Érase una vez una niña llamada Sara. Su madre robaba para comer, era drogadicta y acabó en la cárcel y ella y sus dos hermanos se quedaron al cargo de su padre. Él era alcohólico y al poco tiempo “la espichó” y los niños se quedaron abandonados. Así comienza la historia que narra la propia Sara Casas, una joven de 24 años, que pelea desde hace dos desde Sevilla por recuperar la custodia de sus tres hijos. No es un cuento, aunque el argumento podría dar pie a una película.
Sara es menuda y expresiva, aparenta más edad. Parece que los doce años de desamparo y peregrinar por centros de tutela hayan contado por veinte. Sentada en un velador en Sevilla, repasa ilusionada las últimas fotos que ha podido hacer a sus tres hijos, una niña de cuatro años y dos gemelos de dos, internados en un centro y a los que sólo puede ver dos horas cada quince días.
Como si de una película se tratara, Sara da un trago a su coca-cola y empieza a narrar el largometraje de su vida. La primera escena se sitúa en Barcelona. Sara tiene seis años y acaba de ingresar con sus dos hermanos en un centro después de que los vecinos avisaran a los Mossos para que se hicieran cargo de ellos. Sólo un año estuvieron juntos los hermanos y luego fueron separados. Luego llegó la acción: seis años de fugas y capturas que la llevaron por los centros de toda Cataluña. “Yo me escapaba simplemente porque quería estar con mis hermanos”, simplifica la joven, que a los13 años burló de nuevo la seguridad y se fugó entonces con su madre, hasta Sevilla.
No tardaron más de seis meses en pillarla en El Puerto y vuelta al internado. “Mi madre sería como fuera, pero se preocupaba”, argumenta con sentimiento. De repente cambia de registro. “Luego me llevaron al Talita Kum, ahí sí que se estaba bien, porque hacías lo que te daba la gana, si no querías ir al colegio no ibas y, si fumabas, te daban el tabaco y niños y niñas estábamos juntos con 16 años”, recuerda con desparpajo.
Ese centro cerró sus puertas a principios de esta década. Los abusos son algunos de los argumentos que pesan sobre la orden de cierre. “Allí fue donde mi hermano chico comenzó a golfear; hoy está en la cárcel, pero llegó a vivir con una familia, con la que no duró ni un rato porque metió al gato en el microondas”, recuerda mientras ríe.
Pero no es un chiste. Sara también era muy rebelde, “tanto que decían que yo necesitaba un psiquiatra, pero lo que quería es irme con mi familia”. Antes de cumplir la mayoría de edad la joven pasó a un piso tutelado en un pueblo de Sevilla. De allí a un convento donde, según ella, entró por una puerta y muy pronto salió por otra, hasta llegar a un psiquiátrico en Málaga. “Pero yo no estaba loca, hacía sólo lo que quería”. Hasta trece pastillas diarias llegaron a prescribirle. “Y no las necesitaba; me ataban y me tiraban agua para despertarme o relajarme, si era agresiva”, explica. La película de Sara alcanza momentos más dramáticos. “Allí sí que me volvieron loca”, relata.
Los antecedentes de salud mental han servido de argumento para retirarle la custodia de los niños y para otorgarle una pequeña pensión, con la que sobrevive. Pero los informes médicos presentados por su abogado rechazan hoy cualquier problema. Hace un receso para centrarse en la situación de los centros de menores que, según ella, no están tan bien como parece. Recuerda con precisión el día que salió, al cumplir los 18 años, del psiquiátrico malagueño “sin estudios, sin trabajo y sin saber freír ni un huevo”. Se instaló con su madre en Sevilla, pero ésta pronto desapareció de nuevo de la escena por problemas judiciales. Entonces se fue a vivir con su hermano mayor, que había conseguido enderezar su vida, y su cuñada. Otro fracaso, hasta que se fue vivir “con el primero que me dio cariño”, cuenta sin ningún apego al padre de sus tres hijos.
Cambió los centros por una nave abandonada donde compartía lecho con su pareja, “que podía ser mi padre porque decía que tenía 38 años, pero a lo mejor tenía más…”, duda. Pero asiente con firmeza que le daba palos. Pasa sin detalles por el maltrato de su compañero, como si fuese una anécdota.
Se quedó embarazada y, casi dos años después de dejar de ser tutelada por la Junta, entró en contacto de nuevo con el sistema de protección. “Me prometieron ayuda porque estaba en una situación socioprecaria o algo así, no entendí nada de lo que dijeron”, admite Sara, convencida desde ese momento de que iban a por su hija. Tal fue así que, ante ese temor, abandonó el hospital 24 horas después de una cesárea y huyó a Asturias. Luego llegaron dos niños más.
El sistema de protección no le perdió la pista. Recuerda medio sorprendida e indignada cómo fue la misma asistenta, de la que no olvida su nombre, quien la internó en un centro en Sevilla la que hace dos años se llevó a sus tres hijos “hasta que me recuperara emocionalmente, pero si yo lo que no tengo es dinero”. Fue tras denunciar a su pareja por maltrato e ingresar en una casa de acogida para víctimas de violencia doméstica.
