El Gobierno gallego admite el registro pero asegura que ignora lo que se buscaba con las pesquisas
Policía Nacional y Guardia Civil recabaron abundante información sobre expedientes en la sede de la Xunta
Una nueva macroinvestigación judicial fue puesta en marcha en Lugo cuando todavía siguen activas las relacionadas con la trama de los burdeles y con la retirada de las multas tanto en la Jefatura Provincial de Tráfico como en la Policía Local. Se trata de la que ya se conoce en algunos ambientes como operación Bebé y que tendría por finalidad averiguar, según algunas fuentes, si se produjo o se está dando en la actualidad algún caso de tráfico de niños de corta edad o presuntas irregularidades en los trámites de adopción.
La jueza Estela San José, que se encarga también de la investigación relacionada con las multas y la que se lleva a cabo en el Concello de Castro de Rei, visitó ayer el edificio administrativo de la Xunta, en la ronda de la Muralla. Según confirmó la delegada provincial del Gobierno gallego, Raquel Arias, la jueza pidió entrar en los archivos de la sede autonómica para revisar expedientes, pero matizó que no sabe de qué tipo. La delegada territorial aseguró que la obligación de la Administración es colaborar con la Justicia y poner a su disposición todo lo que necesite. Raquel Arias insistió en que no conocía los detalles de esta entrada; dijo que ignoraba cualquier otro aspecto de la presencia de la comisión judicial en la delegación y si la investigación estaba centrada en el departamento de menores o en cualquier otro aspecto, porque ni siquiera estuvo ayer en la sede de la Xunta. Varios funcionarios atendieron a la jueza durante todo el día. De su visita también tuvieron constancia previamente altas instancias administrativas.
Documentación
Todo indica que Estela San José se incautó de gran cantidad de documentación para su revisión en el juzgado. La investigadora aprovechó el sábado para llevar a cabo el trabajo, día en que menos concurrencia hay en las dependencias del edificio. Pretendía que su presencia fuese lo más discreta posible. Sin embargo, algunas personas que estaban en la sede se quedaron sorprendidas de ciertos movimientos extraños. Incluso vieron a miembros de la Guardia Civil con bolsas, supuestamente para la retirada de material.
La jueza fue vista a mediodía en las dependencias administrativas y, según algunas fuentes, prosiguió su investigación hasta las primeras horas de la noche. Algunas fuentes explicaron ayer que Estela San José podría haberse llevado, entre la numerosa documentación, material informático para analizar pormenorizadamente y tratar de buscar algún dato que permita saber si algunos bebés fueron entregados a sus padres adoptivos siguiendo toda la tramitación exigida o, si por el contrario, se saltaron aspectos fundamentales contemplados en la normativa de adopciones.
E. PRESS, S/C de Tenerife
María Resurrección Sosa denunció el “maltrato” al que la ha sometido la Dirección del Menor del Gobierno de Canarias y que ha concluido con declarar a su hija de 14 años en situación de desamparo y con su ingreso en un centro de atención inmediata en la isla de Tenerife.
“Lo que han hecho con mi hija ya no se puede solucionar”, criticó Sosa, quien recordó que todo comenzó hace aproximadamente un año. La menor intentó fugarse y ella acudió a las administraciones para que la ayudasen.
“Les costó el tiempo en el que yo me cambio de camisa para afirmar que yo no quería cuidar a mi hija”, criticó.
Según indicó, la razón para que la niña esté en un centro tinerfeño es que ella se ha negado a realizar más test psicológicos. Planteó que las “valoraciones” están dirigidas a acusar a los padres de tener a sus hijos en situación de desamparo. Aquí admitió que en su día la menor dijo haber sido agredida por sus progenitores.
Lamentó que los servicios de menores se hayan convertido en un “negocio”. Planteó que Canarias prefiere pagar 3.800 euros y tenerlos en centros que con sus padres. Rechazó que se tenga esta “praxis” y se fomente el “desarraigo”. “Lo importante es el menor”, zanjó.
Sosa señaló que es madre soltera y que su otra hija estudia la licenciatura de Derecho. También expuso que si ha sufrido una depresión ha sido tres meses después de “quitarme a mi hija”. “Cinco después de estar tutelada comenzó a fumar, a drogarse, a beber… Ya lo que han hecho no se puede solucionar”, expuso.
Sosa forma parte de la Asociación Nacional Pro Defensa de la Familia (Anprodefa), que se presentará el próximo lunes en Zaragoza. Su vicepresidenta, Esperanza Vázquez, explicó que se han asociado hace dos meses y que ya se han sumado unas 250 personas de todo el país debido al maltrato de la administración”.
La presidenta de Anprodefa indicó que la cifra es mucho mayor de lo que esperaban en un primer momento. “Sentimos mucha impotencia ante los servicios de Menores”, expuso.
Especialistas impulsan un turno para peritar los casos al margen de la Junta
Pro Derechos Humanos y los abogados coinciden en las disfunciones del sistema
M. J. M. / SEVILLA | Actualizado 02.04.2010 – 05:03
El letrado José Antonio Bosh.
