discapacitados mentales; no en centros de justicia y carceles ( alli si hay son hechos aislados, no sistematicos).
La fiscalia general del estado, el dia siguiente desmintió al señor Múgica, diciendo “que los centros pueden gustar mas o menos pero que todos cumplen con la ley”. Estos centros de proteccion o de disminuidos psiquicos se encuentran en un limbo legal; los menores no son problematicos (en los centros de menores son niños huerfanos o que vienen al pais a un futuro mejor). Y en el caso de los centros terapeuticos se abusa de la sobremedicacion y de las tecnicas de contencion. La solucion en todo caso, no esta en arreglar problemas educativos al margen de la ley.
Estos centros cobran entre 4000 y 15000 euros por menor y mes para que los eduquen y orienten; no para que los encierren en celdas de 2 m3 y se les contenga fisicamente por cualquier cosa. Una contención muy a menudo no lo es, es una agresion de un educador a un menor para instaurar un sistema de miedo que haga mas facil el trabajo. Y como no hay inspecciones…. ni de fiscalia ni de servicios sociales (al menos de oficio). Pues se crea un sistema como el que tenemos. Celdas medievales y gerentes y politicos que miran para otro lado.
El señor Mugica, El Defensor del Pueblo le gusta la arruga y no la cosmetica de los politicos; y es que la arruga es transparencia y la cosmetica es opacidad y ayuda a mantener el sistema de torturas y maltratos existente. El sindic de greuges, Rafael Ribó, hace un trabajo encomiable; luchando diariamente con la administracion; luchando por los intereses y por la ley del menor, derechos y obligaciones del menor.
El Diari de Girona publica la noticia de las investigaciones de fiscalia en mas garriga. Un director expulsado y un educador; y un reglamento que educa con encierros en celdas de 3h hasta 48 horas
Este mismo diciembre Amnistia Internacional presentaba un informe demoledor con observadores independentes apuntando al deficiente sistema de proteccion de menores de Cataluña, Andalucia y Castilla La Mancha: ha denunciado torturas, encierros en salas de contención (mazmorras) como medida educativa, cosa que esta prohibida por el codigo penal, sobremedicacion, trabajos forzosos.
Celda de aislamiento. Para ser correcto, en caso de sancion en la celda se quita la cama para que no se autolesione. La medida es considerada educativa. En Mas Garriga, el centro investigado por fiscalia, tienen 2 celdas de este tipo; y por ella han pasado mas de 100 -200 menores.? La prueba esta en el reglamento de regimen interno del 2003 que hizo el primer director del centro. Es esto educar? La incompetencia educativa, lleva a utilizar la violencia, eso es lo que dice la pedagogia y la psicologia educativa; y el codigo penal lo considera como tortura.
El informe es la punta del iceberg de un sistema de proteccion controlado por Fundaciones sin interes de lucro, pero que poco a poco incrementan su patrimonio involuntario. Las inspecciones son nulas: de hecho fiscalia y infancia tiene que investigar y no lo hace..
En Cataluña el tema es especialmente grave, pese a los esfuerzos de Xavier Soley; director de DGAIA, que inicia investigaciones en un sector en el qual la incompetencia y el modelo de fundaciones, ha llevado a usar la violencia, la tortura y el maltrato.
Fundacion Resilis, tuvo un reglamento de regimen interno del 2003 al 2008 en el centro mas gfuFarriga; que avalaba la tortura
Esta semana el Diari de Girona publicaba la investigacion en el centro mas garriga, que esta en fase de instruccion. Hay un director inhabilitado y un educador apartado de sus funciones. Y el testimonio de un menor, G. Q, que relataba encierros en celdas de mas de 48 horas, golpes, y que “se sentia anulado como persona en ese centro”.
La fiscalia y infancia tiene que investigar; y en ese centro no se ha hecho ninguna investigacion de oficio. De hecho todo el maltrato y tortura procede de un reglamento que hizo el antiguo director, D. R; ahora coordinador de centros; en el 2003, y en el qual se validaba la tortura. Encierros en celdas de castigo por coger una servilleta de mas, por mirar mal a un educador, agresiones, etc…
Un reglamento que duró del 2003 al 2008; y por el qual fue cesado F.C, el director de entonces; según el director de DGAIA “por no por no adequarse a las normativas de accion social “(en ese caso esas normativas: eran el uso de la tortura, la paliza y el encierro como medida educativa.)