Otra madre en una situación similar le presentó a Asunción García Acosta, de la Asociación Pro Derechos Humanos de los Menores, que nada más hablar con Sara Casas se convenció de safe cialis que aquello era una terrible injusticia. Ella y el letrado José Antonio Bosch, que la apoya y la atiende de forma altruista, se convirtieron en sus muletas para correr una auténtica carrera de obstáculos que ya dura dos años. Gracias a su ayuda, Sara alquiló un piso en el municipio sevillano de Los Palacios, donde ahora reside y a diario recibe la visita de los trabajadores sociales. Saca del bolso un papel donde cheap drugs without prescription tiene apuntada una lista de tareas. “Cada día tengo que arreglar un montón de papeleo, así yo no tengo tiempo para trabajar ”, asegura. “Tengo que tener tres habitaciones y lo último que me han pedido es que coloque rejas en las ventanas”, se queja.
Pero no tira la toalla y, con la ayuda que está recibiendo, intenta cumplir con todos los plazos y objetivos que le marca la administración. Tras contar a los medios su caso, ha conseguido que la Junta de Andalucía le amplíe media hora su régimen de visitas. Se levanta a las seis de la mañana y coge tres autobuses para estar a las 10, como un reloj, en el centro de la provincia sevillana donde viven sus hijos, a los que puede ver en presencia de uno o dos trabajadores.
Teme que su historia se repita y se ha opuesto en los tribunales a la situación de desamparo acordada por la Junta, que confía en que el caso se resolverá en breve. El juicio se celebrará en Sevilla el 1 de julio. Pero la película no ha terminado. 18 años después de ingresar en un centro de menores, Sara Casas sigue luchando por conseguir un final feliz.
http://www.diariodecadiz.es/article/rda73/153766/la/historia/sara.html
23-12-2009 21:44
Fiscalia investiga centro mas garriga, por presuntos malos tratos
Categoría:
Sociedad
| Tipo: Reportaje | Tags:
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En Gerona, la Fundacion Resilis, en el centro mas garriga; uso un reglamento en 2003 que avalaba la tortura. El director que lo creó D. R, ahora es coordinador de proyectos en la empresa. Fiscalia esta detras de las investigaciones
La denuncia de la desprotección de menores en centros de protección y terapeuticos de disminuidos psiquicos y conductuales esta a la orden del dia. El Defensor del Pueblo, hizo un informe en el 2008 en el que denunciaba maltratos y tortura en centros de todo el pais.
Foto de Jorge Mestre. Infancia maltratada. En centros de menores y centros de discapacitados mentales; no en centros de justicia y carceles ( alli si hay son hechos aislados, no sistematicos).
La fiscalia general del estado, el dia siguiente desmintió al señor Múgica, diciendo “que los centros pueden gustar mas o menos pero que todos cumplen con la ley”. Estos centros de proteccion o de disminuidos psiquicos se encuentran en un limbo legal; los menores no son problematicos (en los centros de menores son niños huerfanos o que vienen al pais a un futuro mejor). Y en el caso de los centros terapeuticos se abusa de la sobremedicacion y de las tecnicas de contencion. La solucion en todo caso, no esta en arreglar problemas educativos al margen de la ley.
Estos centros cobran entre 4000 y 15000 euros por menor y mes para que los eduquen y orienten; no para que los encierren en celdas de 2 m3 y se les contenga fisicamente por cualquier cosa. Una contención muy a menudo no lo es, es una agresion de un educador a un menor para instaurar un sistema de miedo que haga mas facil el trabajo. Y como no hay inspecciones…. ni de fiscalia ni de servicios sociales (al menos de oficio). Pues se crea un sistema como el que tenemos. Celdas medievales y gerentes y politicos que miran para otro lado.
El señor Mugica, El Defensor del Pueblo le gusta la arruga y no la cosmetica de los politicos; y es que la arruga es transparencia y la cosmetica es opacidad y ayuda a mantener el sistema de torturas y maltratos existente. El sindic de greuges, Rafael Ribó, hace un trabajo encomiable; luchando diariamente con la administracion; luchando por los intereses y por la ley del menor, derechos y obligaciones del menor.
El Diari de Girona publica la noticia de las investigaciones de fiscalia en mas garriga. Un director expulsado y un educador; y un reglamento que educa con encierros en celdas de 3h hasta 48 horas
Este mismo diciembre Amnistia Internacional presentaba un informe demoledor con observadores independentes apuntando al deficiente sistema de proteccion de menores de Cataluña, Andalucia y Castilla La Mancha: ha denunciado torturas, encierros en salas de contención (mazmorras) como medida educativa, cosa que esta prohibida por el codigo penal, sobremedicacion, trabajos forzosos.
Celda de aislamiento. Para ser correcto, en caso de sancion en la celda se quita la cama para que no se autolesione. La medida es considerada educativa. En Mas Garriga, el centro investigado por fiscalia, tienen 2 celdas de este tipo; y por ella han pasado mas de 100 -200 menores.? La prueba esta en el reglamento de regimen interno del 2003 que hizo el primer director del centro. Es esto educar? La incompetencia educativa, lleva a utilizar la violencia, eso es lo que dice la pedagogia y la psicologia educativa; y el codigo penal lo considera como tortura.
El informe es la punta del iceberg de un sistema de proteccion controlado por Fundaciones sin interes de lucro, pero que poco a poco incrementan su patrimonio involuntario. Las inspecciones son nulas: de hecho fiscalia y infancia tiene que investigar y no lo hace..
En Cataluña el tema es especialmente grave, pese a los esfuerzos de Xavier Soley; director de DGAIA, que inicia investigaciones en un sector en el qual la incompetencia y el modelo de fundaciones, ha llevado a usar la violencia, la tortura y el maltrato.