La iniciativa para la creación de este turno va ganando adhesiones. Tanto el Colegio de Psicólogos como el de los trabajadores sociales apoyan de forma solidaria este proyecto. El Colegio de Abogados de Sevilla también coincide con estos colectivos. Entre otros, el letrado Gabriel Velamazán destaca la urgencia de apoyar la especialización de letrados en esta materia.
Las disfunciones por parte de la Administración no pasan inadvertidas para el Colegio de Abogados de Sevilla, que recientemente conmemoró el 60 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos prestando especial interés a la protección de la infancia. Entre las principales conclusiones se destacó que en los supuestos de resoluciones administrativas en la materia de protección de menores debe procederse a la designación de letrado de oficio “obligatoriamente” con motivo de dicha declaración.
José Antonio Bosch apuntó que, si no se tiene un abogado designado, los plazos deberían suspenderse hasta contar con asesoramiento, pues las familias disponen actualmente de sólo tres meses para recurrir contra la Junta cuando esta administración les retira la custodia de un menor. “Es un calvario lo que sufren padres y tutores durante el litigio y deberían ir correctamente representados”, insiste Bosch.
La coordinadora de Pro Derechos Humanos del Menor, Asunción García Acosta, asegura que muchas familias tienen miedo a que le retiren a sus hijos y justifica así la decisión de algunas familias del asentamiento chabolista del Vacie de no llevar a los niños al colegio. “En 2006 contabilizamos a casi 200 niños de hasta 16 años sin escolarizar en el Vacie; las familias no veían con buenos ojos la escolarización por miedo a que se los quitara la Junta”, explica García Acosta.
Esta asociación insiste en que los centros de menores, tanto los terapéuticos como los de reforma y desamparo, tienen que cambiar porque existe “una absoluta desprotección y un secretismo que no se debe permitir, pues los padres tienen que saber siempre dónde estan sus hijos”.
EMPIEZA EL CALVARIO EN OTRA FAMILIA DE AFECTADA POR MENORES.
OTRO ESTREMECEDOR CASO DE ABUSO DE PODER TUTELAR DE MENORES.
Caso típico familia humilde con pocos recursos económicos a los que alegan otras suposiciones injustificadas como siempre, el menor no va adecuadamente vestido al colegio, no es cierto, pues el menor va a colegio con uniforme y si no va bien no le dejan entrar, el menor ha faltado unos días al colegio lo que no es cierto o injustificado, la madre tiene una deficiencia de visión lo que parece ser que no le da derecho a una minusvalía. Para ellos los de la once no deben tener derecho a tener hijos.
Bueno lo mejor es que se presentaron con la policía a las 8 de la mañana, sin previo aviso, sin apoyo psicológico para la menor y los padres, total a ellos que más les da el soponcio que le dieron a la niña arrancada involuntariamente de la familia, algo que nunca olvidara, para ella el día que los de las gorras se la llevaron.
Todo un drama que ninguna familia debería pasar. La niña chillando por la escalera ¡papa! ¡mama! ¡A donde me llevan!, el padre diciéndole que se calmara que pronto se verían, pero a la vez despidiéndola con lagrimas de padre que ante un secuestro con la ley en la mano no pudo hacer nada. La abuela de 83 años llorando, la madre de rodillas por que no le sujetaban las piernas, en fin una familia que más y a ellos que más les da.
Después de un MES de estar alejados de tu hija y sin ningún tipo de información, el miércoles 24 te llama la susodicha funcionaria para comunicarte que: El viernes vas a visitar a tu hija por 1ª y última vez, ya que la van a meter en un programa de pread opción (conversación escuchada por varios testigos).
Se van a verla, no le dejan más que darles un beso a sus padres, a su abuela se la quitan de los brazos y le dicen que a ella no le dejaban besarla.
LEY 12/2001, de 2 de julio,
del Gobierno de Aragón,
de la infancia y la adolescencia en Aragón
(B.O.A. número 86 de 20/07/2001)
Artículo 24. Prestaciones económicas y apoyo técnico.
1. Las familias o las personas bajo cuya responsabilidad se encuentren los niños y adolescentes podrán ser objeto de ayuda en forma de prestaciones económicas o apoyo técnico.
2. Las prestaciones económicas se concederán de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Ordenación de la Acción Social y normativa que la desarrolla. No tendrán carácter de prestaciones económicas las compensaciones del acogimiento o guarda.
3. Constituyen apoyo técnico los servicios de orden material, formativo, psicosocial y socioeducativo prestados preferentemente en el lugar de residencia del beneficiario y con la finalidad de facilitar su normal desenvolvimiento.
Otro caso más en Zaragoza; originado de nuevo por el equipo 5 y con especial protagonismo de nuestra particular funcionaria BB.
Y YA empieza el peregrinar de otra familia más, por abogados, juzgados, partidos políticos etc. solicitando AYUDA, ya que el sentimiento de IMPOTENCIA y el SHOCK en el que te encuentras te dejan bloqueado.
Ante semejantes atropellos realizado por la INSTITUCION en nombre (del BIEN SUPERIOR DEL MENOR) se han realizado las oportunas DENUNCIAS, tanto de forma conjunta como al correspondiente juzgado de guardia.