El tema esta en via judicial. Pero hay que luchar para que las instituciones, brand cialis cheap order esos centros de proteccion (antiguos orfanatos) donde puede ir un niño nuestro si nosotros tenemos un accidente y no hay familia extensa; se dediquen a educar (no en vano cobran de 4000 a 15000 euros por menor) y que respeten la ley y el codigo penal.
Y que las administraciones ayuden a desmaquillar estos centros, efectuen un control; en vez de maquillarlos, exijan y efectuen controles. Xavier Soley ha hecho un pequeño paso, pero Carme Capdevila; ya he hecho el maquillaje: inspeccionan los centros cada dia…. En 6 años de mas garriga, donde se tortura y maltrata; solo vino a hablar con el gerente en visitas avisadas y donde se ponian flores. Eso es inspeccionar? O dejarse seducir por un empresario del sector?. Y como es que la conselleria aprovo un reglamento de regimen interior (con vigencia de 6 años) que avala la tortura y va en contra del codigo penal?
Eso es inspeccionar los centros cada dia, como dice Carme Capdevila.
Como el tema es tan grave y han aprendido tan y tan poco (ahora quieren denunciar a Amnistia Internacional); cuando salga toda la informacion como un geiser; estos responsables tendran que pagar su delito de encubrimiento, y sus cargos politicos (que por otro lado es lo que mas les preocupa).
Fuente: Amnistia Internacional, Prodenis, Diari de Girona, La Vanguardia, El Periodico de Catalunya, El Mundo.
Suceso en Valladolid
El Zambrana abre una investigación por el ahorcamiento de un joven que está en coma
Acceso exterior al centro educativo. | Ical
- Los educadores lo encontraron inconsciente en su cuarto
- No se descarta el incumplimiento del protocolo de actuación
L. Cornejo | Valladolid
Un joven de 17 años y con antecedentes de autolesión que estaba interno en la Unidad de Reforma del Centro de Menores Zambrana, en Valladolid, permanece en coma desde hace tres días tras un presunto intento de suicidio. El pasado viernes, a las 14.30 horas, los trabajadores de este centro lo encontraron colgado de una cuerda o cordón atado a una litera y desde entonces permanece ingresado en la UCI del Hospital Clínico. Inmediatamente después de producirse los hechos, se abrió una investigación que depende del Juzgado de Menores y de Fiscalía.
Fuentes cercanas al caso no descartaron que se pueda haber incumplido el protocolo de actuación, primero porque en el centro no debería haber literas, lámparas u objetos que puedan desmontar y que sirvan para autolesionarse y segundo, porque en el caso de los menores con tendencias suicidas el contacto visual debe ser prácticamente permanente. Más aún en el caso de este joven, que tenía antecedentes de autolesión cheap adipex without a prescription con marcas visibles, y que un mes antes había sufrido un ataque epiléptico. El joven fue hallado inconsciente por dos educadores, diez minutos después de que hubiese decidido retirarse a su habitación a la hora de la comida porque le dolía el estómago. Inmediatamente se le hicieron maniobras de reanimación y se dio aviso a los servicios de emergencia.
La gerente de Servicios Sociales, Milagros Marcos, confirmó a EL MUNDO que, efectivamente, un menor se encontraba en estado de coma desde el pasado viernes por motivos aún no aclarados. Marcos sí indicó que el joven se habría autolesionado, si bien se están investigando las circunstancias.
Además, la gerente añadió que el chico estuvo en un primer momento en la Unidad de Socialización, con un régimen más abierto, y que en el momento de los hechos se encontraba en la de Reforma ya que tenía un juicio pendiente. Precisó además cialis normal dose que estaba en tratamiento psiquiátrico, si bien no se había alertado riesgo de suicidio por parte de los facultativos que se ocupaban de su terapia.
La gerente de Servicios Sociales subrayó que el Centro de Menores Zambrana es “uno de los más seguros de toda España” y que lo ocurrido era una “fatalidad” ya que hay “tres educadores por interno”. También señaló que el centro “tiene cámaras por todas partes” y que el análisis de las imágenes aclararán cómo se produjeron los hechos. Este suceso es uno de los más graves que se han producido en el Zambrana, si bien es relativamente frecuente que algunos internos se autolesionen. La estrecha vigilancia de los educadores ha evitado hasta ahora, que los intentos de suicidio pasen de tentativa.