Fundacion Resilis, tuvo un reglamento de regimen interno del 2003 al 2008 en el centro mas gfuFarriga; que avalaba la tortura
Esta semana el Diari de Girona publicaba la investigacion en el centro mas garriga, que esta en fase de instruccion. Hay un director inhabilitado y un educador apartado de sus funciones. Y el testimonio de un menor, G. Q, que relataba encierros en celdas de mas de 48 horas, golpes, y que “se sentia anulado como persona en ese centro”.
La fiscalia y infancia tiene que investigar; y en ese centro no se ha hecho ninguna investigacion de oficio. De hecho todo el maltrato y tortura procede de un reglamento que hizo el antiguo director, D. R; ahora coordinador de centros; en el 2003, y en el qual se validaba la tortura. Encierros en celdas de castigo por coger una servilleta de mas, por mirar mal a un educador, agresiones, etc…
Un reglamento que duró del 2003 al 2008; y por el qual fue cesado F.C, el director de entonces; según el director de DGAIA “por no por no adequarse a las normativas de accion social “(en ese caso esas normativas: eran el uso de la tortura, la paliza y el encierro como medida educativa.)
El tema esta en via judicial. Pero hay que luchar para que las instituciones, brand cialis cheap order esos centros de proteccion (antiguos orfanatos) donde puede ir un niño nuestro si nosotros tenemos un accidente y no hay familia extensa; se dediquen a educar (no en vano cobran de 4000 a 15000 euros por menor) y que respeten la ley y el codigo penal.
Y que las administraciones ayuden a desmaquillar estos centros, efectuen un control; en vez de maquillarlos, exijan y efectuen controles. Xavier Soley ha hecho un pequeño paso, pero Carme Capdevila; ya he hecho el maquillaje: inspeccionan los centros cada dia…. En 6 años de mas garriga, donde se tortura y maltrata; solo vino a hablar con el gerente en visitas avisadas y donde se ponian flores. Eso es inspeccionar? O dejarse seducir por un empresario del sector?. Y como es que la conselleria aprovo un reglamento de regimen interior (con vigencia de 6 años) que avala la tortura y va en contra del codigo penal?
Eso es inspeccionar los centros cada dia, como dice Carme Capdevila.
Como el tema es tan grave y han aprendido tan y tan poco (ahora quieren denunciar a Amnistia Internacional); cuando salga toda la informacion como un geiser; estos responsables tendran que pagar su delito de encubrimiento, y sus cargos politicos (que por otro lado es lo que mas les preocupa).
Fuente: Amnistia Internacional, Prodenis, Diari de Girona, La Vanguardia, El Periodico de Catalunya, El Mundo.
Nuestros nombres son SALVADOR MONTCUSI Y FRANCINA CARDONA, el pasado generic cheap cialis 11 de marzo de 2009, la administración de CATALUNYA secuestro al niño que vivía con nosotros. Somos un matrimonio, que en su momento, escuchando a la administración de CATALUNYA que se quejaba de falta de familias de acogida, decidimos apuntarnos a un curso para poder ser una familia de acogida, para poder brindar a esos niños y niñas todo el cariño y calor de una familia a estos pobres niños que solo por haber nacido ya se los a maltrato primero por sus padres y luego por la sociedad que nos envuelve, y que les niega el derecho a una vida con dignidad.
Empezamos la labor el 20 de junio de 2008, con un niño que tenia 6 meses, hasta el 11 de marzo de 2009 que el niño tenia 16 meses, momento en el que dicho menor fue secuestrado por la administración, como a continuación vamos a demostrar, el 3 de marzo de 2009, nos dijeron que este niño iba para adopción, fue entonces cuando nos dirigimos a los “PROFESIONALES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA”, para comunicarles que este niño no estaba preparado para dar este pasó, ya que cuando lo cogimos el niño tenía un síndrome de abandono, provocado por los cambios habidos en su corta vida. Ya que el pobrecito su madre lo abandono al mismo momento de dar la luz, por lo que paso a la Tutela de la GENERALITAT DE CATALUNYA y luego a una familia de acogida anterior a nosotros.
Esta familia de acogida lo tuvo desde el segundo día de vida hasta los 6 meses, momento en el que por problemas personales graves tuvieron que interrumpir su labor, ya que se trataba de una familia de extranjeros, los cuales ya llevan muchos años en catalunya, pero tuvieron que desplazarse durante un tiempo a su país de origen por lo que el menor no se lo pudieron llevar con ellos. Fue entonces cuando la administración nos paso la tutela a nosotros, hicimos el cambio de una familia a otra tal como nos enseñaron en el curso de formación, o sea durante una semana estuvimos las dos familias juntas, para que el niño no pasara un trauma al abandonar a los que hasta entonces había cubierto el hueco que habían dejado sus padres. (Por cierto esta primera familia hizo una gran labor con este niño.)
Transcurrida esta semana en la que progresivamente ellos se ivan retirando, y nosotros íbamos entrando poco a poco para que el menor no tuviera un cambio brusco, creo que la cosa funciono bastante bien ya que tuvimos la oportunidad de contrarrestar con esta familia las pequeñas costumbres del niño para que el no notara el cambio, ah si y todo los primeros meses el niño dormía intranquilo, estaba triste, solo dios sabe lo que le pasaba por su cabeza, no en vano para él en solo 6 meses de vida ya lo habían abandonado dos veces, fue a partir de los 13 meses cuando el niño dormía bien, sin sobresaltos, era feliz, jugaba y se reía, el se iba acopando, a nosotros y a su actual entorno a los 15 meses, el niño ya jugada se reía nos daba mucho cariño, cosa que nos hacia muy felices, y el empezaba a vivir, después de lo que había sufrido ya se lo merecía.