La incompetencia de las administraciones que llevan los temas de los menores es algo que hasta ahora realmente de la que no tenía constancia. Por desgracia me ha tocado de lleno vivir como esta gentuza juega no solo con las familias, tanto biológicas, sino también de acogida, pero sobre todo juega de mala manera con la felicidad de los niños. ¿Como es posible que drugs online alguien piense que ningún ser humano pueda tener precio? Solo las mentes mas enfermas, las cuales están privilegiadas con un cargo que les hace inmune ante los delitos que están cometiendo. En mi caso hemos tenido a Laurita desde los 15 años en casa, salio de la suya por agresiones físicas y psíquicas sufridas por su familial una niña buena, dulce, y que tan solo ha pedido ser FELIZ, después de 2 años nos la arrebata ese gran monstruo llamado, Instituto del Menor y la Familia, para llevársela a un piso que es una secta, donde según esta gentuza va a estar mejor que con nosotros. Laura esta muy mal, ¿donde esta el derecho a decidir una niña de 17 años con quien quiere vivir? daily dose cialis En cambio por ley una menor de 16 años puede decidir abortar a un bebe sin el consentimiento de sus padres. Es una vergüenza, pero seria muy largo para poder describir todo lo que nos ha pasado en tan poco tiempo. Solo decir que luchamos por Laura y también por todos estos niños que están siendo comercializa dos por estos organismos, que realmente lo que demuestran que son mafia pura y dura. LUCHAMOS POR TI LAURITA, TE QUEREMOS AMOR, NO TE RINDAS, un saludo a toda la asociación. Feli
( Comentarios direccion)
Érase una vez una niña llamada Sara. Su madre robaba para comer, era drogadicta y acabó en la cárcel y ella y sus dos hermanos se quedaron al cargo de su padre. Él era alcohólico y al poco tiempo “la espichó” y los niños se quedaron abandonados. Así comienza la historia que narra la propia Sara Casas, una joven de 24 años, que pelea desde hace dos desde Sevilla por recuperar la custodia de sus tres hijos. No es un cuento, aunque el argumento podría dar pie a una película.
Sara es menuda y expresiva, aparenta más edad. Parece que los doce años de desamparo y peregrinar por centros de tutela hayan contado por veinte. Sentada en un velador en Sevilla, repasa ilusionada las últimas fotos que ha podido hacer a sus tres hijos, una niña de cuatro años y dos gemelos de dos, internados en un centro y a los que sólo puede ver dos horas cada quince días.
Como si de una película se tratara, Sara da un trago a su coca-cola y empieza a narrar el largometraje de su vida. La primera escena se sitúa en Barcelona. Sara tiene seis años y acaba de ingresar con sus dos hermanos en un centro después de que los vecinos avisaran a los Mossos para que se hicieran cargo de ellos. Sólo un año estuvieron juntos los hermanos y luego fueron separados. Luego llegó la acción: seis años de fugas y capturas que la llevaron por los centros de toda Cataluña. “Yo me escapaba simplemente porque quería estar con mis hermanos”, simplifica la joven, que a los13 años burló de nuevo la seguridad y se fugó entonces con su madre, hasta Sevilla.
No tardaron más de seis meses en pillarla en El Puerto y vuelta al internado. “Mi madre sería como fuera, pero se preocupaba”, argumenta con sentimiento. De repente cambia de registro. “Luego me llevaron al Talita Kum, ahí sí que se estaba bien, porque hacías lo que te daba la gana, si no querías ir al colegio no ibas y, si fumabas, te daban el tabaco y niños y niñas estábamos juntos con 16 años”, recuerda con desparpajo.
Ese centro cerró sus puertas a principios de esta década. Los abusos son algunos de los argumentos que pesan sobre la orden de cierre. “Allí fue donde mi hermano chico comenzó a golfear; hoy está en la cárcel, pero llegó a vivir con una familia, con la que no duró ni un rato porque metió al gato en el microondas”, recuerda mientras ríe.
Pero no es un chiste. Sara también era muy rebelde, “tanto que decían que yo necesitaba un psiquiatra, pero lo que quería es irme con mi familia”. Antes de cumplir la mayoría de edad la joven pasó a un piso tutelado en un pueblo de Sevilla. De allí a un convento donde, según ella, entró por una puerta y muy pronto salió por otra, hasta llegar a un psiquiátrico en Málaga. “Pero yo no estaba loca, hacía sólo lo que quería”. Hasta trece pastillas diarias llegaron a prescribirle. “Y no las necesitaba; me ataban y me tiraban agua para despertarme o relajarme, si era agresiva”, explica. La película de Sara alcanza momentos más dramáticos. “Allí sí que me volvieron loca”, relata.
Los antecedentes de salud mental han servido de argumento para retirarle la custodia de los niños y para otorgarle una pequeña pensión, con la que sobrevive. Pero los informes médicos presentados por su abogado rechazan hoy cualquier problema. Hace un receso para centrarse en la situación de los centros de menores que, según ella, no están tan bien como parece. Recuerda con precisión el día que salió, al cumplir los 18 años, del psiquiátrico malagueño “sin estudios, sin trabajo y sin saber freír ni un huevo”. Se instaló con su madre en Sevilla, pero ésta pronto desapareció de nuevo de la escena por problemas judiciales. Entonces se fue a vivir con su hermano mayor, que había conseguido enderezar su vida, y su cuñada. Otro fracaso, hasta que se fue vivir “con el primero que me dio cariño”, cuenta sin ningún apego al padre de sus tres hijos.