Informe enviado a AMNISTÍA INTERNACIONAL
“El Gobierno de Aragón ha secuestrado a mis nietos con la Ley en la mano”
Tras acudir a la Administración regional pidiendo ayuda para dos menores de 5 y 8 años de edad, a cargo de una madre con graves problemas de salud, Esperanza y Mª José, abuela y tía materna de los menores, se ven privadas de todo contacto con los niños y de la posibilidad de asumir ellas su tutela.
En el relato de los hechos se han sustituido los nombres por acrónimos.
EVR tiene dos nietos, AGS y SPS, que han convivido con ella desde su nacimiento dado el deteriorado estado de salud de su hija SSV debido a problemas con el alcohol y otras sustancias.
A principios del año 2009, EVR acude al Trabajador Social de zona a solicitar ayuda para su hija SSV. Éste remite informe a Protección de Menores del Gobierno de Aragón para que se haga cargo del caso.
Después de siete meses de supuesta investigación, Protección de Menores emite un llamado “Informe de Diagnóstico”. En él se incluye la declaración de “desamparo” de los dos menores a cargo de SSV (AGS y SPS), lo que conlleva separación provisional (retirarla de la tutela de su madre), búsqueda de recurso residencial (una familia de acogida) e inicio de los trámites para el cambio de tutela (que pasa al Gobierno de Aragón). Posteriormente a todo ello, el Informe de Diagnóstico propone la llamada “reunificación familiar” (que los menores sean devueltos a su madre).
EVR y MSV inician, en ese momento, los trámites oportunos para oponerse a dicha declaración de “desamparo” (que no consideran tal), así como, en último término, para constituirse en la familia de acogida que requieren los menores (como parte de la llamada “familia extensa” de los mismos). Este último trámite, la solicitud de acogimiento familiar, les es indicado directamente desde el Gobierno de Aragón.
El resultado de ambos trámites es negativo, siendo EVR y MSV consideradas “no aptas” para dicho acogimiento, tal como les es comunicado por escrito dos meses más tarde.
Desde Protección de Menores del Gobierno de Aragón tratan, además, de persuadir a la madre (SSV) de que entregue voluntariamente a los menores, intento éste que resulta finalmente infructuoso.
Entre tanto, el padre de uno de los menores (FPG) ha puesto en marcha los trámites judiciales para solicitar la custodia del menor. El juez falla a favor de dicha solicitud en su sentencia, en la que recoge además el derecho de la abuela y tía (EVR y MSV) a un amplio programa de visitas del niño.
Además de ello, EVR solicita al juez la custodia compartida de su otra nieta (AGS), estando señalado el juicio para el mes de abril de 2010.
En diciembre de 2009, en cumplimiento de la resolución administrativa que sigue al “Informe de Diagnóstico”, el Grupo de Menores (GRUME) de la Policía Nacional se lleva por la fuerza a los menores, en un caso interceptando el vehículo en que uno de los menores (SPS) viajaba en compañía de su padre (FPG), y en otro interrumpiendo la clase a la que asistía el otro de los menores (AGS) y llevándosela en presencia de sus compañeros y profesores.
Los menores son separados e ingresados inicialmente en un Centro de Orientación y Acogida (COA) para, posteriormente, ya juntos, ser entregados a una familia en régimen de acogimiento temporal. A los padres les es reconocido el derecho a una hora semanal de visita en las dependencias de Protección de Menores del Gobierno de Aragón, mientras a la abuela y tía materna (EVR y MSV) buy medicine online no se les reconoce ningún derecho en ese sentido.
EVR y MSV han recurrido tanto por vía administrativa como por vía judicial, aduciendo las irregularidades del proceso así como la raíz de la declaración de “desamparo” de los menores, estando ambas vías pendientes de resolución, y observándose falta de colaboración y transparencia por parte del Servicio de Protección de Menores del Gobierno de Aragón.
Consideraciones que conducen a enjuiciar la actuación del Gobierno de Aragón como “secuestro” de los menores:
(1) El Informe de Diagnóstico en que se basa la actuación de la Administración (Protección de Menores del Gobierno de Aragón) es deficiente, negligente, incoherente y está lleno de falsedades. Se vierten juicios contra las personas de EVR y MSV absolutamente gratuitos e imposibles de haber sido contrastados. Carece de base desde el punto de vista técnico y falta al más mínimo rigor psicológico. Muchos de los datos que ofrece son falsos y contradictorios. Finalmente, desde el punto de vista del rigor de la actuación administrativa, debiera haberse valorado a EVR y MVS mediante una entrevista directa que nunca se produjo.