Al ver todas estas cosas les dije a la administración que el niño aun no estaba preparado para este paso, la administración nos dijo que si y que ya tenia unos padres que lo esperaban, por lo que viendo las circunstancias y para el bien del menor dijimos que si este tenia que ser el camino, que nosotros lo adoptábamos, ah parte que ionamin without prescription continuaríamos ayudando a otros niños. La administración nos contesto que no que este no lo podíamos adoptar, si queríamos uno ya nos darían otro.
Fue a partir de este momento cuando nos insultaron, nos amenazaron, nos quitaron la tutela del niño y finalmente lo secuestraron con la ley en la mano, todo la labor que nos habían encargado la titaron al traste, porque para ellos los “PROFESIONALES DE LA ADMINISTRACIÒN DE CATALUNYA” Tal como les gusta que los llames. Estos menores no son seres humanos si no simples expedientes que hay que cerrar, sin preocuparse del bienestar del menor cosa que no les importa, este pobre niño solamente puede tener un recuerdo de nosotros, que un día lo dejamos sentado en un sofá y nunca más fuimos a recogerlo, o sea en su pequeño currículo con 16 meses de vida 3 abandonos. Por lo que nosotros SALVADOR y FRANCINA, nos sentimos culpables de haberlo abandonado y fallado en un momento tan difícil de su vida.
El niño fue arrancado de nosotros y entregado a una nueva familia sin hacer el pasado el tiempo de adaptación para el bien del niño.
No tuvimos ni la oportunidad de explicar a sus actuales padres las costumbres, los gustos, en fin todo lo que necesitaban saber, tal como nos enseñaron en los cursillos, o sea todo lo que nos enseñaron en los cursos para saber atender debidamente a el niño cuando a ellos les conviene anulan protocolo y no miran por el daño psíquico del menor, es una mentira, porque ellos lo que dicen que nuestra labor es para que el niño el día de mañana tenga un pasado, no es verdad ya que el pasado somos nosotros y la otra familia que tuvo de acogida, lo que quiere la administración es que les des de comer, los mantengas limpios, no preguntes, no opines, te calles y obedezcas sin rechistar, ya que de lo contrario eres malo y te borran del mapa, es lamentable que estos niños sean simplemente un expediente de beneficios con lo que se lucran mucha gente, y nadie hace nada para ver que pasa, ya que cuando sacas este tema, a políticos, partidos y administraciones todo el mundo se aparta de ti.
Tan grave es la corrupción en este tema que nadie quiera profundizar en el, si esto es democracia viva la dictadura, por esto digo que emprendimos esta vía para ayudar a estos niños con mucha ilusión, cosa que nos han impedido, pero el daño que nos han hecho a nosotros, no es comparable con el que han hecho a este niño a sus actuales padres y a otros muchos niños y padres. Por esto que estamos dispuestos a luchar para que agresiones como estas no se repitan, vamos a luchar para que la administración, deje de traficar con seres humanos indefensos, y deje de tratarlos como simples expedientes o mascotas para que las familias de acogida puedan hacer su labor con la cara alta y sin ser menospreciados.
Javier F. Retenaga. Redacción
Pese a las denuncias de las familias, se siguen produciendo casos en que la Administración retira la tutela de un menor a sus padres sin razones o causas objetivas. Tras estas actuaciones se vislumbran los intereses económicos de unos centros de menores gestionados por entidades privadas. Entre ellos destaca, por su régimen semicarcelario, el centro Valle de Cayón, de la Fundación O’Belén.
Según el informe elaborado en junio de 2009 por el Observatorio de Infancia –órgano técnico dependiente de la Consejería de Empleo y Bienestar Social del Gobierno de Cantabria y de la Fundación para la Salud y el Bienestar Social–, existen en Cantabria cerca de 200 menores en acogimiento residencial, guardados o tutelados por la Administración, dentro del sistema de protección.
En el informe citado se analizan los factores que se correlacionan con la desprotección de los menores. Es significativo el elevado número de padres separados y, sobre todo, la precariedad de su situación laboral y económica, pues muchos de ellos no tienen trabajo remunerado. Sin embargo, la Administración no ha puesto en marcha procedimientos y ayudas encaminados a tratar y paliar las causas más objetivas o materiales de las situaciones de desamparo de los menores. Como señalan muchos de los profesionales online pharmacy no prescription que trabajan en este campo, si el dinero que se gasta en los centros de menores se invirtiera en trabajar con las familias y en ayudarlas de forma eficaz, es probable que una gran cantidad de situaciones de desamparo familiar nunca llegarían a producirse. Pero es obvio que esto perjudicaría los intereses económicos de la red privada de centros de menores. 
En la actualidad hay 22 centros de acogimiento residencial que, a excepción del Centro de Atención a la Infancia y Familia (CAIF) del Gobierno de Cantabria –con 25 plazas–, son gestionados por nueve entidades privadas. Cinco de ellas se reparten la mayor parte de las plazas adjudicadas por los Servicios Sociales: la Fundación Cruz de los Ángeles, la asociación Nueva Vida, la asociación CUIN, la Fundación O’Belén y la asociación Nuevo Futuro. Además, existen en Cantabria entre treinta y cuarenta plazas en centros especializados –también de titularidad o gestión privada– para menores infractores o que han cometido delitos. El presupuesto para todos estos centros, en 2010, alcanza los 4.991.886 euros, cantidad que contrasta con las precarias condiciones laborales de los trabajadores, ’mileuristas’ en su mayoría.