Cambió los centros por una nave abandonada donde compartía lecho con su pareja, “que podía ser mi padre porque decía que tenía 38 años, pero a lo mejor tenía más…”, duda. Pero asiente con firmeza que le daba palos. Pasa sin detalles por el maltrato de su compañero, como si fuese una anécdota.
Se quedó embarazada y, casi dos años después de dejar de ser tutelada por la Junta, entró en contacto de nuevo con el sistema de protección. “Me prometieron ayuda porque estaba en una situación socioprecaria o algo así, no entendí nada de lo que dijeron”, admite Sara, convencida desde ese momento de que iban a por su hija. Tal fue así que, ante ese temor, abandonó el hospital 24 horas después de una cesárea y huyó a Asturias. Luego llegaron dos niños más.
El sistema de protección no le perdió la pista. Recuerda medio sorprendida e indignada cómo fue la misma asistenta, de la que no olvida su nombre, quien la internó en un centro en Sevilla la que hace dos años se llevó a sus tres hijos “hasta que me recuperara emocionalmente, pero si yo lo que no tengo es dinero”. Fue tras denunciar a su pareja por maltrato e ingresar en una casa de acogida para víctimas de violencia doméstica.
Otra madre en una situación similar le presentó a Asunción García Acosta, de la Asociación Pro Derechos Humanos de los Menores, que nada más hablar con Sara Casas se convenció de safe cialis que aquello era una terrible injusticia. Ella y el letrado José Antonio Bosch, que la apoya y la atiende de forma altruista, se convirtieron en sus muletas para correr una auténtica carrera de obstáculos que ya dura dos años. Gracias a su ayuda, Sara alquiló un piso en el municipio sevillano de Los Palacios, donde ahora reside y a diario recibe la visita de los trabajadores sociales. Saca del bolso un papel donde cheap drugs without prescription tiene apuntada una lista de tareas. “Cada día tengo que arreglar un montón de papeleo, así yo no tengo tiempo para trabajar ”, asegura. “Tengo que tener tres habitaciones y lo último que me han pedido es que coloque rejas en las ventanas”, se queja.
Pero no tira la toalla y, con la ayuda que está recibiendo, intenta cumplir con todos los plazos y objetivos que le marca la administración. Tras contar a los medios su caso, ha conseguido que la Junta de Andalucía le amplíe media hora su régimen de visitas. Se levanta a las seis de la mañana y coge tres autobuses para estar a las 10, como un reloj, en el centro de la provincia sevillana donde viven sus hijos, a los que puede ver en presencia de uno o dos trabajadores.
Teme que su historia se repita y se ha opuesto en los tribunales a la situación de desamparo acordada por la Junta, que confía en que el caso se resolverá en breve. El juicio se celebrará en Sevilla el 1 de julio. Pero la película no ha terminado. 18 años después de ingresar en un centro de menores, Sara Casas sigue luchando por conseguir un final feliz.
http://www.diariodecadiz.es/article/rda73/153766/la/historia/sara.html
Nuestros nombres son SALVADOR MONTCUSI Y FRANCINA CARDONA, el pasado generic cheap cialis 11 de marzo de 2009, la administración de CATALUNYA secuestro al niño que vivía con nosotros. Somos un matrimonio, que en su momento, escuchando a la administración de CATALUNYA que se quejaba de falta de familias de acogida, decidimos apuntarnos a un curso para poder ser una familia de acogida, para poder brindar a esos niños y niñas todo el cariño y calor de una familia a estos pobres niños que solo por haber nacido ya se los a maltrato primero por sus padres y luego por la sociedad que nos envuelve, y que les niega el derecho a una vida con dignidad.
Empezamos la labor el 20 de junio de 2008, con un niño que tenia 6 meses, hasta el 11 de marzo de 2009 que el niño tenia 16 meses, momento en el que dicho menor fue secuestrado por la administración, como a continuación vamos a demostrar, el 3 de marzo de 2009, nos dijeron que este niño iba para adopción, fue entonces cuando nos dirigimos a los “PROFESIONALES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA”, para comunicarles que este niño no estaba preparado para dar este pasó, ya que cuando lo cogimos el niño tenía un síndrome de abandono, provocado por los cambios habidos en su corta vida. Ya que el pobrecito su madre lo abandono al mismo momento de dar la luz, por lo que paso a la Tutela de la GENERALITAT DE CATALUNYA y luego a una familia de acogida anterior a nosotros.
Esta familia de acogida lo tuvo desde el segundo día de vida hasta los 6 meses, momento en el que por problemas personales graves tuvieron que interrumpir su labor, ya que se trataba de una familia de extranjeros, los cuales ya llevan muchos años en catalunya, pero tuvieron que desplazarse durante un tiempo a su país de origen por lo que el menor no se lo pudieron llevar con ellos. Fue entonces cuando la administración nos paso la tutela a nosotros, hicimos el cambio de una familia a otra tal como nos enseñaron en el curso de formación, o sea durante una semana estuvimos las dos familias juntas, para que el niño no pasara un trauma al abandonar a los que hasta entonces había cubierto el hueco que habían dejado sus padres. (Por cierto esta primera familia hizo una gran labor con este niño.)