(2) Respecto del punto (1), EVR y MVS elaboraron un contrainforme demoledor del susodicho Informe de Diagnóstico, que sirve de prueba en los procesos iniciados por ambas por vía administrativa y judicial, y que ha sido entregado directamente al Director Provincial del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (de quien depende Protección de Menores), por quien fueron recibidas en entrevista. El contrainforme señala 51 irregularidades, inexactitudes y tergiversaciones contenidas en el Informe de Diagnóstico.
(3) Tanto dicho Informe de Diagnóstico como todas las actuaciones de Protección de Menores del Gobierno de Aragón en este caso han sido coordinados por su Equipo 5, del cual se conoce que ha estado inmerso en irregularidades frecuentes en otros casos similares.
(4) Entre otras de las irregularidades, EVR y MSV reclaman que la información suministrada sobre las circunstancias y la situación de la madre de los menores (SSV) al Gobierno de Aragón fue recomendada por el Trabajador Social de zona, lo que luego es interpretado como negativo por parte de Protección de Menores, provocando una insólita situación de indefensión, así como una imagen de incongruente y esquizofrénica descoordinación por parte de las autoridades de Menores.
(5) La resolución a la solicitud de acogimiento por parte de EVR y MSV les es entregada después de semanas de insistencia, y después de aducir un incongruente “silencio administrativo” para justificar la ausencia de dicha resolución.
(6) Dicha resolución es, en sí misma, igualmente incoherente y falta de rigor que el Informe de Diagnóstico. Se aduce, como argumento principal, que la abuela y tía de los menores producirían “interferencias” en los mismos, no justificando en absoluto en qué consistirían ni por qué habrían de producirse.
(7) Todo el procedimiento administrativo ha obviado las resoluciones judiciales en torno a la custodia de los menores, y singularmente la última en relación a la custodia del menor SPS, en la cual se reconoce específicamente el derecho de la abuela y tía (EVR y MSV) a las visitas del niño. No parece coherente que un juez de menores y la Administración regional de Menores tengan opiniones contrapuestas sobre hechos relevantes del mismo caso.
(8) La actuación policial, con la violencia desplegada, parece a todas luces desproporcionada a los efectos perseguidos. Llama la atención que la Policía, tratando de localizar a dos menores calificados de “en desamparo”, acudan en un caso al colegio al que AGS está escolarizada de manera habitual, y en otro intercepten a SPS en presencia de su padre cuando lo llevaba igualmente al colegio. No parecen estampas de una situación de “desamparo”.
(9) Las visitas semanales de los padres han revelado que los niños sufren con su actual situación, y claramente cialis without prescription presentan un cuadro de falta de adaptación a su entorno actual, por lo que parece que, lejos de remediar su situación, ésta ha empeorado claramente desde la intervención de la Administración. De esta situación hay informes independientes que obran en poder de la propia Administración.
(10) Finalmente, los recursos presentados por EVR y MSV para tratar de corregir la situación descrita sufren de una “persecución” por parte de la Administración regional de Menores en forma de oscurantismo, negativa sistemática a poner a disposición de las interesadas y del juez informes, pruebas y actuaciones en relación a este caso, lo que lleva a un retraso injustificado en la resolución final del mismo y prolonga una situación de sufrimiento tanto de los menores, como de sus padres, como de su familia que trata de reivindicar sus derechos legítimos.
Amnistía Internacional pid
ió hoy al Gobierno de Navarra que “revise los protocolos y manuales que existen en los centros de menores de la Comunidad foral desde el punto de vista de los principios de Naciones Unidas para la protección de menores privados de libertad”.
El director de la sección española de la ONG, Esteban Beltrán, se reunió hoy con la directora general de Familia, Infancia y Consumo del Ejecutivo foral, Loren Albéniz, para pedir información a la Administración sobre el caso de un menor navarro, que fue internado en el centro de menores de Ilundáin y murió el 25 de marzo de 2009, al parecer víctima de un suicidio tras dos meses de su internamiento.
Este caso fue dado a conocer por Aministía Internacional en diciembre del pasado año, en el informe ‘Si vuelvo, ¡me mato!’, realizado por la organización en Andalucía, Cataluña y Madrid.
la reunión, Beltrán ofreció una rueda de prensa e insistió en la necesidad de que el Gobierno foral “revise” los protocolos de los centros de menores, en los que se fijan cuestiones como “el modo en el que debería ser ingresado un menor, o que todo menor de 12 años debe dar un consentimiento informado del tipo de tratamiento médico que recibe”.