Las denuncias contra O’Belén y el cierre de varios de sus centros no impidieron a los Servicios Sociales inaugurar, en febrero de 2009, un centro de esta Fundación en Argomilla de Cayón. El centro Valle de Cayón está destinado a acoger a menores en desamparo –no es un reformatorio–, pero allí se encuentran también internos ingresados por tráfico de drogas, robos e incluso por agresiones con arma blanca. De hecho, el régimen disciplinario responde más al indicado por la ley para los casos de reforma y las sanciones a faltas muy graves.
Retención de un menor
El caso de MC, una madre que ingresó allí a su hijo voluntariamente en 2009, da buena idea del funcionamiento del centro. MC acudió a los Servicios Sociales para solicitar ayuda, ya que su hijo se negaba a salir de casa y a asistir al colegio, y su relación con ella era problemática. Siguiendo los consejos de los responsables del servicio, lo internó en el centro Valle de Cayón.
Nada más llegar, el chaval fue recluido durante quince días en el módulo de aislamiento, una habitación con rejas con una cama incrustada en el suelo y una mesilla por todo mobiliario, sin siquiera un espejo –que le fue concedido quince días después de solicitarlo–. Durante el aislamiento no se le permitieron llamadas ni visitas de la familia. Después, las conversaciones telefónicas diarias entre madre e hijo fueron sistemáticamente escuchadas por los responsables del centro. A la tercera semana se le permitieron las visitas: una hora, un día a la semana. A los dos meses, una salida semanal de dos horas en compañía de su madre. A los tres meses, se le permitió comer en el domicilio familiar un día a la semana y, poco más tarde, se le empezaron a autorizar salidas de dos días a la semana para pernoctar en su domicilio. Este régimen se aplicó a un menor que no había cometido delito alguno. “Si lo hubiera sabido entonces, nunca habría permitido su internamiento”, precisa la madre.
Más allá del régimen disciplinario o punitivo del centro, llama también la atención la falta de terapias efectivas para tratar los trastornos psicológicos de los internos. En el centro sólo existe una psicóloga, cuya ocupación consiste en escucharlos durante cuarenta minutos semanales. También disponen de una psiquiatra que no está en plantilla –a pesar de que en las memorias aparece como si lo estuviera– y que se limita a supervisar esporádicamente la medicación de los menores. Por otro lado, es común el tratamiento de los menores sin diagnóstico previo, requisito exigible en cualquier intervención psicológica o psiquiátrica.
El funcionamiento del SAIAF
El Servicio de Atención a la Infancia, Adolescencia y Familia (SAIAF), dirigido por Francisco Javier Dávila, es el organismo del Gobierno de Cantabria responsable de velar por el bienestar del menor y de su familia. Sin embargo, su actuación en casos como éste revela un mayor celo en favorecer y proteger los intereses de los centros que los de los menores internados en ellos.
MC cedió temporalmente la custodia de su hijo por indicación de este organismo. A continuación, el SAIAF solicitó al Juzgado autorización para el internamiento del menor sin informar a la madre de las implicaciones del auto. Al parecer, la solicitud de autorización judicial es el procedimiento habitual para el ingreso de los menores en centros ’terapéuticos’, como confirma el Informe del Defensor del Pueblo de febrero de 2009. Pero ¿para qué la intervención judicial cuando la cesión de la custodia es voluntaria? La explicación se encuentra en la Ley de protección de la Infancia y la Adolescencia de Cantabria, que determina que “la guarda asumida mediante solicitud de los padres cesará a petición de los mismos”, cosa que no sucede cuando el internamiento se realiza por auto judicial. En tal caso, los padres ya no pueden recuperar la custodia de forma inmediata si así lo requieren, sino que tendrán que hacerlo por mediación del juez. Esto permite al SAIAF mantener la custodia de los menores incluso contra la voluntad de los padres. De hecho, cuando en noviembre de 2009 la madre quiso recuperar la guarda del menor, la Administración asumió la tutela por el procedimiento de urgencia –que no requiere justificación inmediata– y lo declaró en desamparo, prohibiéndole además visitas y salidas. Ni siquiera en Navidad se las permitieron, a pesar de los requerimientos de la madre, y sólo en enero le autorizaron a salir del centro, con la prohibición expresa de ponerse en contacto con su familia.
A finales del mes, el menor presentó denuncia contra los cuidadores por un incidente que tuvo lugar durante el registro de su habitación. Con la ayuda de su familia, el menor presentó una denuncia en el juzgado de guardia, lo que dio lugar a un auto judicial que dejaba en suspenso su obligación de retornar al centro. Ante la denuncia, el centro, en lugar de iniciar un procedimiento para investigar y aclarar lo sucedido, incoó un expediente contra el menor y lo sancionó. Por su parte, el cialis dosage side effects SAIAF –en teoría la entidad que tutela y protege al chaval – tampoco inició investigación alguna y apoyó sin más la actuación del centro.