Transcurrida esta semana en la que progresivamente ellos se ivan retirando, y nosotros íbamos entrando poco a poco para que el menor no tuviera un cambio brusco, creo que la cosa funciono bastante bien ya que tuvimos la oportunidad de contrarrestar con esta familia las pequeñas costumbres del niño para que el no notara el cambio, ah si y todo los primeros meses el niño dormía intranquilo, estaba triste, solo dios sabe lo que le pasaba por su cabeza, no en vano para él en solo 6 meses de vida ya lo habían abandonado dos veces, fue a partir de los 13 meses cuando el niño dormía bien, sin sobresaltos, era feliz, jugaba y se reía, el se iba acopando, a nosotros y a su actual entorno a los 15 meses, el niño ya jugada se reía nos daba mucho cariño, cosa que nos hacia muy felices, y el empezaba a vivir, después de lo que había sufrido ya se lo merecía.
Al ver todas estas cosas les dije a la administración que el niño aun no estaba preparado para este paso, la administración nos dijo que si y que ya tenia unos padres que lo esperaban, por lo que viendo las circunstancias y para el bien del menor dijimos que si este tenia que ser el camino, que nosotros lo adoptábamos, ah parte que ionamin without prescription continuaríamos ayudando a otros niños. La administración nos contesto que no que este no lo podíamos adoptar, si queríamos uno ya nos darían otro.
Fue a partir de este momento cuando nos insultaron, nos amenazaron, nos quitaron la tutela del niño y finalmente lo secuestraron con la ley en la mano, todo la labor que nos habían encargado la titaron al traste, porque para ellos los “PROFESIONALES DE LA ADMINISTRACIÒN DE CATALUNYA” Tal como les gusta que los llames. Estos menores no son seres humanos si no simples expedientes que hay que cerrar, sin preocuparse del bienestar del menor cosa que no les importa, este pobre niño solamente puede tener un recuerdo de nosotros, que un día lo dejamos sentado en un sofá y nunca más fuimos a recogerlo, o sea en su pequeño currículo con 16 meses de vida 3 abandonos. Por lo que nosotros SALVADOR y FRANCINA, nos sentimos culpables de haberlo abandonado y fallado en un momento tan difícil de su vida.
El niño fue arrancado de nosotros y entregado a una nueva familia sin hacer el pasado el tiempo de adaptación para el bien del niño.
No tuvimos ni la oportunidad de explicar a sus actuales padres las costumbres, los gustos, en fin todo lo que necesitaban saber, tal como nos enseñaron en los cursillos, o sea todo lo que nos enseñaron en los cursos para saber atender debidamente a el niño cuando a ellos les conviene anulan protocolo y no miran por el daño psíquico del menor, es una mentira, porque ellos lo que dicen que nuestra labor es para que el niño el día de mañana tenga un pasado, no es verdad ya que el pasado somos nosotros y la otra familia que tuvo de acogida, lo que quiere la administración es que les des de comer, los mantengas limpios, no preguntes, no opines, te calles y obedezcas sin rechistar, ya que de lo contrario eres malo y te borran del mapa, es lamentable que estos niños sean simplemente un expediente de beneficios con lo que se lucran mucha gente, y nadie hace nada para ver que pasa, ya que cuando sacas este tema, a políticos, partidos y administraciones todo el mundo se aparta de ti.
Tan grave es la corrupción en este tema que nadie quiera profundizar en el, si esto es democracia viva la dictadura, por esto digo que emprendimos esta vía para ayudar a estos niños con mucha ilusión, cosa que nos han impedido, pero el daño que nos han hecho a nosotros, no es comparable con el que han hecho a este niño a sus actuales padres y a otros muchos niños y padres. Por esto que estamos dispuestos a luchar para que agresiones como estas no se repitan, vamos a luchar para que la administración, deje de traficar con seres humanos indefensos, y deje de tratarlos como simples expedientes o mascotas para que las familias de acogida puedan hacer su labor con la cara alta y sin ser menospreciados.
Javier F. Retenaga. Redacción
Pese a las denuncias de las familias, se siguen produciendo casos en que la Administración retira la tutela de un menor a sus padres sin razones o causas objetivas. Tras estas actuaciones se vislumbran los intereses económicos de unos centros de menores gestionados por entidades privadas. Entre ellos destaca, por su régimen semicarcelario, el centro Valle de Cayón, de la Fundación O’Belén.
Según el informe elaborado en junio de 2009 por el Observatorio de Infancia –órgano técnico dependiente de la Consejería de Empleo y Bienestar Social del Gobierno de Cantabria y de la Fundación para la Salud y el Bienestar Social–, existen en Cantabria cerca de 200 menores en acogimiento residencial, guardados o tutelados por la Administración, dentro del sistema de protección.
En el informe citado se analizan los factores que se correlacionan con la desprotección de los menores. Es significativo el elevado número de padres separados y, sobre todo, la precariedad de su situación laboral y económica, pues muchos de ellos no tienen trabajo remunerado. Sin embargo, la Administración no ha puesto en marcha procedimientos y ayudas encaminados a tratar y paliar las causas más objetivas o materiales de las situaciones de desamparo de los menores. Como señalan muchos de los profesionales online pharmacy no prescription que trabajan en este campo, si el dinero que se gasta en los centros de menores se invirtiera en trabajar con las familias y en ayudarlas de forma eficaz, es probable que una gran cantidad de situaciones de desamparo familiar nunca llegarían a producirse. Pero es obvio que esto perjudicaría los intereses económicos de la red privada de centros de menores. 