Por ello, pidió a Albéniz que revise “hasta qué punto en Navarra esos menores buy cialis usa son informados y dan su consentimiento al tipo de tratamiento médico que están recibiendo”. Además, le pidió información sobre “cómo se regulan los derechos y deberes de los menores, si los centros cumplen con las recomendaciones de Naciones Unidas, y la forma de supervisión de los centros”.
Asimismo, Beltrán recordó que estos protocolos “prohíben los castigos corporales, la reclusión en celdas oscuras, las penas de aislamiento en cualquier tipo de situación, la celda solitaria, la reducción de alimentos, o la restricción y denegación de contactos con familiares”.
Por otro lado, el director de la sección española de Amnistía Internacional informó de que la directora le indicó que se abrió una “inspección” sobre la muerte del menor al margen de la investigación judicial.
A este respecto, Beltrán insistió en que la responsabilidad esencial del centro “es de la Administración” y avanzó que el Gobierno de Navarra “va a valorar si nos manda toda la información que le hemos solicitado”.
Al margen de esto, Amnistía Internacional destacó que, “al menos, se ha iniciado el diálogo con la Administración foral” y valoró como algo “importante” el hecho de que el Gobierno navarro les haya facilitado información sobre el número de plazas que hay en la Comunidad foral para estos menores, hayan cometido un delito o no, con un total de 201.
EL INGRESO DEL MENOR
Preguntado por si sospechan que en el caso del menor en Navarra ha podido haber vulneración de los derechos de Naciones Unidas, Beltrán recordó que “lo que está claro es que el menor se suicidó” y mostró su “preocupación” ante la pregunta de “en base a qué diagnóstico objetivo se toma la decisión de enviar al menor al centro de reforma cuando online pharmacies no era infractor”.
En este sentido, indicó que “hay que dilucidar si hubo psicólogos y el asesoramiento médico adecuado para juzgar si la mejora salida para el menor era ir a un centro de reforma”.
Finalmente, Beltrán recordó que “el caso está en sede judicial, en la que se resolverá sólo si hubo delito”. Sin embargo, apuntó que “la justicia no resolverá otras cuestiones, como si hubo diligencia o no en la custodia del menor por parte de las autoridades de Navarra”.
El Craei de Can Ritort, estará emplazado en una zona de casas aisladas. Esta foto pertenece a una zona parecida, Can Peyrot; casas aisladas y vecinos que perturbaran la tranquilidad de sus hogares por las fugas del centro: y tal y como los tratan en Craei Pedrenyal, según el informe del Defensor del Pueblo del 2008; pues son capaces de cualquier cosa. Un problema de seguridad para el vecindario. Un problema de derechos humanos para toda la buying drugs sociedad.
La Fundación Resilis, investigada por fiscalia, y denunciada por 6 exinternos, con el apoyo de algun que otro educador que validan sus tesis; en el Centro de Acogida Mas Garrriga; quiere montar otro guantanamo infantil cialis chicago en el termino de Tordera (Barcelona), en concreto en Can Ritort.
Con el historial de la Fundación, a saber: un reglamento de regimen interno validado por DGAIA y creado por D. R (actual numero 2 de la fundacion y coordinador de nuevos proyectos) en el qual se avalaba la tortura: encierros en celdas tipo f de dos por tres metros como medida educativa, de 3 horas minimo hasta 24 horas. A la practica menores estuvieron 2 semanas , para desintoxicarse de las drogas, por fugarse, etc…
Esta Fundación de objetores penales quiere montar otro guantanamo infantil, con permiso de DGAIA , en Tordera. Llevan invertidos dos millones de euros en rehabilitación de una masia , en una zona con viviendas aisladas.
Teniendo en cuenta,el mal emplazamiento del lugar (con viviendas cercanas) y un vallado perimetral insuficiente; y que los ejes de la Fundación son el maquillaje politico, y el maltrato y vejaciones a menores. Y con el antecedente del craei Pedrenyal (denunciado por el Defensor del Pueblo, el Sr Mugica en su informe del 2008) pedimos lo siguiente:
Envien correos masivos a la Fundación Resilis, al ayuntamiento de Tordera (que no saben del maltrato que dispensa esta fundación a los menores y el riesgo que supone una instalacion de este tipo en manos de malos profesionales), a la DGAIA, en contra de que se conceda esta concesion a Resilis.