En todo este proceso, y desde el momento en que cedió la custodia, la madre se ha visto relegada a un papel secundario e irrelevante, aun cuando no se le ha declarado ninguna incapacidad y se encuentra en pleno ejercicio de sus facultades mentales. MC está indignada con la actuación de los Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria y advierte: “Que no se le ocurra a nadie acudir a ellos sin estar previamente asesorados sobre los pasos que van a dar, a no ser que quieran perder a sus hijos y destrozar sus familias y sus vidas”.
Un rosario de denuncias
Los centros de la Fundación O´Belén, han sido denunciados por aplicar métodos como la medicación forzosa, el uso abusivo del aislamiento, la violación del derecho a la intimidad, tratos vejatorios o la violencia física contra los internos. El informe de Amnistía Internacional de 2009 menciona casos de menores que han permanecido atados a una silla durante dos o tres días seguidos o, más frecuentemente, que han quedado sin apenas visión ni habla tras administrárseles pastillas. Todas estas denuncias provocaron la clausura de tres de sus centros, en Guadalajara, Cuenca y Madrid.
http://www.diagonalperiodico.net/cantabria/spip.php?article375
Suceso en Valladolid
El Zambrana abre una investigación por el ahorcamiento de un joven que está en coma
Acceso exterior al centro educativo. | Ical
- Los educadores lo encontraron inconsciente en su cuarto
- No se descarta el incumplimiento del protocolo de actuación
L. Cornejo | Valladolid
Un joven de 17 años y con antecedentes de autolesión que estaba interno en la Unidad de Reforma del Centro de Menores Zambrana, en Valladolid, permanece en coma desde hace tres días tras un presunto intento de suicidio. El pasado viernes, a las 14.30 horas, los trabajadores de este centro lo encontraron colgado de una cuerda o cordón atado a una litera y desde entonces permanece ingresado en la UCI del Hospital Clínico. Inmediatamente después de producirse los hechos, se abrió una investigación que depende del Juzgado de Menores y de Fiscalía.
Fuentes cercanas al caso no descartaron que se pueda haber incumplido el protocolo de actuación, primero porque en el centro no debería haber literas, lámparas u objetos que puedan desmontar y que sirvan para autolesionarse y segundo, porque en el caso de los menores con tendencias suicidas el contacto visual debe ser prácticamente permanente. Más aún en el caso de este joven, que tenía antecedentes de autolesión cheap adipex without a prescription con marcas visibles, y que un mes antes había sufrido un ataque epiléptico. El joven fue hallado inconsciente por dos educadores, diez minutos después de que hubiese decidido retirarse a su habitación a la hora de la comida porque le dolía el estómago. Inmediatamente se le hicieron maniobras de reanimación y se dio aviso a los servicios de emergencia.
La gerente de Servicios Sociales, Milagros Marcos, confirmó a EL MUNDO que, efectivamente, un menor se encontraba en estado de coma desde el pasado viernes por motivos aún no aclarados. Marcos sí indicó que el joven se habría autolesionado, si bien se están investigando las circunstancias.
Además, la gerente añadió que el chico estuvo en un primer momento en la Unidad de Socialización, con un régimen más abierto, y que en el momento de los hechos se encontraba en la de Reforma ya que tenía un juicio pendiente. Precisó además cialis normal dose que estaba en tratamiento psiquiátrico, si bien no se había alertado riesgo de suicidio por parte de los facultativos que se ocupaban de su terapia.
La gerente de Servicios Sociales subrayó que el Centro de Menores Zambrana es “uno de los más seguros de toda España” y que lo ocurrido era una “fatalidad” ya que hay “tres educadores por interno”. También señaló que el centro “tiene cámaras por todas partes” y que el análisis de las imágenes aclararán cómo se produjeron los hechos. Este suceso es uno de los más graves que se han producido en el Zambrana, si bien es relativamente frecuente que algunos internos se autolesionen. La estrecha vigilancia de los educadores ha evitado hasta ahora, que los intentos de suicidio pasen de tentativa.
Informe enviado a AMNISTÍA INTERNACIONAL
“El Gobierno de Aragón ha secuestrado a mis nietos con la Ley en la mano”
Tras acudir a la Administración regional pidiendo ayuda para dos menores de 5 y 8 años de edad, a cargo de una madre con graves problemas de salud, Esperanza y Mª José, abuela y tía materna de los menores, se ven privadas de todo contacto con los niños y de la posibilidad de asumir ellas su tutela.
En el relato de los hechos se han sustituido los nombres por acrónimos.
EVR tiene dos nietos, AGS y SPS, que han convivido con ella desde su nacimiento dado el deteriorado estado de salud de su hija SSV debido a problemas con el alcohol y otras sustancias.
A principios del año 2009, EVR acude al Trabajador Social de zona a solicitar ayuda para su hija SSV. Éste remite informe a Protección de Menores del Gobierno de Aragón para que se haga cargo del caso.
Después de siete meses de supuesta investigación, Protección de Menores emite un llamado “Informe de Diagnóstico”. En él se incluye la declaración de “desamparo” de los dos menores a cargo de SSV (AGS y SPS), lo que conlleva separación provisional (retirarla de la tutela de su madre), búsqueda de recurso residencial (una familia de acogida) e inicio de los trámites para el cambio de tutela (que pasa al Gobierno de Aragón). Posteriormente a todo ello, el Informe de Diagnóstico propone la llamada “reunificación familiar” (que los menores sean devueltos a su madre).
EVR y MSV inician, en ese momento, los trámites oportunos para oponerse a dicha declaración de “desamparo” (que no consideran tal), así como, en último término, para constituirse en la familia de acogida que requieren los menores (como parte de la llamada “familia extensa” de los mismos). Este último trámite, la solicitud de acogimiento familiar, les es indicado directamente desde el Gobierno de Aragón.