En la actualidad hay 22 centros de acogimiento residencial que, a excepción del Centro de Atención a la Infancia y Familia (CAIF) del Gobierno de Cantabria –con 25 plazas–, son gestionados por nueve entidades privadas. Cinco de ellas se reparten la mayor parte de las plazas adjudicadas por los Servicios Sociales: la Fundación Cruz de los Ángeles, la asociación Nueva Vida, la asociación CUIN, la Fundación O’Belén y la asociación Nuevo Futuro. Además, existen en Cantabria entre treinta y cuarenta plazas en centros especializados –también de titularidad o gestión privada– para menores infractores o que han cometido delitos. El presupuesto para todos estos centros, en 2010, alcanza los 4.991.886 euros, cantidad que contrasta con las precarias condiciones laborales de los trabajadores, ’mileuristas’ en su mayoría.
Las denuncias contra O’Belén y el cierre de varios de sus centros no impidieron a los Servicios Sociales inaugurar, en febrero de 2009, un centro de esta Fundación en Argomilla de Cayón. El centro Valle de Cayón está destinado a acoger a menores en desamparo –no es un reformatorio–, pero allí se encuentran también internos ingresados por tráfico de drogas, robos e incluso por agresiones con arma blanca. De hecho, el régimen disciplinario responde más al indicado por la ley para los casos de reforma y las sanciones a faltas muy graves.
Retención de un menor
El caso de MC, una madre que ingresó allí a su hijo voluntariamente en 2009, da buena idea del funcionamiento del centro. MC acudió a los Servicios Sociales para solicitar ayuda, ya que su hijo se negaba a salir de casa y a asistir al colegio, y su relación con ella era problemática. Siguiendo los consejos de los responsables del servicio, lo internó en el centro Valle de Cayón.
Nada más llegar, el chaval fue recluido durante quince días en el módulo de aislamiento, una habitación con rejas con una cama incrustada en el suelo y una mesilla por todo mobiliario, sin siquiera un espejo –que le fue concedido quince días después de solicitarlo–. Durante el aislamiento no se le permitieron llamadas ni visitas de la familia. Después, las conversaciones telefónicas diarias entre madre e hijo fueron sistemáticamente escuchadas por los responsables del centro. A la tercera semana se le permitieron las visitas: una hora, un día a la semana. A los dos meses, una salida semanal de dos horas en compañía de su madre. A los tres meses, se le permitió comer en el domicilio familiar un día a la semana y, poco más tarde, se le empezaron a autorizar salidas de dos días a la semana para pernoctar en su domicilio. Este régimen se aplicó a un menor que no había cometido delito alguno. “Si lo hubiera sabido entonces, nunca habría permitido su internamiento”, precisa la madre.
Más allá del régimen disciplinario o punitivo del centro, llama también la atención la falta de terapias efectivas para tratar los trastornos psicológicos de los internos. En el centro sólo existe una psicóloga, cuya ocupación consiste en escucharlos durante cuarenta minutos semanales. También disponen de una psiquiatra que no está en plantilla –a pesar de que en las memorias aparece como si lo estuviera– y que se limita a supervisar esporádicamente la medicación de los menores. Por otro lado, es común el tratamiento de los menores sin diagnóstico previo, requisito exigible en cualquier intervención psicológica o psiquiátrica.
El funcionamiento del SAIAF
El Servicio de Atención a la Infancia, Adolescencia y Familia (SAIAF), dirigido por Francisco Javier Dávila, es el organismo del Gobierno de Cantabria responsable de velar por el bienestar del menor y de su familia. Sin embargo, su actuación en casos como éste revela un mayor celo en favorecer y proteger los intereses de los centros que los de los menores internados en ellos.
MC cedió temporalmente la custodia de su hijo por indicación de este organismo. A continuación, el SAIAF solicitó al Juzgado autorización para el internamiento del menor sin informar a la madre de las implicaciones del auto. Al parecer, la solicitud de autorización judicial es el procedimiento habitual para el ingreso de los menores en centros ’terapéuticos’, como confirma el Informe del Defensor del Pueblo de febrero de 2009. Pero ¿para qué la intervención judicial cuando la cesión de la custodia es voluntaria? La explicación se encuentra en la Ley de protección de la Infancia y la Adolescencia de Cantabria, que determina que “la guarda asumida mediante solicitud de los padres cesará a petición de los mismos”, cosa que no sucede cuando el internamiento se realiza por auto judicial. En tal caso, los padres ya no pueden recuperar la custodia de forma inmediata si así lo requieren, sino que tendrán que hacerlo por mediación del juez. Esto permite al SAIAF mantener la custodia de los menores incluso contra la voluntad de los padres. De hecho, cuando en noviembre de 2009 la madre quiso recuperar la guarda del menor, la Administración asumió la tutela por el procedimiento de urgencia –que no requiere justificación inmediata– y lo declaró en desamparo, prohibiéndole además visitas y salidas. Ni siquiera en Navidad se las permitieron, a pesar de los requerimientos de la madre, y sólo en enero le autorizaron a salir del centro, con la prohibición expresa de ponerse en contacto con su familia.