Que se le conceda a otra Fundación sin ese historial, o que creen un centro propio con controles…
Por favor. Envien mails masivos a estas direcciones ( al ayuntamiento de Tordera que es desconecedor de todo esto, hay dos mails del consejero de relaciones institucionales y otro del consejera urbanismo; a la DGAIA, responsable de la adjudicación, y a la Fundacion Resilis (para que sepan que no hay impunidad para los malostratos y torturas a la infancia).
miércoles 24 de febrero de 2010
La errática política de protección de menores en Aragón tiene nuevas víctimas: El Piso Tutelado Romareda, centro privado online prescription drugs without a prescription cuyo titular es la Fundación Federico Ozanam, cierra sus puertas y 7 menores van a ser “repartidos” por otros centros y recursos a partir de la semana que viene.
Ayer, la entidad comunicó al equipo educativo y a los menores residentes en el centro el cierre del Piso debido a una decisión administrativa del Servicio Provincial de Atención y Protección a la Infancia de Zaragoza.
Dicha decisión, evidentemente, se toma atendiendo al interés de cada menor, a su situación afectiva y emocional, como estrategia para mejorar los procesos educativos y respondiendo a criterios de planificación y previsión administrativa.
El cierre, y dejando la ironía ya a un lado, conlleva la interrupción de los procesos educativos de los menores, alguno de ellos con más de tres años de permanencia en el mismo y estando varios muy próximos a alcanzar la mayoría de edad y por tanto en momentos críticos del proceso. Así mismo, se provoca la separación del grupo en el que, y con muy buenos resultados, conviven; el cambio del guardador legal y la separación de los menores de los principales referentes adultos, sus educadores que conviven diariamente con ellos y con los que tienen unas relaciones de confianza y con mucha fuerza afectiva y emocional (que tal y como están las cosas en algún que otro centro aragonés es muchísimo).
No existe, a la fecha, ningún informe individualizado de ninguno de los menores que recomiende la salida del centro hacia otro recurso, siendo todos los informes realizados favorables de cialis pill cutter la evolución del proceso educativo, fruto sin duda del excelente nivel profesional del equipo educativo del Piso Tutelado Romareda, reconocido en todo el ámbito de menores, y las dinámicas educativas y de convivencia que han sabido implantar.
A la hora de adoptar la decisión no sólo no ha prevalecido el interés superior del menor (para los despistados superior significa por encima del resto de intereses: el general, el de la administración y el de la entidad contratada), sino que tampoco se ha ejercido el derecho a ser oído que tienen los niños sin haber sido citados previamente (artículo 13 de la Ley de Infancia y Adolescencia de Aragón).
¿Y porqué se realiza? Porque la Administración ha decidido que sobran plazas para menores de 15 a 18 años (programa de autonomía) y necesita más para niños de de 6 a 14 años. Y para ello, seguido del cierre, abre otro en las mismas instalaciones, contratando a la misma entidad y con el mismo personal, pero a costa de perjudicar a 7 chavales.
Por supuesto, es una decisión madurada en el tiempo que se ha avisado con una semana de antelación (me vuelve a salir la ironía) y que, entre otras cosas, va a permitir que se abra un centro para población de 6 a 14 años sin que ni siquiera esté elaborado el proyecto educativo de centro (dado que el actual, orientado a la autonomía, lógicamente no puede ser aplicado tal cual). No olvidemos que hace menos de 2 meses se estaban “recolocando” en el propio piso que ahora cierra a menores provenientes del cierre de la Casa San José, por lo que, que esta decisión responde a una acción planificada desde hace tiempo no será más que otra de las mentiras a las que nos empieza a acostumbrar el Servicio de Menores.
Desear mucha suerte y ánimo y mandar besos muy grandes a los chicos, algunos muy afectados tras enterarse, y a los componentes del equipo educativo (que también lo están pasando mal), que seguro que serán capaces de repetir éxito en la tarea de educar a niños más pequeños igual que lo han hecho hasta ahora con los más mayores
Y mañana seguiremos, que hay otras cuestiones paralelas a este asunto que nos mosquean.