El resultado de ambos trámites es negativo, siendo EVR y MSV consideradas “no aptas” para dicho acogimiento, tal como les es comunicado por escrito dos meses más tarde.
Desde Protección de Menores del Gobierno de Aragón tratan, además, de persuadir a la madre (SSV) de que entregue voluntariamente a los menores, intento éste que resulta finalmente infructuoso.
Entre tanto, el padre de uno de los menores (FPG) ha puesto en marcha los trámites judiciales para solicitar la custodia del menor. El juez falla a favor de dicha solicitud en su sentencia, en la que recoge además el derecho de la abuela y tía (EVR y MSV) a un amplio programa de visitas del niño.
Además de ello, EVR solicita al juez la custodia compartida de su otra nieta (AGS), estando señalado el juicio para el mes de abril de 2010.
En diciembre de 2009, en cumplimiento de la resolución administrativa que sigue al “Informe de Diagnóstico”, el Grupo de Menores (GRUME) de la Policía Nacional se lleva por la fuerza a los menores, en un caso interceptando el vehículo en que uno de los menores (SPS) viajaba en compañía de su padre (FPG), y en otro interrumpiendo la clase a la que asistía el otro de los menores (AGS) y llevándosela en presencia de sus compañeros y profesores.
Los menores son separados e ingresados inicialmente en un Centro de Orientación y Acogida (COA) para, posteriormente, ya juntos, ser entregados a una familia en régimen de acogimiento temporal. A los padres les es reconocido el derecho a una hora semanal de visita en las dependencias de Protección de Menores del Gobierno de Aragón, mientras a la abuela y tía materna (EVR y MSV) buy medicine online no se les reconoce ningún derecho en ese sentido.
EVR y MSV han recurrido tanto por vía administrativa como por vía judicial, aduciendo las irregularidades del proceso así como la raíz de la declaración de “desamparo” de los menores, estando ambas vías pendientes de resolución, y observándose falta de colaboración y transparencia por parte del Servicio de Protección de Menores del Gobierno de Aragón.
Consideraciones que conducen a enjuiciar la actuación del Gobierno de Aragón como “secuestro” de los menores:
(1) El Informe de Diagnóstico en que se basa la actuación de la Administración (Protección de Menores del Gobierno de Aragón) es deficiente, negligente, incoherente y está lleno de falsedades. Se vierten juicios contra las personas de EVR y MSV absolutamente gratuitos e imposibles de haber sido contrastados. Carece de base desde el punto de vista técnico y falta al más mínimo rigor psicológico. Muchos de los datos que ofrece son falsos y contradictorios. Finalmente, desde el punto de vista del rigor de la actuación administrativa, debiera haberse valorado a EVR y MVS mediante una entrevista directa que nunca se produjo.
(2) Respecto del punto (1), EVR y MVS elaboraron un contrainforme demoledor del susodicho Informe de Diagnóstico, que sirve de prueba en los procesos iniciados por ambas por vía administrativa y judicial, y que ha sido entregado directamente al Director Provincial del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (de quien depende Protección de Menores), por quien fueron recibidas en entrevista. El contrainforme señala 51 irregularidades, inexactitudes y tergiversaciones contenidas en el Informe de Diagnóstico.
(3) Tanto dicho Informe de Diagnóstico como todas las actuaciones de Protección de Menores del Gobierno de Aragón en este caso han sido coordinados por su Equipo 5, del cual se conoce que ha estado inmerso en irregularidades frecuentes en otros casos similares.
(4) Entre otras de las irregularidades, EVR y MSV reclaman que la información suministrada sobre las circunstancias y la situación de la madre de los menores (SSV) al Gobierno de Aragón fue recomendada por el Trabajador Social de zona, lo que luego es interpretado como negativo por parte de Protección de Menores, provocando una insólita situación de indefensión, así como una imagen de incongruente y esquizofrénica descoordinación por parte de las autoridades de Menores.
(5) La resolución a la solicitud de acogimiento por parte de EVR y MSV les es entregada después de semanas de insistencia, y después de aducir un incongruente “silencio administrativo” para justificar la ausencia de dicha resolución.
(6) Dicha resolución es, en sí misma, igualmente incoherente y falta de rigor que el Informe de Diagnóstico. Se aduce, como argumento principal, que la abuela y tía de los menores producirían “interferencias” en los mismos, no justificando en absoluto en qué consistirían ni por qué habrían de producirse.
(7) Todo el procedimiento administrativo ha obviado las resoluciones judiciales en torno a la custodia de los menores, y singularmente la última en relación a la custodia del menor SPS, en la cual se reconoce específicamente el derecho de la abuela y tía (EVR y MSV) a las visitas del niño. No parece coherente que un juez de menores y la Administración regional de Menores tengan opiniones contrapuestas sobre hechos relevantes del mismo caso.
(8) La actuación policial, con la violencia desplegada, parece a todas luces desproporcionada a los efectos perseguidos. Llama la atención que la Policía, tratando de localizar a dos menores calificados de “en desamparo”, acudan en un caso al colegio al que AGS está escolarizada de manera habitual, y en otro intercepten a SPS en presencia de su padre cuando lo llevaba igualmente al colegio. No parecen estampas de una situación de “desamparo”.