A finales del mes, el menor presentó denuncia contra los cuidadores por un incidente que tuvo lugar durante el registro de su habitación. Con la ayuda de su familia, el menor presentó una denuncia en el juzgado de guardia, lo que dio lugar a un auto judicial que dejaba en suspenso su obligación de retornar al centro. Ante la denuncia, el centro, en lugar de iniciar un procedimiento para investigar y aclarar lo sucedido, incoó un expediente contra el menor y lo sancionó. Por su parte, el cialis dosage side effects SAIAF –en teoría la entidad que tutela y protege al chaval – tampoco inició investigación alguna y apoyó sin más la actuación del centro.
En todo este proceso, y desde el momento en que cedió la custodia, la madre se ha visto relegada a un papel secundario e irrelevante, aun cuando no se le ha declarado ninguna incapacidad y se encuentra en pleno ejercicio de sus facultades mentales. MC está indignada con la actuación de los Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria y advierte: “Que no se le ocurra a nadie acudir a ellos sin estar previamente asesorados sobre los pasos que van a dar, a no ser que quieran perder a sus hijos y destrozar sus familias y sus vidas”.
Un rosario de denuncias
Los centros de la Fundación O´Belén, han sido denunciados por aplicar métodos como la medicación forzosa, el uso abusivo del aislamiento, la violación del derecho a la intimidad, tratos vejatorios o la violencia física contra los internos. El informe de Amnistía Internacional de 2009 menciona casos de menores que han permanecido atados a una silla durante dos o tres días seguidos o, más frecuentemente, que han quedado sin apenas visión ni habla tras administrárseles pastillas. Todas estas denuncias provocaron la clausura de tres de sus centros, en Guadalajara, Cuenca y Madrid.
http://www.diagonalperiodico.net/cantabria/spip.php?article375
Informe enviado a AMNISTÍA INTERNACIONAL
“El Gobierno de Aragón ha secuestrado a mis nietos con la Ley en la mano”
Tras acudir a la Administración regional pidiendo ayuda para dos menores de 5 y 8 años de edad, a cargo de una madre con graves problemas de salud, Esperanza y Mª José, abuela y tía materna de los menores, se ven privadas de todo contacto con los niños y de la posibilidad de asumir ellas su tutela.
En el relato de los hechos se han sustituido los nombres por acrónimos.
EVR tiene dos nietos, AGS y SPS, que han convivido con ella desde su nacimiento dado el deteriorado estado de salud de su hija SSV debido a problemas con el alcohol y otras sustancias.
A principios del año 2009, EVR acude al Trabajador Social de zona a solicitar ayuda para su hija SSV. Éste remite informe a Protección de Menores del Gobierno de Aragón para que se haga cargo del caso.
Después de siete meses de supuesta investigación, Protección de Menores emite un llamado “Informe de Diagnóstico”. En él se incluye la declaración de “desamparo” de los dos menores a cargo de SSV (AGS y SPS), lo que conlleva separación provisional (retirarla de la tutela de su madre), búsqueda de recurso residencial (una familia de acogida) e inicio de los trámites para el cambio de tutela (que pasa al Gobierno de Aragón). Posteriormente a todo ello, el Informe de Diagnóstico propone la llamada “reunificación familiar” (que los menores sean devueltos a su madre).
EVR y MSV inician, en ese momento, los trámites oportunos para oponerse a dicha declaración de “desamparo” (que no consideran tal), así como, en último término, para constituirse en la familia de acogida que requieren los menores (como parte de la llamada “familia extensa” de los mismos). Este último trámite, la solicitud de acogimiento familiar, les es indicado directamente desde el Gobierno de Aragón.
El resultado de ambos trámites es negativo, siendo EVR y MSV consideradas “no aptas” para dicho acogimiento, tal como les es comunicado por escrito dos meses más tarde.
Desde Protección de Menores del Gobierno de Aragón tratan, además, de persuadir a la madre (SSV) de que entregue voluntariamente a los menores, intento éste que resulta finalmente infructuoso.
Entre tanto, el padre de uno de los menores (FPG) ha puesto en marcha los trámites judiciales para solicitar la custodia del menor. El juez falla a favor de dicha solicitud en su sentencia, en la que recoge además el derecho de la abuela y tía (EVR y MSV) a un amplio programa de visitas del niño.
Además de ello, EVR solicita al juez la custodia compartida de su otra nieta (AGS), estando señalado el juicio para el mes de abril de 2010.
En diciembre de 2009, en cumplimiento de la resolución administrativa que sigue al “Informe de Diagnóstico”, el Grupo de Menores (GRUME) de la Policía Nacional se lleva por la fuerza a los menores, en un caso interceptando el vehículo en que uno de los menores (SPS) viajaba en compañía de su padre (FPG), y en otro interrumpiendo la clase a la que asistía el otro de los menores (AGS) y llevándosela en presencia de sus compañeros y profesores.