Publicado por Foro de Menores en Aragón
Alrededor de 60 personas marchan en Galapagar para solidarizarse con l@s chavales encerrados en “Hogar Galapagar”
Domingo 28 de febrero de 2010
Pese a las dificultades prescription drugs online without prescription (el servicio de trenes fue suspendido a causa de las tormentas y la mayoría de l@s asistentes tuvo que acudir por carretera), alrededor de 60 personas marcharon ayer por Galapagar para exigir que el centro de menores de la localidad se cierre de una vez.
La marcha transcurrió entre el sonido de petardos, gritos de solidaridad e iluminada por antorchas que portaban vari@s de l@ manifestantes. La Guardia Civil había “tomado” parte del pueblo, y algunas personas fueron retenidas temporalmente en un control “preventivo” a la entrada de la localidad, pero pese a todo, la solidaridad fue más fuerte y la marcha pudo realizarse.
Después de alrededor de una hora de marchar por los alrededores, l@s manifestantes llegaron a la puertas del centro de reclusión, donde se encuentran encerrad@s chavales que no han podido ni intentar defenderse en un juicio, sino que son encerrad@ por decisión arbitraria de sus tutores, funcionarios de la Comunidad de Madrid como Victoria Ruiz Pérez, directora del área de coordinación de centros del Instituto Madrileño del Menor y la Familia.
En la entrada de “Hogar Galapagar” volvieron a producirse gritos de apoyo a los chavales, insistiendo en que “los centros de menores son centros de exterminio” y haciéndoles saber que “no estáis solos/solas”.
Tuvimos la alegría de encontrarnos cialis prescriptions en Galapagar con Margarita, madre de Miguel el adolescente que apareció muerto el año pasado en el centro de menores Illundain y que sigue luchando con todas sus fuerzas contra la impunidad y el olvido. También nos encontramos con varios miembros de A.N.PRO.DE.FA que han sido separados a la fuerza de sus familiares menores de edad por la administración, así como de varios chavales que han sufrido en sus carnes el maltrato de Salud Mental Consulting S.L., empresa gestora de “Hogar Galapagar” y otros 4 centros más en la sierra de Madrid.
Pudimos compartir lucha también con un grupo de estudiantes de Educación Social, venidos desde Castilla-La Mancha y que se niegan a que su futuro empleo sea lo opuesto a aquello para lo que están estudiando.
http://www.centrosdemenores.com/?Alrededor-de-60-personas-marchan
La lucha sigue. Contra la impunidad, acción directa.
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Pese a las dificultades (el servicio de trenes fue suspendido a causa de las tormentas y la mayoría de l@s asistentes tuvo que acudir por carretera), alrededor de 60 personas marcharon ayer por Galapagar para exigir que el centro de menores de la localidad se cierre de una vez.
La marcha transcurrió entre el sonido de petardos, gritos de salidaridad e iluminada por antorchas que portaban vari@s de l@ manifestantes. La Guardia Civil había “tomado” parte del pueblo, y algunas personas fueron retenidas temporalmente en un control “prevetivo” a la entrada de la localidad, pero pese a todo, la solidaridad fue más fuerte y la marcha pudo realizarse.
Después de alrededor de una hora de marchar por los alrededores, l@s manifestantes llegaron a la puertas del centro de reclusión, donde se encuentran encerrad@s chavales que no han podido ni intentar defenderse en un juicio, sino que son encerrad@ por decisión arbitraria de sus tutores, can you buy prescription drugs online without a prescription funcionarios de cialis en francais la Comunidad de Madrid como Victoria Ruiz Pérez, directora del área de coordinación de centros del Instituto Madrileño del Menor y la Familia.
En la entrada de “Hogar Galapagar” volvieron a producirse gritos de apoyo a los chavales, insistiendo en que “los centros de menores son centros de exterminio” y haciéndoles saber que “no estáis sólos/sólas”.
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M.J.R.C., street value of cialis técnica de Educación Infantil de la Junta de Extremadura en el Centro de Educación Infantil ‘Espíritu Santo’ ha sido condenada a 2 años y cinco meses de prisión por un delito de lesiones psíquicas sobre una menor de tres años alumna de dicho colegio. La sentencia es del Juzgado número 1 de lo Penal de Badajoz y también es recurrible. Impone igualmente a la condenada una indemnización de 10.050 euros en concepto de responsabilidad civil que deberá ser entregada a la madre de la menor.
http://www.hoy.es/pg060622/prensa/noticias/Regional/200606/22/HOY-REG-144.html prescription drugs without a prescription online