(9) Las visitas semanales de los padres han revelado que los niños sufren con su actual situación, y claramente cialis without prescription presentan un cuadro de falta de adaptación a su entorno actual, por lo que parece que, lejos de remediar su situación, ésta ha empeorado claramente desde la intervención de la Administración. De esta situación hay informes independientes que obran en poder de la propia Administración.
(10) Finalmente, los recursos presentados por EVR y MSV para tratar de corregir la situación descrita sufren de una “persecución” por parte de la Administración regional de Menores en forma de oscurantismo, negativa sistemática a poner a disposición de las interesadas y del juez informes, pruebas y actuaciones en relación a este caso, lo que lleva a un retraso injustificado en la resolución final del mismo y prolonga una situación de sufrimiento tanto de los menores, como de sus padres, como de su familia que trata de reivindicar sus derechos legítimos.
El Craei de Can Ritort, estará emplazado en una zona de casas aisladas. Esta foto pertenece a una zona parecida, Can Peyrot; casas aisladas y vecinos que perturbaran la tranquilidad de sus hogares por las fugas del centro: y tal y como los tratan en Craei Pedrenyal, según el informe del Defensor del Pueblo del 2008; pues son capaces de cualquier cosa. Un problema de seguridad para el vecindario. Un problema de derechos humanos para toda la buying drugs sociedad.
La Fundación Resilis, investigada por fiscalia, y denunciada por 6 exinternos, con el apoyo de algun que otro educador que validan sus tesis; en el Centro de Acogida Mas Garrriga; quiere montar otro guantanamo infantil cialis chicago en el termino de Tordera (Barcelona), en concreto en Can Ritort.
Con el historial de la Fundación, a saber: un reglamento de regimen interno validado por DGAIA y creado por D. R (actual numero 2 de la fundacion y coordinador de nuevos proyectos) en el qual se avalaba la tortura: encierros en celdas tipo f de dos por tres metros como medida educativa, de 3 horas minimo hasta 24 horas. A la practica menores estuvieron 2 semanas , para desintoxicarse de las drogas, por fugarse, etc…
Esta Fundación de objetores penales quiere montar otro guantanamo infantil, con permiso de DGAIA , en Tordera. Llevan invertidos dos millones de euros en rehabilitación de una masia , en una zona con viviendas aisladas.
Teniendo en cuenta,el mal emplazamiento del lugar (con viviendas cercanas) y un vallado perimetral insuficiente; y que los ejes de la Fundación son el maquillaje politico, y el maltrato y vejaciones a menores. Y con el antecedente del craei Pedrenyal (denunciado por el Defensor del Pueblo, el Sr Mugica en su informe del 2008) pedimos lo siguiente:
Envien correos masivos a la Fundación Resilis, al ayuntamiento de Tordera (que no saben del maltrato que dispensa esta fundación a los menores y el riesgo que supone una instalacion de este tipo en manos de malos profesionales), a la DGAIA, en contra de que se conceda esta concesion a Resilis.
Que se le conceda a otra Fundación sin ese historial, o que creen un centro propio con controles…
Por favor. Envien mails masivos a estas direcciones ( al ayuntamiento de Tordera que es desconecedor de todo esto, hay dos mails del consejero de relaciones institucionales y otro del consejera urbanismo; a la DGAIA, responsable de la adjudicación, y a la Fundacion Resilis (para que sepan que no hay impunidad para los malostratos y torturas a la infancia).
Samira, una mujer marroquí que reside en la localidad pacense de Villanueva de la Serena, ha lanzado una llamada de socorro. En el último año se ha visto obligada a denunciar “ante la Policía, el Juzgado, la Fiscalía drugs without prescription online de menores” a su hijo de tan sólo 12 años de edad. Con 115 kilos de peso y un trastorno de conducta, el chico “maltrata” a sus hermanas e incluso a su progenitora. “Es como si estuviéramos viviendo un infierno o en una casa de terror”, asegura la madre que pide ayuda “para que alguien me eche una mano y poder recuperar a mi hijo”.
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cialis professional tadalafil class=”alignleft size-full wp-image-512″ title=”CENTROS” src=”http://anprodefa.org/wp-content/uploads/2010/02/CENTROS1.jpg” alt=”" width=”200″ height=”200″ />• La atención a los menores con problemas legales, de drogas o de conducta está llenando los bolsillos de empresarios nada expertos en el tema. Banqueros, constructores y hasta políticos se han metido en un negocio boyante. Cada menor interno en uno de esos centros privatizados aporta 3.800 euros al mes a quienes los gestiona
La Ley 5/2000 sobre la gestión de la protección de menores abrió la veda para que muchas de las organizaciones no gubernamentales y fundaciones creadas años atrás –coincidiendo con la aprobación de la prestación social sustitutoria del servicio militar– se lanzasen a la caza de adjudicaciones de centros de protección de menores. Todas ellas, como establece la ley, se definen como entidades sin ánimo de lucro y con un fin social. Según José Luis Calvo, de Prodeni, asociación de defensa de los derechos de los niños, “tienen órganos de gobierno desproporcionados, con numerosos cargos directivos, cuyos sueldos, coches oficiales y comidas salen de las subvenciones que reciben de la Administración por gestionar los centros de menores”. Pese a que en los principios fundacionales de casi todas las instituciones dedicadas a la protección de los menores se señala que están dedicadas de manera altruista a los niños desamparados, “en la práctica prescription drugs online –según José Luis Calvo–, quienes están detrás son políticos y empresarios de la banca y de la construcción”.