Los menores son separados e ingresados inicialmente en un Centro de Orientación y Acogida (COA) para, posteriormente, ya juntos, ser entregados a una familia en régimen de acogimiento temporal. A los padres les es reconocido el derecho a una hora semanal de visita en las dependencias de Protección de Menores del Gobierno de Aragón, mientras a la abuela y tía materna (EVR y MSV) buy medicine online no se les reconoce ningún derecho en ese sentido.
EVR y MSV han recurrido tanto por vía administrativa como por vía judicial, aduciendo las irregularidades del proceso así como la raíz de la declaración de “desamparo” de los menores, estando ambas vías pendientes de resolución, y observándose falta de colaboración y transparencia por parte del Servicio de Protección de Menores del Gobierno de Aragón.
Consideraciones que conducen a enjuiciar la actuación del Gobierno de Aragón como “secuestro” de los menores:
(1) El Informe de Diagnóstico en que se basa la actuación de la Administración (Protección de Menores del Gobierno de Aragón) es deficiente, negligente, incoherente y está lleno de falsedades. Se vierten juicios contra las personas de EVR y MSV absolutamente gratuitos e imposibles de haber sido contrastados. Carece de base desde el punto de vista técnico y falta al más mínimo rigor psicológico. Muchos de los datos que ofrece son falsos y contradictorios. Finalmente, desde el punto de vista del rigor de la actuación administrativa, debiera haberse valorado a EVR y MVS mediante una entrevista directa que nunca se produjo.
(2) Respecto del punto (1), EVR y MVS elaboraron un contrainforme demoledor del susodicho Informe de Diagnóstico, que sirve de prueba en los procesos iniciados por ambas por vía administrativa y judicial, y que ha sido entregado directamente al Director Provincial del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (de quien depende Protección de Menores), por quien fueron recibidas en entrevista. El contrainforme señala 51 irregularidades, inexactitudes y tergiversaciones contenidas en el Informe de Diagnóstico.
(3) Tanto dicho Informe de Diagnóstico como todas las actuaciones de Protección de Menores del Gobierno de Aragón en este caso han sido coordinados por su Equipo 5, del cual se conoce que ha estado inmerso en irregularidades frecuentes en otros casos similares.
(4) Entre otras de las irregularidades, EVR y MSV reclaman que la información suministrada sobre las circunstancias y la situación de la madre de los menores (SSV) al Gobierno de Aragón fue recomendada por el Trabajador Social de zona, lo que luego es interpretado como negativo por parte de Protección de Menores, provocando una insólita situación de indefensión, así como una imagen de incongruente y esquizofrénica descoordinación por parte de las autoridades de Menores.
(5) La resolución a la solicitud de acogimiento por parte de EVR y MSV les es entregada después de semanas de insistencia, y después de aducir un incongruente “silencio administrativo” para justificar la ausencia de dicha resolución.
(6) Dicha resolución es, en sí misma, igualmente incoherente y falta de rigor que el Informe de Diagnóstico. Se aduce, como argumento principal, que la abuela y tía de los menores producirían “interferencias” en los mismos, no justificando en absoluto en qué consistirían ni por qué habrían de producirse.
(7) Todo el procedimiento administrativo ha obviado las resoluciones judiciales en torno a la custodia de los menores, y singularmente la última en relación a la custodia del menor SPS, en la cual se reconoce específicamente el derecho de la abuela y tía (EVR y MSV) a las visitas del niño. No parece coherente que un juez de menores y la Administración regional de Menores tengan opiniones contrapuestas sobre hechos relevantes del mismo caso.
(8) La actuación policial, con la violencia desplegada, parece a todas luces desproporcionada a los efectos perseguidos. Llama la atención que la Policía, tratando de localizar a dos menores calificados de “en desamparo”, acudan en un caso al colegio al que AGS está escolarizada de manera habitual, y en otro intercepten a SPS en presencia de su padre cuando lo llevaba igualmente al colegio. No parecen estampas de una situación de “desamparo”.
(9) Las visitas semanales de los padres han revelado que los niños sufren con su actual situación, y claramente cialis without prescription presentan un cuadro de falta de adaptación a su entorno actual, por lo que parece que, lejos de remediar su situación, ésta ha empeorado claramente desde la intervención de la Administración. De esta situación hay informes independientes que obran en poder de la propia Administración.
(10) Finalmente, los recursos presentados por EVR y MSV para tratar de corregir la situación descrita sufren de una “persecución” por parte de la Administración regional de Menores en forma de oscurantismo, negativa sistemática a poner a disposición de las interesadas y del juez informes, pruebas y actuaciones en relación a este caso, lo que lleva a un retraso injustificado en la resolución final del mismo y prolonga una situación de sufrimiento tanto de los menores, como de sus padres, como de su familia que trata de reivindicar sus derechos legítimos.
Samira, una mujer marroquí que reside en la localidad pacense de Villanueva de la Serena, ha lanzado una llamada de socorro. En el último año se ha visto obligada a denunciar “ante la Policía, el Juzgado, la Fiscalía drugs without prescription online de menores” a su hijo de tan sólo 12 años de edad. Con 115 kilos de peso y un trastorno de conducta, el chico “maltrata” a sus hermanas e incluso a su progenitora. “Es como si estuviéramos viviendo un infierno o en una casa de terror”, asegura la madre que pide ayuda “para que alguien me eche una mano y poder recuperar a mi hijo”.
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